Por: Bache3000

La decisión se produjo en medio de una fuerte controversia generada por el anuncio del intendente sobre la realización de un referéndum popular, que fue duramente cuestionado por los concejales de la oposición tanto por su legalidad como por los procedimientos empleados.

Laura Totonelli presentó un análisis estadístico que revela el bajo rendimiento legislativo del oficialismo, que representa el 27% de los concejales pero solo presentó el 13% de los proyectos. Calificó al referéndum como una estrategia política que "desnaturaliza" este instrumento democrático, argumentando que está previsto para casos de trascendencia colectiva, no para resolver cuestiones operativas del día a día. La concejal criticó duramente la falta de diálogo político del Ejecutivo: "Cero veces vinieron los miembros del oficialismo a visitar mi oficina para ver qué opino de tal tema".

Costa Brutten fue contundente al señalar que no existe resolución administrativa ni proyecto de ordenanza que respalde el referéndum, acusando al intendente de buscar "impunidad" para evitar procedimientos institucionales normales. El edil anunció que el Consejo presentará un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia por conflicto de poderes, argumentando que "a mí me eligieron para ser concejal por cuatro años y mi facultad me la dieron a mí, al intendente le dieron otras facultades".

Natalia Almonacid explicó que si bien la Carta Orgánica permite al gobierno municipal llamar a referéndum, el artículo 38 inciso 14 establece como atribución del Concejo Deliberante "someter los casos que considere a referéndum popular". La concejal calculó que el proceso costaría aproximadamente 61 millones de pesos y calificó las preguntas propuestas como "tribuneras" que responden "más a una necesidad política que a un verdadero interés democrático".

Roxana Ferreyra denunció contradicciones en el discurso sobre democracia participativa, recordando que Cortés no convoca al Consejo de Presupuesto Participativo pero ahora quiere realizar un referéndum. "Cuando hubo aumento de colectivo, le importó un pito lo que opinaban los vecinos", señaló. También mencionó graves problemas de gestión, incluyendo el pago de un millón de dólares a una empresa inexistente y funcionarios que "no funcionan".

Facundo Villalba fue especialmente duro, calificando el anuncio como "un circo" y cuestionando la lógica del referéndum: "Muchas de estas preguntas es casi como preguntarle a la gente si quiere ser feliz". El concejal propuso con ironía incluir una pregunta sobre si el pueblo quiere que Cortés siga como intendente y comparó la gestión actual con administraciones anteriores: "Las cosas que hemos visto durante este gobierno municipal hacen que Goye parezca la Madre Teresa de Calcuta".

Wallace criticó duramente el asesoramiento legal al intendente, señalando que la municipalidad defendió una posición invocando "una carta orgánica vieja del año 1987 que no está vigente". La concejal advirtió sobre una "inoperancia y una incapacidad que está desde el primer día de la gestión" y cuestionó la presencia del presidente del Tribunal de Contralor en la conferencia de prensa junto al intendente.

Los concejales también cuestionaron la inclusión de temas que consideran pueden resolverse por vía administrativa, como la prohibición de Uber, y recordaron que la ecotasa fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La controversia refleja una profunda crisis en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal, con acusaciones cruzadas sobre la efectividad de la gestión y el respeto a las instituciones democráticas.