Por: Bache3000

Tras varios intentos fallidos de acuerdo entre el Poder Ejecutivo nacional y las provincias, un grupo significativo de gobernadores decidió avanzar por cuenta propia y envió al Congreso dos iniciativas que buscan incrementar los recursos que reciben las jurisdicciones a través del sistema de coparticipación federal.

Las propuestas fueron impulsadas por legisladores que responden a los gobernadores de Córdoba, Catamarca, Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Salta, Misiones, Río Negro y Entre Ríos, marcando una coalición transversal que trasciende las diferencias partidarias y representa una porción significativa del territorio nacional.

El primer proyecto plantea eliminar una serie de fideicomisos y fondos considerados "poco transparentes", siguiendo el mismo criterio que aplicó el propio Gobierno libertario en otras áreas. Estos mecanismos se financian con lo recaudado a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos, y la intención es que esos recursos se destinen directamente a las provincias para que puedan hacerse cargo de "funciones y responsabilidades asumidas por los gobiernos provinciales y municipales", que se profundizaron en el contexto del ajuste impulsado por la gestión de La Libertad Avanza.

Entre los fondos que serían eliminados se encuentran el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, el Fondo de Infraestructura de Transporte, el Sistema Vial Integrado, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Nacional de la Vivienda. El objetivo declarado es "terminar con este mecanismo de distribución sectorial" y que los recursos se asignen de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.

Para dimensionar el impacto económico de la propuesta, solo el Fondo de Transporte y el de Infraestructura Hídrica recibieron este año alrededor de 500.000 millones de pesos, de los 1,5 billones que generó la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

La iniciativa también contempla modificar la Ley 23.966, que regula los impuestos vinculados a la seguridad social, para redefinir completamente el reparto de lo generado por el ICL. La nueva distribución propuesta establecería que el 14,29% vaya para el Tesoro Nacional, el 57,02% para las provincias y el 28,69% destinado al Sistema Único de Seguridad Social.

Dentro del porcentaje correspondiente a las provincias, los gobernadores plantean que el 25% se distribuya en partes iguales entre todas las jurisdicciones, mientras que el 75% restante se asigne de acuerdo a los índices de coparticipación vigentes, lo que beneficiaría especialmente a las provincias más grandes.

El segundo proyecto se enfoca en una reforma clave del sistema de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un mecanismo que ha generado controversias por su uso discrecional. Los ATN tienen como objetivo atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Si bien su conformación es automática cada mes con recursos de la masa coparticipable, su distribución ha sido históricamente discrecional.

Los números revelan la magnitud del problema: entre 2017 y 2024, se distribuyó solo el 32% del total conformado en el fondo ATN, según datos de la consultora Politikón. Los remanentes no ejecutados en ese período ascienden a $4,3 billones, una cifra que refleja la retención sistemática de recursos provinciales por parte del gobierno nacional.

El proyecto propone incorporar un nuevo artículo a la Ley 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto) que cambia radicalmente el modo de asignación de los ATN. El cambio clave es que estos recursos se distribuirán automáticamente y de forma diaria, incorporándose a la masa coparticipable tal como establece el artículo 6° de la Ley 23.548, eliminando así la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Estas iniciativas representan la respuesta directa de los gobernadores frente a la reducción de transferencias y el incremento de responsabilidades que, según denuncian sistemáticamente, impuso la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno nacional. Según datos de la Comisión Federal de Impuestos, las transferencias automáticas registrarán una caída del 4,2% durante todo 2025, lo que representa una pérdida cercana a los $2,5 billones en moneda homogénea. La comparación con 2023 resulta aún más dramática, ya que las provincias recibirán aproximadamente $7,4 billones menos que hace dos años.

Durante las negociaciones previas entre el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y los ministros de Economía provinciales, se rechazó la posibilidad de coparticipar los remanentes del fondo de ATN. En cambio, la propuesta oficial se centró únicamente en coparticipar los recursos asignados a obras viales provenientes del ICL, transfiriendo también la gestión de las rutas a las provincias.

Desde el Ejecutivo nacional ya advirtieron que vetarán cualquier norma que comprometa el equilibrio fiscal, tal como lo expresó recientemente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sin embargo, los gobernadores confían en esquivar ese veto argumentando que los cambios planteados solo implican redirigir fondos ya existentes hacia las provincias, sin crear nuevos gastos ni afectar el equilibrio de las cuentas públicas nacionales.

El ingreso de las iniciativas representa toda una alerta para el Poder Ejecutivo Nacional, de significativa minoría parlamentaria como para frenar una aprobación por amplísima mayoría en ambas cámaras. La coalición transversal que respalda los proyectos incluye prácticamente todos los bloques del Senado excepto La Libertad Avanza, lo que configura una mayoría abrumadora que no solo garantizaría la aprobación sino que también podría resistir un eventual veto presidencial.

La estrategia de los mandatarios provinciales busca aprovechar el momento político actual, donde el gobierno nacional necesita apoyo legislativo para sus propias iniciativas, y presionar por una redistribución de recursos que consideran fundamental para poder cumplir con las responsabilidades que les han sido transferidas en áreas como salud, educación y seguridad. La decisión marca un punto de inflexión en la relación entre Nación y provincias, configurando una coalición significativa que trasciende las diferencias partidarias tradicionales para reclamar por una distribución más equitativa de los recursos federales.

Los proyectos llevan las firmas de referentes de diferentes bloques del Senado, tanto aliados como opositores a Milei. Entre los firmantes se encuentran José Mayans (Frente Nacional y Popular), Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana), Fernando Salino (Convicción Federal), Anabel Fernández Sagasti (vicepresidenta de UP), Eduardo Vischi (UCR), Alfredo De Angeli (PRO), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Carlos Espínola (Unidad Federal) y Martín Lousteau (UCR), evidenciando un apoyo transversal que incluye desde el peronismo hasta el PRO y la UCR.