Por: Bache3000

El documento describe un patrón de mobbing que incluye gritos en público, insultos como "idiotas", "tarados" y "boludos", interrupciones arbitrarias de investigaciones ajenas y reestructuraciones caprichosas de equipos de trabajo. Las humillaciones se extendían tanto al ámbito privado como público, con reprensiones frente a colegas y cuestionamientos constantes al desempeño profesional de los empleados.

El impacto en la salud del personal ha sido devastador. Varios empleados debieron tomar licencias psiquiátricas, otros iniciaron tratamientos psicológicos y muchos padecen ataques de pánico, angustia y ansiedad permanente. La fiscalía se transformó en un espacio de temor donde incluso los jerárquicos se sentían intimidados por el accionar de Cendón.

La presión laboral trascendía el horario de trabajo. Los denunciantes aseguran que la funcionaria enviaba audios y realizaba llamadas a cualquier hora, incluyendo a personal que se encontraba de licencia, con un tono intimidante y agresivo en situaciones que carecían de urgencia. Quienes cuestionaban su accionar eran objeto de represalias, amenazas de sumarios sin fundamentos y humillaciones públicas.

La denuncia también revela que Cendón interfería en la independencia de la Defensa, negando asistencia en casos de flagrancia, lo que constituye una grave falta ética. Además, se arrogaba el poder de decisión para los concursos a distintos cargos, excediendo sus atribuciones.

Las acusaciones incluyen comentarios discriminatorios y prácticas que refuerzan patrones de desigualdad. Según el escrito, la fiscal realizó expresiones xenófobas como "Si hay dos chilenos hay lío, y acá hay tres", generando hostilidad hacia empleados por su origen. También incurrió en comentarios homofóbicos, llegando a tratar a un empleado de mujer por su orientación sexual y descalificando su desempeño.

Los denunciantes mencionan que utilizaba expresiones de violencia simbólica de género, como llamar a su equipo la "fiscalía rosa" en referencia a la oficina de género, o calificando a las funcionarias como "conchudas". En el mismo tenor, se registraron expresiones como "gorda sucia" dirigidas a una abogada del foro local.

Pero las acusaciones trascienden el maltrato laboral. La denuncia detalla presuntas conductas irregulares y posibles delitos en diversas causas judiciales, incluyendo manipulación de procesos, intimidación a testigos y favoritismo. Entre los casos citados se encuentran el legajo "Cárdenas Luis", donde supuestamente intervino en beneficio de una amiga personal; el caso "Choque Vargas Ismael Nicolás" por homicidio, donde un testigo relató sentirse intimidado; y la causa "Gallego Matías Alexis y otros" por infracción a la ley de protección animal, donde habría entregado animales secuestrados a una amiga.

También se menciona el caso "Rivera Mario Alberto e Inalef Angelo Adrian" por robo agravado, donde presuntamente manipuló un procedimiento abreviado omitiendo pruebas esenciales, y la investigación del homicidio de Micaela Bravo, donde supuestamente envió mensajes a un testigo clave para amedrentarlo. En el caso de Macarena Llanquín se habrían producido irregularidades como registros domiciliarios sin orden judicial y coacción a testigos.

Los denunciantes califican estas acciones como arbitrariedad, falta de objetividad, flagrante desprecio por las normas éticas, manipulación judicial, abuso de autoridad, prevaricato, estafa procesal, coacción agravada y amenazas coactivas.

Las prácticas denunciadas habrían generado un quiebre institucional profundo, con renuncias, migraciones hacia otros organismos y desarticulación de la Fiscalía, comprometiendo seriamente el funcionamiento del sistema de justicia en la región.

La denuncia solicita la suspensión inmediata de la Fiscal Jefe, la preservación de registros digitales y documentales, la citación a declarar de todos los empleados que hayan sido testigos o víctimas de las presuntas conductas, así como de los profesionales de la salud que asistieron a funcionarios que requirieron tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Los denunciantes también piden que se dé curso a la investigación y se realice un juicio político para su eventual destitución e inhabilitación para ejercer cargos judiciales.

El caso expone una crisis sin precedentes en el Ministerio Público Fiscal de Bariloche, donde la máxima autoridad local habría incumplido de manera reiterada principios básicos de igualdad, respeto y legalidad, comprometiendo la ética judicial y la legitimidad del sistema de justicia.