Por: Bache3000

La sala estaba llena de palabras antes de que nadie hablara. Techo Digno, peculado, ciento cinco millones de pesos, plazo fijo. Palabras que cargan historias, siempre historias de otros, hasta que de pronto son tuyas. Diecinueve intendentes acusados por lo mismo en distintos puntos de Río Negro, todos de colores políticos distintos, todos diciendo lo mismo: que esto es político. Entre ellos, Aníbal Tortoriello, quien también denunció persecución política. Muchos de los acusados fueron candidatos en diferentes elecciones. Gennuso es el primero en llegar a juicio. Los demás esperan, miran, calculan.

El tribunal lo presidía Gregor Joos, acompañado por Bernardo Campana y Martín Arroyo. Tres nombres que sonaban lejanos hasta hoy, tres personas que ahora tenían en sus manos algo parecido a un destino. Enfrente, el fiscal Martín Lozada preparaba su alegato. Uno imagina que los fiscales duermen bien o que no duermen nada. No hay punto medio en estos casos.

Lozada habló durante largo rato. Expuso la teoría del caso desde múltiples ángulos. Mencionó corrupción, derechos humanos, certificados, temas que se vinculan más al caso de María Eugenia Martini, la exintendenta que también enfrenta juicio por Techo Digno. La acusación concreta era específica: haber transferido ciento cinco millones de pesos de fondos del programa Techo Digno desde una cuenta municipal en el Banco Nación a otra cuenta municipal en el Banco Credicoop, para constituir plazos fijos. La fiscalía argumenta que esa maniobra sustrajo los fondos de su órbita de control administrativo.

Los abogados defensores, Manuel Maza y Luciano Perdriel, tomaron la palabra después. Su alegato fue directo.

— El hecho es este y nada más que este — dijeron. — No nos salgamos del hecho.

Argumentaron que todo lo demás mencionado por la fiscalía — la confianza pública en riesgo, el incumplimiento de deberes de administración — no está en la acusación formal. Sostuvieron que lo único relevante es si mover ese dinero de una cuenta municipal a otra cuenta municipal constituye delito. Ambas cuentas, tanto la del Banco Nación como la del Credicoop, pertenecían al municipio.

La defensa planteó además un argumento económico: dado el proceso inflacionario de aquellos años, lo lógico era proteger los fondos públicos mediante plazos fijos, para que la depreciación del dinero no terminara con la posibilidad de construir las viviendas. Era una gestión financiera, no una sustracción.

— Vamos a demostrar que la ordenanza de contabilidad municipal nos permitía hacer exactamente lo que hicimos — explicaron. — Que no hubo sustracción, que no hubo delito.

Entonces empezaron los testigos.

El primero fue Iván Kerr, exsecretario de Vivienda durante la presidencia de Macri. Un funcionario que llegó al cargo cuando las irregularidades ya existían pero todavía no tenían nombre oficial.

— Empezamos con auditorías porque había irregularidades en varias provincias con respecto al programa Techo Digno — declaró Kerr. — Entre estas provincias, se encontraba Río Negro. Bariloche era uno de los casos donde había avances físicos muy distintos a los avances financieros.

Aclaró que todas esas irregularidades eran anteriores a la gestión de Gennuso.

— Fueron durante la anterior administración municipal — explicó. — El intendente Gennuso inició su gestión cuando nosotros también iniciamos.

Dijo que con Gennuso habían trabajado para regularizar la situación, que lo acompañó a visitar las obras.

Cuando Maza le preguntó si sabía algo sobre la constitución de plazos fijos, Kerr fue claro:

— No, no tengo ni idea. Me supera.

Después vino Mónica Marchisella, instructora sumariante del Ministerio del Interior en la época de Macri, empleada de planta. Fue quien había elaborado los sumarios administrativos sobre las irregularidades del programa.

— En dos mil diecisiete presenté una denuncia penal ante la Justicia Federal — recordó, aunque después se definió que la investigación correspondía a la justicia provincial. — Después hice una ampliación. Denuncié el desvío de fondos utilizados para otras finalidades que no se condicen para el fin de Techo Digno.

Habló de denuncias, de acuerdos de obra del dos mil trece y dos mil quince. Cuando Maza le preguntó hasta cuándo llegaba su denuncia, Marchisella no pudo precisar fechas exactas.

— No, yo no me acuerdo — dijo. — Me acuerdo que eran dos ACU, que se le llama a los acuerdos de obra del dos mil trece y dos mil quince, pero no sé, no sé.

Finalmente aceptó incorporar la denuncia formal a la causa. El documento, cuando se lea, mostrará que lo denunciado corresponde al periodo hasta dos mil quince, antes de que Gennuso asumiera.

La tercera testigo fue Elena Del Potro, directora de Contencioso Judicial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Habló de un contencioso administrativo contra el municipio, de fondos que el Estado reclamaba, de procesos burocráticos que parecían no encontrarse nunca. Por un lado el gobierno acordaba con el municipio reiniciar las obras, por otro lado el ministerio exigía la devolución de fondos. Del Potro comenzó a desviarse del tema central, a hablar de contextos amplios.

Entonces el abogado defensor objetó. No era la primera objeción del día. Ya antes había saltado cuando los testigos empezaban a hablar del dos mil siete, del dos mil trece, de periodos que no correspondían a la acusación. Pero ahora la objeción tenía otro peso.

Joos, el juez que presidía el tribunal, había sido paciente hasta ese momento. Al principio le había dicho a Lozada:

— Mire, no le voy a dar la objeción al defensor, pero por favor, ciñase a los hechos.

Era una advertencia educada. Pero con la última testigo, cuando Lozada insistía en el contencioso administrativo, Maza volvió a objetar:

— Objeción. Ya tuve demasiada paciencia, pero esto del contencioso administrativo no está en esta causa, no hay nada que le corresponda.

Lozada intentó defenderse:

— Pero esto le da contexto.

Joos lo interrumpió:

— No tiene lugar la objeción porque nada tiene que ver con lo que estamos tratando.

Fue contundente. Lozada se quedó en silencio, sin preguntas que formular.

Al principio del día, después de los alegatos iniciales, Joos también había intervenido. Le había pedido a la fiscalía que especificara los hechos concretos.

— Por favor, quiero que la fiscalía me diga los hechos concretos porque en esto no se entienden cuáles son los hechos concretos — dijo el juez.

La defensa pidió que se leyera cómo estaban tipificados los hechos según la acusación. Pero en lugar de leer, Lozada empezó de nuevo con su alegato. Lo interrumpieron.

— No. Léalo, le pdió el juez.

Cuando finalmente lo leyó, quedó claro: dos plazos fijos constituidos con fondos transferidos de una cuenta municipal en el Banco Nación a otra cuenta municipal en el Banco Credicoop. Eso era todo lo que constaba formalmente en la acusación.

Mañana seguirá el juicio. Hay un cuarto testigo que no pudo comparecer hoy. Vendrán más testigos, más documentos, más argumentos de ambas partes. La fiscalía sostiene que hubo sustracción de fondos de su órbita de control. La defensa argumenta que fue una gestión financiera legítima para proteger recursos públicos de la inflación. El tribunal deberá determinar si transferir dinero de una cuenta municipal a otra cuenta municipal, ambas del mismo municipio, constituye el delito de peculado.

Gennuso salió de la sala como había entrado, en silencio, sin declaraciones. Todavía le queda usar su derecho a hablar si quiere, pero por ahora prefiere el silencio. Sus palabras se escucharán el jueves próximo. Afuera, en algún lugar de Río Negro, otros dieciocho exintendentes de distintos colores políticos miraban las noticias y pensaban en sus propios juicios futuros. Todos insisten en que se trata de una causa política. La justicia tendrá que demostrar si se trata de delitos o de decisiones administrativas cuestionables.

El primer día terminó así, sin grandes revelaciones, sin confesiones. Solo con las posiciones iniciales de cada parte claramente establecidas. Mañana seguirá. Los juicios son largos, y las respuestas nunca llegan el primer día.