Por: Bache3000

Los legisladores peronistas José Luis Berros y Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, presentaron hoy una denuncia penal ante la Justicia Federal contra la diputada nacional y senadora electa Lorena Villaverde, el jefe de campaña Julián Goinhex y el funcionario de ANSES Abelardo Calfín por presuntos delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos destinados a la campaña electoral de La Libertad Avanza en Río Negro.

La presentación judicial, que también lleva la firma de los legisladores Ayelén Spósito, Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao, incluye acusaciones por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica y emisión de facturas apócrifas. Las irregularidades salieron a la luz cuando el propio responsable financiero de la fuerza libertaria, Roberto Zgaib, advirtió sobre una factura por más de 70 millones de pesos correspondiente a trabajos de cartelería que nunca se habrían realizado.

Berros fue contundente al afirmar que no se trata de una operación mediática ni de una denuncia meramente política, sino de una maniobra concreta para apropiarse de fondos públicos que la Justicia Electoral destina a las campañas. El legislador calificó a Villaverde como "la narcocandidata de Milei" y aseguró que junto a sus colaboradores trucharon facturas para beneficio personal, algo que fue expuesto por el propio tesorero del espacio político.

Por su parte, Delgado Sempé explicó que la denuncia busca frenar "un esquema de corrupción que revela la verdadera naturaleza de un espacio que se presenta públicamente como representante de una nueva forma de hacer política". El legislador señaló además que "mientras Fred Machado, el principal financista de La Libertad Avanza en Río Negro, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, la estructura local del partido intentó apropiarse de más de 140 millones de pesos mediante facturas falsas y contratos irregulares".

Los denunciantes también advirtieron sobre graves incompatibilidades éticas y legales en el caso, particularmente el de Abel Calfín, actual jefe de la Oficina de ANSES en Villa Regina, quien aparece como proveedor de material publicitario para la campaña libertaria. Esto constituiría una violación directa de la Ley de Ética Pública, que prohíbe expresamente a los funcionarios públicos ser proveedores del Estado por sí o por terceros. Los legisladores consideraron inconcebible que desde un cargo público se gestione dinero estatal para beneficio personal.

El escrito judicial destaca además otras irregularidades que involucran a La Libertad Avanza en la provincia, como la afiliación de personas fallecidas y de deportistas sin su consentimiento para cumplir con los requisitos de personería política, utilizando presuntamente bases de datos de ANSES.