Por: Bache3000

El Fiscal General, Fabricio Brogna y el Defensor General de Río Negro, Ariel Alice, se presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia para discutir la validez de una condena impuesta a un subcomisario de la Policía provincial, declarado responsable de abuso sexual simple contra una sargento que se encontraba bajo su mando en la Subcomisaría 80 de Bariloche durante 2020.

Según quedó acreditado en el juicio original y fue ratificado posteriormente por el Tribunal de Impugnación, el subcomisario convocó a la víctima a su oficina aprovechando su posición jerárquica y cuando ella intentó marcharse, la arrinconó tomándola del brazo, trabó la puerta para impedirle la salida y la besó en contra de su voluntad. Por estos hechos recibió una sentencia de tres años de prisión condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales.

El Defensor General encabezó la argumentación cuestionando la teoría del caso sostenida por la fiscalía y afirmó que el hecho no se encontraba debidamente acreditado, solicitando que se valorara un testimonio que consideraba ignorado por el tribunal de juicio. Entre sus principales agravios, manifestó que existía animosidad de la víctima hacia el imputado y que no se había probado el lugar exacto donde ocurrió el abuso.

Alice enfatizó que su defendido se presentó inmediatamente en la fiscalía tras la denuncia y puso su teléfono celular a disposición para verificar los mensajes intercambiados con la mujer, buscando demostrar la ausencia de hostigamiento. La defensa sostuvo que no se acreditó el beso ni el lugar de los hechos ni ningún tipo de acoso, argumentando que todos los testimonios simplemente referían haber escuchado a la víctima hablar del episodio sin aportar prueba independiente de la situación denunciada.

Finalmente, el Defensor General cuestionó la inhabilitación especial perpetua incluida en la sentencia y solicitó al máximo tribunal provincial que declare nula la condena y decrete la absolución de su defendido, o en su defecto, que ordene al Tribunal de Impugnación dictar un nuevo fallo con diferente integración.

La respuesta del Fiscal General fue contundente al señalar que la defensa estaba introduciendo cuestiones novedosas que no habían sido planteadas anteriormente en el proceso judicial. Brogna indicó que no encontraba en las pruebas valoradas por el tribunal ningún elemento que habilitara la crítica planteada o que permitiera modificar las conclusiones alcanzadas durante el juicio.

El representante del Ministerio Público Fiscal recordó en detalle la prueba de cargo existente contra el imputado, enumerando que el hombre había enviado fotografías de sus genitales a la víctima sin que existieran mensajes de contexto que justificaran tal envío. Agregó que la profesional tratante de la mujer había detectado durante la terapia indicadores de estrés postraumático, situación confirmada en juicio por la perita forense, sumándose a esto las declaraciones de las profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima.

La fiscalía aseveró que la víctima nunca se contradijo en sus declaraciones y que el lugar donde aconteció el hecho fue sustentado en más de una prueba, recordando además que existían testigos que reconocieron que el subcomisario acosaba y maltrataba a la sargento. Brogna destacó que tanto la calificación legal como la inhabilitación ya habían sido tratadas en instancias anteriores y que la defensa nunca las había cuestionado oportunamente, por lo que entendía que el recurso debía ser rechazado y la condena confirmada en todos sus términos.

Tanto la víctima como el imputado estuvieron presentes de manera virtual durante la audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia. La sentencia que definirá si se mantiene o anula la condena será dada a conocer el próximo 22 de diciembre a las 12 horas.