Por: Bache3000

Tripolatti enfrenta cargos por abuso de autoridad tras liberar -por orden de Walter Cortés - a un conductor de Uber que había sido detenido en un control de tránsito. El hecho ocurrió el 12 de noviembre de 2024, aproximadamente entre las 20 y las 21 horas, en calle Mitre 531, cuando el inspector de tránsito municipal Walter Ledesma y su compañera Karina Lozano realizaban un control vehicular.

En esa oportunidad, detuvieron un Fiat modelo 100 conducido por Miguel Andrés Campodónico, quien prestaba servicio de Uber. Al constatarse la falta de habilitación, licencia y seguro correspondiente para transporte de pasajeros, los inspectores labraron un acta de infracción y convocaron a la grúa municipal para retener el vehículo, de acuerdo con el artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

El detenido, al ser integrante del sindicato de comercio, tenía el celular del intendente. Fue entonces cuando Campodónico se comunicó telefónicamente desde su teléfono con Cortés, quien a su vez llamó a Tripolatti, por entonces subsecretario de Tránsito, para ordenarle que liberara el vehículo. El exfuncionario cumplió la orden, se presentó en el lugar y desactivó el procedimiento, lo que generó la denuncia penal de Ledesma contra Tripolatti.

Según declaró el propio Tripolatti en audiencias previas, Cortés lo llamó desde Buenos Aires y le dijo: "Dejalo ir por el momento, si todavía está para resolver si se le da el okey a Uber o no". El exfuncionario cumplió la orden y sostuvo: "Como llega una orden de Walter, yo llego al lugar y retiro", en contra de lo señalado por el inspector de tránsito en su denuncia.

La defensa de Tripolatti, a cargo de la doctora Natalia Araya, planteó hoy ante el tribunal que el 6 de mayo de 2025 se dictó un decreto de promoción de averiguación preliminar contra Walter Cortés, a partir de la denuncia que realizó el propio inspector Ledesma. En ese decreto, la fiscalía consideró que los indicios permiten sospechar "prima facie" que la orden ejecutada por Tripolatti habría surgido del propio intendente municipal.

Cabe señalar que ni Ledesma ni Cortés se han presentado ante la justicia. El único que lo hizo hasta el momento, fue Tripolatti.

"En fecha 6 de mayo del 2025 hay un decreto de promoción de averiguación preliminar que, teniendo en cuenta que en fecha 12 de noviembre de 2024 el señor Walter Ledesma efectuó denuncia penal contra el señor Guido Tripolatti y que de esta denuncia se inició una investigación cuyos indicios subjetivos permiten sospechar prima facie que la orden que ejecutó Tripolatti y por la cual fuera imputado en fecha 6 de febrero del 2025, habría surgido del propio intendente municipal señor Walter Cortés", sostuvo la abogada.

Araya explicó que la fiscalía intentó notificar a Cortés sin éxito, pero que antes de ingresar a la audiencia de hoy, el Ministerio Público Fiscal le hizo llegar un escrito donde el apoderado del intendente, Martín Enrique Domínguez, se presentó "a fin de espontáneamente presentarme en representación del Intendente en cuanto sea mérito respecto de la investigación penal en curso".

Sin embargo, la defensa cuestionó esta presentación: "Lo cierto es que acá los sujetos procesales no pueden ser evadidos o representados por alguien que se presente como apoderado. El imputado no tiene apoderado, el imputado se defiende solo a través de su abogado defensor, pero no a través de un apoderado".

La abogada argumentó que la situación es clave para el derecho de defensa de Tripolatti: "Esto hace al derecho de defensa. ¿Por qué hace al derecho de defensa? Primero, porque tiene que ver con la teoría del caso que lleva adelante el señor Tripolatti. Segundo, porque en todo caso, si el señor Cortés no designa formalmente o no designa él a un defensor de su confianza, quien asiste a la defensa oficial, los plazos se encuentran corriendo y con una presentación de un apoderado no alcanza".

Además, Araya planteó el riesgo de llegar a decisiones contradictorias si ambas causas siguen por separado: "Entendiendo que pueden llegar a haber dos soluciones encontradas con respecto a un mismo hecho, entiendo que lo más conveniente a los fines de garantizar el derecho de defensa es que ambas causas vaya en conjunto. Porque se tiene que decidir por parte del Ministerio Público Fiscal si es que va a formular cargo, si es que va a archivar la causa. Si se archiva una causa dejamos de tener un imputado, puede llegar a ser tomado por un testigo, pero si se formula causa, es otro imputado y por el mismo hecho por el cual se está llevando adelante el control de acusación".

Por eso solicitó la suspensión: "Es por eso que voy a solicitar que se suspenda este control de acusación hasta tanto se decida qué es lo que va a pasar con el otro imputado, el señor Walter Cortés".

El fiscal Sosa Lukman se opuso al pedido de suspensión argumentando que el decreto de apertura de investigación contra Cortés se realizó el 6 de mayo de 2025, que están en plazo y que, según el artículo 77, los funcionarios públicos en el servicio de sus funciones no están sujetos al plazo del artículo 128. También defendió la presentación del apoderado: "El doctor Domínguez efectúa un escrito ante el Ministerio Público Fiscal donde, lo que dice la defensa, en representación del Intendente es designado y las designaciones conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal, no están sujetas a una formalidad absoluta, una formalidad particular".

El fiscal sostuvo que se trata de estadios procesales diferentes: "Cuando se hizo el decreto de apertura e investigación, se lo sindicó a Cortés con la posible participación de una coautoría. Los dos se encuentran en estadios procesales distintos, con una investigación que ha sido concluida respecto del señor Tripolatti y cuyos plazos sí se encuentran corriendo y sí corresponde que se avance".

Sosa Lukman consideró que "los fundamentos que expresa la defensa son aparentes, son hipotéticos y no deben torcer la voluntad para llevar adelante la presente audiencia". También aclaró que se le formularon cargos a Tripolatti el 6 de mayo cuando aún era funcionario, luego dejó de serlo, y que hoy procedían a la acusación.

Sin embargo, el juez Gregor Joos decidió hacer lugar al pedido de la defensa y suspender la audiencia. En sus fundamentos, expresó: "Claramente se trata del mismo hecho, no hay duda alguna en cuanto a circunstancias, lugar, tiempo, modalidad, y lo único que se observa una diferencia es en el rol que se adjudica en este Tripolatti y en aquel otro legajo respecto de Walter Cortés, pero claramente se trata de una misma situación".

El magistrado advirtió sobre el riesgo de soluciones contradictorias: "Nosotros hemos en todos estos años vivido situaciones en las que un mismo hecho tramita con legajos distintos y evidentemente no es lo más favorable a obtener una solución uniforme y coherente y se corre el riesgo de llegar a soluciones contradictorias".

Joos fundamentó su decisión en principios procesales básicos: "Funciona además del principio de economía y seriedad procesal y a los fines de evitar entonces soluciones contradictorias, que debe unificarse la investigación a los fines de mantener la coherencia procesal, un principio básico de nuestro sistema procesal penal".

También consideró que no hay urgencia: "Además porque advierto que este hecho ocurrió en noviembre de 2024 y suspendiéndose obviamente los plazos procesales en este legajo no se corre graves riesgos de retardo para resolver este legajo en particular".

El juez resolvió: "Voy a ser lugar a lo solicitado por la defensa, voy a suspender la audiencia de control de acusación respecto al señor Santiago Guido Tripolatti y estar a la evolución del legajo, que se dio inicio el 6 de mayo del corriente año y en el que ya por lo menos además sabemos que ha habido una intervención de haber un apoderado de parte de la persona sindicada por el denunciante como eventual responsable de este hecho presuntamente ilícito".

El caso forma parte de un conflicto mayor que involucró al transporte de Bariloche durante 2024 y 2025. En ese período, Uber operaba de manera irregular en la ciudad, a pesar de que estaba prohibido desde mayo de 2023 mediante resoluciones municipales. El episodio del 12 de noviembre de 2024 desencadenó una crisis política que terminó con la remoción de Tripolatti del cargo en julio de 2025.

El conductor liberado ese día, Miguel Andrés Campodónico, resultó ser delegado del Sindicato de Comercio, según información que surgió posteriormente. Tripolatti había entregado su teléfono celular a la justicia, donde se corroboraron las comunicaciones con Cortés dando la orden de liberar el vehículo a pesar de las infracciones constatadas.

En declaraciones posteriores a su salida del gobierno, Tripolatti manifestó: "Walter Cortés era mi amigo antes de llegar al gobierno. Pero me desilusioné de él, porque me dijo que no me iba a dejar solo, y a la primera de cambio no me atendió más el teléfono, se lavó las manos de la orden que me dio".

Ironías del destino: pocos días antes de esta audiencia, el 3 de noviembre de 2025, el intendente Cortés anunció oficialmente la habilitación de Uber en Bariloche, dejando sin efecto las resoluciones que mantenían suspendida la plataforma. "Nosotros siempre buscamos oportunidades para la gente y no nos vamos a quedar en el fracaso de quienes no quieren que la ciudad crezca. En este momento tomamos la determinación de bajar las resoluciones que prohibían Uber en Bariloche y firmar para la libertad", expresó el intendente en ese momento.

La causa contra Cortés sigue su curso y deberá definirse antes de que pueda reanudarse el proceso contra Tripolatti. El exfuncionario, que fue quien materialmente cumplió la orden de liberar el vehículo, continúa siendo el único que se presenta a las audiencias mientras espera que la justicia resuelva la situación del jefe comunal que, según consta en las constancias judiciales, habría sido quien ordenó la liberación.