Por: Bache3000

La Confederación General del Trabajo resolvió este lunes ir al paro general contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, después de semanas en las que múltiples sectores del sindicalismo aseguraban que la central obrera no convocaría a una medida de fuerza. La decisión se tomó durante una reunión virtual del Consejo Directivo que comenzó a las 11 de la mañana y se extendió hasta poco antes de las 14, encabezada por los cotitulares Octavio Argüello de Camioneros, Jorge Sola del Seguro y Cristian Jerónimo de los empleados del vidrio. La huelga será de 24 horas, sin movilización, y se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado.

Los detalles oficiales de la convocatoria se darán a conocer el miércoles a las 11 de la mañana en una conferencia de prensa que la CGT realizará en su sede de Azopardo. La fecha exacta del paro dependerá de cuándo Diputados trate la reforma laboral, lo que podría ocurrir el jueves 19 de febrero o el miércoles 25, según el avance del cronograma legislativo. En cualquiera de las dos opciones, la central obrera garantiza que los gremios del transporte adherirán plenamente a la medida de fuerza, lo que implica una paralización total del servicio de colectivos, subtes y transporte aéreo, entre otros sectores.

La resolución de la CGT ocurre en un momento político particular, después de que el Gobierno Nacional aceptara modificar sustancialmente el proyecto original de reforma laboral para garantizar su aprobación en el Senado. Las concesiones realizadas por la Casa Rosada fueron múltiples y respondieron tanto a la presión sindical como a los reclamos de gobernadores que advirtieron sobre el impacto fiscal del proyecto. Entre los cambios más significativos, el oficialismo eliminó tres artículos completos y modificó otros 28, alterando puntos neurálgicos de la iniciativa que habían generado el rechazo más fuerte del sindicalismo.

El retroceso más importante para los intereses sindicales fue la eliminación del artículo que reducía la contribución patronal a las obras sociales del 6% al 5%, una modificación que según las estimaciones del sector representaba un desfinanciamiento de entre 679 y 700 millones de dólares anuales para el sistema de salud administrado por los gremios. El Gobierno también dio marcha atrás con el artículo 137, que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de cuotas sindicales solo con consentimiento expreso del trabajador, una medida que amenazaba directamente el financiamiento automático de los sindicatos. Al eliminar ese artículo, quedó vigente la legislación actual que establece la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención tanto de las cuotas de afiliación como de otros aportes, incluyendo las polémicas cuotas solidarias.

Sobre las cuotas solidarias, esos aportes compulsivos que se descuentan de los sueldos de afiliados y no afiliados según lo pactado en convenios colectivos, el Gobierno también retrocedió sustancialmente. El proyecto original establecía que esos aportes pasarían a ser voluntarios a partir del 1 de enero de 2028, pero la versión modificada eliminó esa fecha de caducidad y solo fijó topes porcentuales. Para los aportes destinados a asociaciones de trabajadores, el límite quedó establecido en el 2% de las remuneraciones, mientras que para las contribuciones a cámaras empresarias el tope es del 0,5% de los salarios.

Otro cambio significativo fue la eliminación del artículo 190, que proponía reducir el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 30% al 27%, una modificación que había generado fuerte resistencia entre los gobernadores por su impacto en la recaudación y la coparticipación federal. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que ese debate se postergaba para el marco de una reforma fiscal integral que contemple los tres niveles impositivos. Además, se eliminó por completo la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales, quedando establecido que las remuneraciones solo pueden abonarse mediante acreditación en cuentas bancarias o en instituciones de ahorro oficial.

El proyecto también sufrió modificaciones en la derogación de estatutos profesionales. La versión original disponía la eliminación inmediata de estatutos históricos como el de Periodistas, Viajantes de Comercio, Peluqueros y Personal de Artes Gráficas, entre otros. La nueva redacción establece un plazo de 180 días desde la sanción de la ley para que cada sector negocie un nuevo convenio colectivo de trabajo antes de que caigan definitivamente los estatutos especiales.

Sin embargo, la CGT sostiene que estos cambios no alcanzan y que el proyecto sigue siendo regresivo en puntos cruciales como la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que ahora perderán vigencia una vez vencido el plazo pactado sin renovación automática, la prevalencia de los convenios por empresa sobre los de actividad, que debilita el poder de negociación de los grandes sindicatos, el sistema de banco de horas que permite distribuir la jornada laboral de manera flexible sin pago automático de horas extras, y las modificaciones en el régimen de indemnizaciones a través del polémico Fondo de Asistencia Laboral. La central obrera argumenta que la reforma es la más nociva de las últimas décadas y que se impulsa en un contexto económico marcado por el endeudamiento familiar, el aumento del costo de vida, la pérdida de empleos y el cierre de empresas.

La decisión de convocar al paro general se produce bajo presión interna de sectores combativos del movimiento obrero que venían reclamando medidas de fuerza más contundentes. El Frente de Sindicatos Unidos, que reúne a la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, había anunciado su propio paro con movilización masiva al Congreso y exigía a la CGT una postura más dura. La Federación de Aceiteros, liderada por Daniel Yofra, convocó a un paro nacional para este jueves 19 de febrero, sumando presión sobre el triunvirato de la central obrera y anticipando lo que finalmente la CGT resolvió hacer para el momento en que se trate el proyecto en Diputados.

La puja interna en la CGT se había intensificado después de la multitudinaria movilización del 11 de febrero al Congreso, cuando el Senado debatió la reforma laboral. En esa oportunidad, la central obrera había optado por no convocar a un paro general y solo llamar a una concentración sin cese de actividades, una decisión que generó críticas dentro del propio sindicalismo. Muchos dirigentes sostienen que las movilizaciones ya no alcanzan y que es necesario endurecer la postura ante el tratamiento legislativo, especialmente considerando que el proyecto avanza con paso firme hacia su sanción definitiva en Diputados, donde el oficialismo cree contar con los votos necesarios para su aprobación.

Este será el cuarto paro general contra la gestión de Milei. El primero se realizó el 24 de enero de 2024, apenas seis semanas después de la asunción presidencial, en rechazo al DNU 70/23 cuyo capítulo laboral fue objetado por la Justicia y permanece pendiente de resolución en la Corte Suprema. El segundo tuvo lugar el 9 de mayo de 2024 durante el debate de la Ley Bases, y el tercero se concretó el 10 de abril de 2025. Esta nueva huelga será además la primera bajo la conducción del actual triunvirato que asumió el año pasado, encabezado por Jerónimo, quien a sus 41 años es el secretario general más joven del movimiento obrero al frente de la CGT.

La CGT sostiene que la reforma laboral no tendrá impacto real en la creación de empleo y que beneficiará a sectores concentrados en detrimento de los trabajadores. La central obrera mantiene su postura de no dar ni un paso atrás frente a una iniciativa que considera atenta contra derechos laborales y colectivos conquistados a lo largo de décadas. El miércoles a las 11, cuando brinde la conferencia de prensa anunciada, la conducción de la CGT detallará los alcances de la medida de fuerza y los fundamentos de una decisión que marca un punto de inflexión en la estrategia sindical frente al proyecto de modernización laboral que impulsa el Gobierno Nacional.