Por: Bache3000

Un juzgado de Familia de Bariloche ordenó la ejecución de un convenio alimentario incumplido y dispuso una serie de medidas para identificar el patrimonio del progenitor deudor, que incluyen la solicitud de informes a registros públicos, organismos tributarios, el Banco Central y una plataforma de comercio electrónico.

El proceso se activó a través de un mecanismo monitorio, una vía que habilita el cobro rápido de obligaciones previamente establecidas cuando se verifican los requisitos formales. La jueza interviniente tuvo por acreditados esos requisitos y habilitó la ejecución hasta cubrir el capital reclamado, que asciende a 1,5 millones de pesos, más los intereses que se calcularán conforme a las tasas del Superior Tribunal de Justicia.

Como parte del proceso, se ordenó la apertura de una cuenta judicial en el Banco Patagonia donde deberán depositarse los fondos que se obtengan durante la ejecución, un mecanismo habitual para garantizar que el dinero quede a disposición de la parte acreedora.

Para reconstruir la situación patrimonial del deudor, la Unidad Procesal de Familia libró oficios al Registro de la Propiedad Automotor y al Registro de la Propiedad Inmueble, con el fin de determinar si el hombre tiene bienes registrables a su nombre, y también a la Agencia de Recaudación para conocer su situación laboral o tributaria, incluyendo si trabaja en relación de dependencia o si está inscripto como monotributista.

En paralelo, se requirió información al Banco Central sobre las cuentas bancarias de las que el deudor sea titular, y también se consultó a una plataforma de comercio electrónico para verificar si registra actividad económica en ese medio, una medida que refleja la actualización de los mecanismos judiciales frente a las nuevas formas de generación de ingresos.

El hombre cuenta con un plazo de cinco días para pagar voluntariamente la deuda o presentar las excepciones previstas por la ley, y si no lo hiciera, el proceso continuará con las herramientas propias de la ejecución, que permiten avanzar sobre bienes o ingresos identificados.

Este tipo de procesos se activan cuando existe un acuerdo alimentario homologado que no fue cumplido, y en ese marco las unidades procesales de Familia no solo fijan o convalidan convenios sino que también ejecutan sus propias decisiones y despliegan medidas concretas para hacerlas efectivas.

La investigación patrimonial, el requerimiento de datos a organismos públicos y privados y la posibilidad de afectar cuentas, bienes o ingresos forman parte del arsenal con el que cuentan las y los jueces de Familia para intervenir en estos casos, herramientas orientadas a generar condiciones que lleven al deudor a cumplir con sus obligaciones alimentarias.