Por: Bache3000

La sala del Concejo Deliberante de Bariloche funcionó ayer como un termómetro de la paciencia ciudadana. Vecinos, profesionales, activistas y referentes políticos se sucedieron ante la comisión especial para exponer sus visiones sobre el futuro del vertedero municipal, y aunque los matices fueron muchos, el diagnóstico de fondo fue unánime: la situación no admite más demoras.

Walter Tassone, director de la consultora CONFUNAM, abrió el fuego técnico con una advertencia sobre el marco legal que rige el problema. Señaló que la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051 debe ser el centro del debate, y no el punto de partida para improvisaciones. Como medida inmediata, propuso realizar una reparación de la superficie con geomembrana y sistemas de venteo para eliminar, al menos, el problema de los roedores.

Tomás Guevara, investigador del CONICET y vecino afectado, fue quizás la voz más contundente de la jornada. Recordó que el plan GIRSU, la ley provincial y las ordenanzas pertinentes fueron votadas por un amplio arco político que incluye a Juntos Somos Río Negro, el PRO, el PUL y distintas versiones del peronismo. "Hay toda una normativa y vos querés inventar la pólvora", graficó, apuntando contra quienes proponen extender diez años más la vida útil del vertedero. Guevara fue categórico: "Volvimos a tener un basural a cielo abierto totalmente descontrolado. Eso no aguanta diez años". Señaló además que tanto el gobernador Weretilneck como el intendente Cortés hablaron de relocalización durante la campaña electoral, y remarcó que el desplazado es el basurero, no los vecinos que viven a su alrededor: "El Estado tomó decisiones de localizar gente ahí. Lo que está desubicado es el basurero".

Rubén Guzmán, por su parte, desarrolló su alocución centrándose en el traslado como la solución definitiva, e instó a que se trabaje en esa dirección contemplando lo señalado por todos los expositores respecto a la separación en origen como condición necesaria para que cualquier relocalización tenga sentido real.

El ex candidato a intendente, Lihué Bariggi, vecino del kilómetro 12 y abogado, pidió que el municipio trabaje con profesionales barilochenses y que el Ejecutivo le abra espacio a los técnicos del Centro Atómico. "No nos pagan por estar acá", aclaró, y advirtió contra el riesgo de que el proceso termine siendo "una simple suerte de audiencia pública" sin consecuencias.

Rafael Elías Costa, de la Fundación San José Obrero, propuso un modelo radicalmente distinto: en vez de trasladar el problema, eliminarlo. La clave, según dijo, son los centros de acopio municipales —vidrio, plástico, cartón— que permitan generar empleo local y prescindir del vertedero como destino único. Advirtió que un traslado lejano no solo no resuelve la contaminación, sino que además perjudica a los recuperadores urbanos.

Nicolás Carini, presidente de la Junta Vecinal Lago Gutiérrez, que nuclea a veinticinco juntas del ejido, lamentó que el Foro de Juntas Vecinales no haya tenido espacio en las jornadas previas. Propuso la creación de una comisión mixta que gestione la relocalización con participación ciudadana genuina, y fue categórico: "Acá está la licencia social. Déjennos ayudar y ser parte de la solución".

El ingeniero ambiental Ignacio Sagardoy puso el foco en el pliego que presentó el Ejecutivo y advirtió que, si bien una licitación para mejorar la disposición final es necesaria, es insuficiente sin un plan integral de cierre y traslado. Recordó que la celda construida en 2014 se llenó en menos de cinco años, e indicó que la solución definitiva debe ser un relleno sanitario regional, con participación de provincia, Nación y el Parque Nacional Nahuel Huapi, dado que el vertedero ya recibe residuos de Dina Huapi y el aeropuerto.

Alejandro Beletzky aportó memoria histórica: en 1984 ya se debatía el basural en una comisión asesora con participación comunitaria; en 1995, el Banco Interamericano de Desarrollo ofreció un millón de dólares para construir una planta modelo, y una decisión política de la provincia boicoteó la iniciativa. "Está todo escrito. Solo hay que aplicarlo", dijo.

Fernando Del Campo, trabajador social municipal con dos décadas de experiencia con recuperadores, resumió con dureza el estado de situación: donde antes había nueve metros de basura bajo tierra, hoy hay doce metros sobre el nivel del suelo. Fue también quien interpelò la ausencia del Ejecutivo en la sala: "¿Del Ejecutivo no hay nadie? Una lástima, porque esto también es de ejecución del Ejecutivo, valga la redundancia". Abogó por una política de Estado que trascienda las gestiones, con una unidad ejecutora interárea como garantía de continuidad, y puso en primer plano la necesidad de una planta de compostaje y la reducción del consumo como estrategia previa al enterramiento.

Sofia Lara, ingeniera química y exasesora del Ministerio de Ambiente de la Nación, cerró la ronda con una mirada global. Advirtió que las soluciones focalizadas en un solo aspecto tienden a quedar limitadas, y que para cerrar un basural se necesita, además de tecnología, capacidad institucional, recursos financieros, apoyo social y consenso político. Fue enfática respecto a las tecnologías de combustión: "Hay que tener cuidado. La combustión tiene que ser completa".

El denominador común de la jornada fue la convergencia entre posiciones técnicas, vecinales y políticas en torno a la necesidad de avanzar con decisión —y con participación— hacia la relocalización. Varios expositores coincidieron además en que parte de la solución depende de la voluntad de la provincia de Río Negro, sin cuyo acompañamiento cualquier plan integral quedará a mitad de camino.

Mañana el debate continúa.

 

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida por Bache 3000 (@bache.3000)