Por: Bache3000

La Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Bariloche, a cargo de Yamina Sanchez, firmó el 13 de abril una respuesta al pedido de informes del concejal Leandro Costa Brutten que dejó al desnudo una situación de gravedad institucional: actualmente no existe ningún instrumento jurídico vigente entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Municipio de Dina Huapi para regular el ingreso de residuos al vertedero municipal del Alto. En criollo: la localidad vecina tira su basura en Bariloche sin contrato y, según surge del mismo expediente, sin abonar canon alguno.

El pedido de Costa Brutten apuntaba precisamente a eso: conocer los términos legales, económicos y operativos del acuerdo entre ambos municipios. La respuesta oficial no dejó margen para la interpretación. La propia asesora legal de municipio reconoció por escrito que "actualmente no se encuentra vigente un instrumento jurídico entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi", y agregó que ambas partes "se encuentran en tratativas para abordar una solución a la temática planteada". Una frase que, traducida al lenguaje llano, significa que llevan años operando en una zona gris legal sin que nadie haya formalizado absolutamente nada.

El documento que acompaña la nota oficial profundiza el escándalo desde otro ángulo. El informe técnico emitido por la Dirección Operativa del CRUM, fechado el 8 de abril y firmado por Nélida Castillo, describe en detalle la operatoria vigente y establece que el canon correspondiente "se encuentra regulado por la Ordenanza Tarifaria vigente del Municipio de San Carlos de Bariloche". Sin embargo, no hay registro de pago alguno ni de mecanismo de cobro efectivo, lo que convierte esa regulación en papel mojado. Bariloche recibe la basura de Dina Huapi, absorbe los costos operativos de su tratamiento y disposición final, y no cobra nada a cambio.

Pero hay un tercer elemento que agrava el cuadro y que apunta directamente a Hugo Cobarrubia. El intendente de Dina Huapi había declarado públicamente a Bache3000 que su municipio vierte entre 14 y 17 metros cúbicos de residuos por día en el basural de Bariloche. El informe técnico del CRUM, sin embargo, consigna capacidades vehiculares que no condicen con esos números: los camiones compactadores cargan 17 metros cúbicos por unidad, los contenedores 5 metros cúbicos, y los camiones volcadores entre 8 y 10 metros cúbicos. Si se considera la frecuencia real de los viajes documentados en la operatoria, el volumen efectivo prácticamente duplica lo que Cobarrubia reconocía. "El documento técnico de Bariloche desmiente, entonces, las declaraciones del propio intendente de la localidad que se beneficia del servicio", expresó el concejal.

El trasfondo político de este hallazgo resulta particularmente explosivo. Cuando el Concejo Deliberante de Bariloche devolvió a comisión la ordenanza 514/25 impulsada por Cortés para licitar módulos de relleno sanitario y tercerizar la operación del vertedero, Cobarrubia salió a cruzar con dureza a la oposición. Cuestionó a los concejales, reclamó sentido común, advirtió sobre el impacto sanitario en la población y llegó a plantear abiertamente que Cortés podría recurrir a presentaciones judiciales para avanzar de todos modos. "No sé el intendente de Bariloche qué piensa hacer, si va a hacer una presentación judicial", dijo entonces. Cobarrubia amenazaba con acciones legales para defender un acuerdo que, según la propia Secretaría Legal de Bariloche, no existe.

La ironía histórica del asunto no se le escapó a Costa Brutten. Semanas atrás, el intendente Walter Cortés había comparado a los concejales opositores con vendedores de autos flojos de papeles, una metáfora que intentaba retratar a quienes, según él, bloqueaban soluciones concretas por cálculo político.

"La respuesta al pedido de informes invirtió la figura por completo: los flojos de papeles resultaron ser los dos intendentes. Cortés permitió durante años que Dina Huapi usara el CRUM sin contrato. Cobarrubia salía a exigir derechos sobre un servicio que su municipio nunca pagó ni formalizó". Costa Brutten ya anticipó que la documentación obtenida será la base de una denuncia penal.