Por: Bache3000

La sala del Concejo Deliberante volvió a llenarse este martes para la segunda jornada de audiencia pública por el futuro del vertedero municipal. Durante horas desfilaron vecinos autoconvocados, profesionales, referentes barriales y militantes, cada uno con su propio marco para entender el mismo problema. Lo que emergió no fue solo un diagnóstico técnico sino algo más incómodo: el retrato de una ciudad que acumuló durante décadas las condiciones de una crisis que ahora no puede ignorar.

Patricia Díaz, especialista en gestión de riesgos, fue una de las voces más estructuradas de la jornada. Para Díaz, el error de base está en cómo se nombra el problema. "No estamos frente a un equipamiento de servicios con problemas operativos, estamos frente a una infraestructura de riesgo", sostuvo, y aclaró que esa distinción no es semántica: cambia los instrumentos, la gestión y las prioridades. Enumeró tres riesgos simultáneos que concentra el sitio: el tecnológico —lixiviados filtrándose hacia las napas, biogás acumulado en el subsuelo que alimenta los incendios—, el sanitario, y el geotécnico, es decir, la posibilidad real de colapso de los taludes que sostienen los residuos acumulados. "La emergencia no empieza cuando el fuego ya está declarado. Empieza cuando se tolera durante años la acumulación de las condiciones que lo hacen inevitable", afirmó.

Martín Irigoyen, licenciado en Ciencias Políticas y en Relaciones Laborales, encuadró el debate desde el análisis de políticas públicas. Identificó tres alternativas sobre la mesa: añadir dos mallas al vertedero actual, lo que definió directamente como "un parche"; relocalizar el basural fuera del ejido urbano, que consideró equivalente al problema actual solo que en otro lugar; y la creación de una planta de reciclaje. Se inclinó por esta última opción y señaló que la ordenanza del plan HILS, sancionada en 2015, nunca se implementó. "Esa es una respuesta que tendrá que brindar el Ejecutivo", dijo.

Adriana Borges llegó con otra propuesta. Vecina involucrada en el reciclaje —su casa, contó, está construida con más de una tonelada y media de residuos recuperados— planteó que pensar en trasladar el vertedero sin definir qué hacer con él es "un problema gigante". Propuso avanzar hacia plantas de termovalorización, tecnología que quema los residuos a temperaturas de entre 850 y 1.100 grados y cuya ceniza resultante puede utilizarse para asfalto. "Seríamos pioneros en Argentina", dijo, y proyectó un video de un proyecto similar en Bogotá.

Demetrio Arteaga eligió el detalle concreto sobre la abstracción técnica. Cuestionó la recolección actual de basura como "paupérrima" y describió las condiciones en que trabajan los recicladores que van detrás de los camiones: mordidos por perros, accidentándose los tobillos y las rodillas en la carrera entre parada y parada. Propuso incorporar camiones chatos y bajos con barandas a la altura de quienes recolectan, con canastos de malla para separar cartón y plástico en el mismo recorrido, y sugirió acordar con las juntas vecinales puntos fijos en cada barrio para el residuo forestal.

Karina Poblete Casas, vecina del barrio Frutillar y autoconvocada por el cierre del vertedero, recordó que en julio de 2024 enviaron al municipio una nota con más de doscientas firmas pidiendo revisión de ordenanzas, fomento del reciclado y educación ambiental como política de Estado. No obtuvieron respuesta. Tampoco de los concejales. Esa nota, dijo, planteaba exactamente lo mismo que se sigue discutiendo hoy.

Verónica Sierpe, presidenta del barrio 2 de Abril, habló desde la cercanía más literal al problema. Nacida en 1981, con familia asentada en el Rutilal desde siempre, describió un barrio donde los vecinos trabajan, comen y sobreviven dentro del vertedero, donde ya hay vecinos fallecidos que dejaron hijos chicos, y donde el consumo problemático tiene presencia. "Han pasado cuarenta partidos políticos pero hoy es necesario que este vertedero se cierre", dijo, y reclamó una remediación real del suelo contaminado.

Entre las voces más impactantes estuvo la de Vivi Gallardo, quien se presentó como defensora y vocera del proyecto de Banco de Alimentos Bariloche. Contó que de joven, junto a su hija —hoy de 34 años—, sobrevivió del vertedero. "Me siento orgullosa porque gracias a ese vertedero muchas familias hoy comen", dijo, y pidió que la discusión contemple también el hambre: el 39% de lo que se tira en Bariloche es comida, mientras hay personas que buscan alimento en el basural.

Victoria Seguel, de la Juventud Peronista y de la Fundación Ambiente de Desarrollo y Hábitat Sustentable, cerró su intervención con una pregunta que resumió el clima de la jornada: "¿Cuántos datos más hacen falta para actuar? ¿Cuántos años más vamos a discutir lo mismo?" Citó estudios del hospital nacional según los cuales el 91% de los vecinos cercanos al vertedero percibe que su salud está afectada, y señaló que el sitio ha sido identificado a nivel mundial como uno de los más contaminantes.

La pregunta, en todo caso, quedó flotando sobre una sala que ya conoce la respuesta técnica pero sigue esperando la voluntad política.