Por: Bache3000

Con el respaldo de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y decenas de organizaciones gremiales y sociales, el secretario general adjunto de ATE Bariloche, Luis Urra, presentó ayer miércoles un amparo sindical ante la Cámara Segunda de Trabajo denunciando una violación al artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Urra fue desafectado de sus funciones en la empresa que lo empleaba como trabajador tercerizado dentro del Centro Atómico Bariloche, pese a contar con fuero sindical.

Urra trabajó durante casi 16 años de manera ininterrumpida en las instalaciones del Centro Atómico Bariloche, siempre bajo órdenes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), aunque de manera formalmente encuadrada bajo distintas empresas tercerizadas. El trabajador sostiene que este esquema de contratación es un artilugio que data de la época del menemismo, mediante el cual la CNEA evita hacerse responsable directamente de los empleados que trabajan en su estructura: una empresa sale, otra entra, pero los trabajadores siguen cumpliendo las mismas tareas con las mismas herramientas en el mismo lugar.

(Luis Urra, secretario adjunto de ATE Bariloche)

El amparo presentado ante la Justicia laboral solicita la reincorporación inmediata de Urra y el respeto de los fueros sindicales. La CNEA ya fue notificada digitalmente, aunque la situación procesal tiene una complicación adicional: las empresas tercerizadas no tienen domicilio legal en Bariloche, lo que dificulta su notificación formal. Según Urra, la Justicia se dirige al Centro Atómico, pero las firmas responden que no funcionan allí, a pesar de que sus trabajadores cumplen tareas precisamente en ese lugar.

En la conferencia de prensa, Urra señaló que mientras todos sus compañeros ya están trabajando, él fue el único excluido de la nueva contratación. "Lo dijeron verbalmente: me dejan afuera por ser dirigente sindical", afirmó. Para las centrales convocantes, la maniobra no es solo un conflicto individual sino un mensaje de amedrentamiento hacia el conjunto del movimiento sindical y hacia quienes se atreven a enfrentar las políticas del gobierno nacional.

La denuncia también abarca una presunta defraudación al Estado. Urra detalló que el presupuesto destinado a las empresas tercerizadas que operan en el Centro Atómico se triplicó en los últimos dos años —pasando de 200 millones en 2024 a cerca de 700 millones a inicios de 2026—, mientras que la cantidad de trabajadores y el nivel del servicio se mantuvieron exactamente iguales. Los salarios, a su vez, no acompañaron ese incremento presupuestario.

El secretario adjunto destacó el apoyo recibido de la UNTER Central, las seccionales barilochenses, el SITRAJUR, el SOYEM, y la estructura nacional y provincial del propio sindicato ATE. La masividad de la solidaridad recibida fue interpretada como un reflejo del alcance que tiene la medida: "No es un ataque a mi persona —subrayó Urra—, es un ataque directo a todos los sindicatos, a todas las centrales y a todos los trabajadores".

El caso quedó en manos de la Cámara Segunda de Trabajo de Bariloche, a la espera de una resolución que defina la reincorporación. Más allá del resultado judicial, el conflicto desnuda una vez más las contradicciones del modelo de tercerización laboral en organismos del Estado nacional: trabajadores que cumplen tareas permanentes durante años bajo la órbita de la CNEA, pero cuya estabilidad laboral y derechos sindicales quedan a merced de contratos privados que se renuevan o cancelan según conveniencia.