Por: Bache3000

El río, la montaña, o las estatuas no son un cementerio. Esa premisa, aparentemente simple, es la que subyace al proyecto de ordenanza que la concejal Laura Totonelli presentó ante el Concejo Municipal de Bariloche para prohibir el emplazamiento de urnas cinerarias en los espacios públicos del ejido. La propuesta busca ordenar una práctica que, según el texto de la iniciativa, se ha incrementado de manera sostenida en distintos puntos de la ciudad y que ya generó situaciones concretas en el entorno urbano y periurbano de Bariloche.

Uno de los disparadores más recientes fue el hallazgo que Bache3000 documentó a partir del testimonio de una vecina de Dina Huapi, quien encontró una urna con restos humanos a orillas del río Ñirihuau. El debate y polémica llego a Bariloche. El episodio visibilizó una práctica que hasta ese momento circulaba en el relato de pasillo y que, tras la publicación, ganó estado público. Casos como ese son los que la edil de Juntos Somos Río Negro toma como referencia para justificar la necesidad de una norma que ponga orden donde hoy no hay reglas.

El proyecto, que lleva también la colaboración de los concejales Ignacio Menegozzi y Koina Sánchez, prohíbe de manera expresa la disposición, depósito o emplazamiento de urnas cinerarias en espacios públicos del ejido municipal. La autoridad de aplicación recaería en la Secretaría de Coordinación de Obras y Servicios, que debería actuar de manera coordinada con las áreas de ambiente, salud y control para garantizar el cumplimiento de la norma.

(LAURA TOTONELLI, CONCEJAL)

 

Un mes para retirar lo que ya está

El texto prevé un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ordenanza para que quienes hayan depositado urnas en espacios públicos puedan retirarlas de manera voluntaria. Vencido ese término, la autoridad municipal estará habilitada para proceder a la recolección de oficio, bajo un protocolo de tratamiento digno que diferencie la tarea de cualquier operativo de recolección de residuos convencionales. El texto prohíbe expresamente que las cenizas sean tratadas como desecho sólido urbano.

Las urnas de materiales no degradables que sean retiradas deberán trasladarse a un cinerario comunitario municipal o a un sector específico del cementerio local. El municipio también quedará habilitado para habilitar un canal de denuncias, telefónico o electrónico, para que los vecinos puedan reportar nuevos emplazamientos una vez que la norma esté vigente.

La fundamentación del proyecto no apunta únicamente al desorden visual ni a cuestiones de higiene. El texto también advierte sobre riesgos concretos en zonas de alta circulación peatonal, como la posibilidad de roturas, derrames y contaminación según el tipo de material, y señala que la práctica afecta el patrimonio paisajístico en una ciudad cuya economía depende en buena medida del turismo y del entorno natural.

La propuesta reconoce que detrás de cada urna depositada en un mirador, una costanera o una orilla de río hay un proceso de duelo con carga afectiva y, en muchos casos, religiosa. Por eso el texto no plantea una política punitiva sino de ordenamiento, y habilita al Departamento Ejecutivo a promover la creación de cinerarios municipales y a celebrar convenios con instituciones públicas o privadas para ofrecer alternativas reguladas a quienes busquen dar un destino simbólico a las cenizas de sus seres queridos.

El acceso a la Virgen de las Nieves aparece mencionado en los fundamentos como uno de los sitios donde la presencia de urnas se ha vuelto más notoria. La ordenanza propone que cuando las remociones afecten lugares de valor simbólico o espiritual, la autoridad convoque a representantes de cultos y entidades religiosas para acompañar el proceso, un detalle que refleja la intención de no generar fricciones innecesarias con comunidades de fe.

El proyecto ingresó al Concejo Municipal este viernes y deberá seguir el proceso legislativo ordinario antes de ser debatido en sesión. Si se aprueba, Bariloche contará con una de las pocas normativas municipales del país que regulan específicamente el destino de restos humanos cremados en el espacio público, una materia que el Código Civil y Comercial de la Nación deja en manos de las jurisdicciones locales y que hasta ahora permanecía sin regulación específica en el ejido barilochense.