Por: Bache3000

La tarde del jueves cerró una semana intensa de audiencias públicas en el Concejo Deliberante de Bariloche. La Comisión Especial del Vertedero reunió por última vez a vecinos, científicos y referentes sociales que habían pedido turno para hablar. Doce voces distintas, con trayectorias y tonos diferentes, construyeron sin coordinarlo un argumento único: la situación del vertedero de Bariloche no es un problema técnico pendiente de resolución sino el síntoma visible de décadas de decisiones políticas que priorizaron el parche sobre la solución estructural.

Estuvieron escuchando los ediles Julieta Wallace, Mary Coronado, Facundo Villalba, Laura Totonelli, y Roxana Ferrayra.

Carolina Morales, bióloga y referente de Patria y Futuro Bariloche, propuso desde el inicio lo que llamó una síntesis de los consensos emergentes de la semana. Señaló que la gestión de los residuos sólidos urbanos es un problema ambiental complejo y sistémico, y que la situación actual representa el incumplimiento del Plan GIRSU vigente por ordenanza. Apuntó además a la dimensión económica del problema: el vertedero es oneroso para el erario público porque paga contrataciones que, según datos compartidos en jornadas anteriores, estarían por encima de valores nacionales e internacionales por metro cúbico, mientras recibe residuos de otras jurisdicciones a valores por debajo de sus costos. "Existe la falsa creencia de que enterrar basura es gratis", parafraseó Morales a otro orador, "no, la estamos pagando y mucho, y todos los días". Sostuvo también que contaminar suelos, aire, agua y deteriorar el paisaje es, en términos económicos, matar a la gallina de los huevos de oro en una ciudad cuya actividad económica principal es el turismo.

María Hernández, de la Fundación Jóvenes por Bariloche, aportó datos concretos: Bariloche genera aproximadamente 200 toneladas diarias de residuos, de los cuales menos del 3% se recupera a través del reciclaje. El resto se deposita en un vertedero a cielo abierto con más de 45 años de funcionamiento. Señaló que entre el 45 y el 55% de esos residuos son orgánicos, lo que significa que más del 70% del material que hoy va al vertedero podría ser recuperado o valorizado. Propuso avanzar en tres pilares articulados: educación ambiental con enfoque territorial, separación en origen como condición estructural y corresponsabilidad entre Estado, sector privado y comunidad. Enfatizó que los grandes generadores, como hoteles, restaurantes y complejos turísticos, concentran una proporción significativa de los residuos en temporada alta y deben ser parte activa de la solución.

Micaela Guerrero, vecina autoconvocada que vive a dos kilómetros del vertedero, habló desde la frustración y la ironía. Dijo que en 2026, con inteligencia artificial y científicos locales, Bariloche sigue discutiendo un problema que tiene solución conocida. Reclamó directamente al intendente Walter Cortés que cree una Secretaría de Ambiente independiente del Poder Ejecutivo de turno, que se contrate a los profesionales de la ciudad y que se forme una mesa de trabajo con supervisión del Foro de Juntas Vecinales. "Sea el intendente que le cambió la vida a la gente", le pidió, "el que priorizó la salud por sobre todos los demás temas de la agenda".

Julio Crespo, vecino del Alto de Bariloche con más de setenta años y décadas de historia en el barrio Frutillar, habló de tragedia. Recordó que en 1993 y 1994 unas 370 familias fueron trasladadas a asentamientos ubicados directamente al lado del vertedero, sin agua, sin servicios, sin transporte. "Nadie se dio cuenta de que estaban al lado del basural", dijo. Señaló que quienes vivieron durante 25 años esa contaminación fueron ignorados por la ciudad hasta que comenzaron a llegar nuevos vecinos con más recursos que empezaron a sentir lo que los del barrio Pilar venían sufriendo desde hacía décadas. Pidió a los concejales que legislen para la gente, no para los papeles, y que aprovechen este momento de movilización ciudadana antes de que se agote.

Tomás Espinoza Consoli planteó el tema de la coherencia como eje de su exposición. Cuestionó cuántos de los presentes tienen tres tachos de residuos en su casa para separar plástico, metal y vidrio, y señaló que ese nivel de coherencia entre pensamiento, discurso y acción es el punto de partida. Relató que en 2016 presentó al Ejecutivo un proyecto de generación de gas metano a partir de residuos orgánicos mediante descomposición anaeróbica, que fue derivado a otra empresa sin reconocerle la autoría. Denunció que la municipalidad lo adjudicó a través de la ordenanza 9889-CM17 a una empresa privada mientras su proyecto quedaba sin respuesta en la Defensoría del Pueblo. Diez años después, dijo, no puede pararse a contar que ese gas calienta garrafas en el invierno barilochense. Afirmó que el Ejecutivo está "viciado de corrupción" y que la única disposición final de la basura es la planta de reciclaje, no una celda de enterramiento.

Marta, integrante del banco de ropa Remediemos, habló del consumo como problema estructural que antecede a la basura. Propuso prohibir el plástico de un solo uso en toda la ciudad y señaló que la ordenanza ya existe pero no se controla. Reclamó la creación de un organismo de control ambiental, incentivar mediante descuentos en cánones a comerciantes que usen material reciclable y convocar a las juntas vecinales y a artistas con experiencia en reciclaje para generar fuentes de trabajo en los barrios.

Federico López Lambert cerró las exposiciones vecinales con un tono deliberadamente emocional. Señaló que el Ejecutivo no asistió ni un solo día a las audiencias y que el envío del proyecto de nueva celda a comisión, en la sesión del Jueves Santo, fue una maniobra para evitar que se aprobara algo que la ciudadanía rechazaba. Recordó la ordenanza 3349, impulsada desde su fundación FADES, que establece un camino claro hacia el cierre del vertedero y la relocalización, con sitios posibles ya estudiados sobre el eje de la ruta 23. Afirmó que tienen un recurso administrativo interpuesto y que están dispuestos a judicializarlo. "El vertedero ha operado por más de 40 años sin controles reales", dijo, y enumeró los datos: 200 toneladas diarias, 500.000 toneladas acumuladas, 37 hectáreas ocupadas, un 3 a 5% de reciclaje real. "Cerrar el vertedero y remediar el suelo es un imperativo moral", concluyó. "No podemos seguir siendo la gente detrás de la montaña que esconde sus desperdicios en el patio de sus hermanos."

La presidenta de la Comisión Especial, Mari Coronado, agradeció a los vecinos que participaron durante toda la semana, a los concejales y al equipo de coordinación. Treinta oradores registrados a lo largo de varios días dejaron un expediente extenso que deberá ser procesado por el cuerpo deliberativo antes de que el Concejo tome una decisión sobre el futuro del vertedero y el proyecto de ordenanza 514/25 impulsado por el Ejecutivo de Walter Cortés.