Por: Bache3000

Cuando en septiembre de 2025 un grupo de fiscales, defensores y funcionarios judiciales decidió dar el paso y denunciar formalmente a su propia jefa, el edificio de la calle Anasagasti 700 tembló como pocas veces en su historia reciente. El escrito que llegó al Consejo de la Magistratura pintaba un cuadro de conducción autoritaria, humillaciones reiteradas, presiones que no respetaban horarios y represalias contra quienes se animaban a cuestionar. Algunos de los firmantes llegaron a ese momento después de atravesar licencias psiquiátricas. Otro había renunciado.

Siete meses después, Betiana Cendón sigue siendo la fiscal jefa de Bariloche, el sumario disciplinario avanza sin que se conozcan definiciones sustanciales y la investigación penal fue archivada por un fiscal que, según los propios denunciantes, nunca llegó a investigar nada. Lo que el caso dejó expuesto no es solamente el comportamiento de una funcionaria: es la arquitectura de un sistema de control que, cuando debe juzgar a uno de los suyos, parece regirse por otros tiempos.

La denuncia original fue firmada el 9 de septiembre por seis integrantes del Ministerio Público: los fiscales Guillermo Lista y Tomás Soto, los fiscales adjuntos María Fernanda Orticelli y Álvaro Vitterbori, la defensora adjunta pública Mónica Goye y el jefe de división Germán Torres. Días después, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro presentó su propia denuncia ante el Consejo de la Magistratura, sumando al cuadro acusaciones de persecución gremial y hostigamiento sistemático. Las acusaciones que acumulaba el expediente abarcaban desde maltrato y violencia laboral hasta presuntos delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, incluyendo episodios concretos de injerencia en causas ajenas y manipulación de prueba en audiencias.

El Consejo de la Magistratura tardó dos meses en resolver abrir el sumario administrativo. Lo hizo el 8 de noviembre, designando como instructor al legislador del bloque PRO Juan Murillo Ongaro, y rechazó ese mismo día el pedido de suspensión preventiva que habían formulado los denunciantes. El argumento para mantener a Cendón en funciones fue que la medida resultaba prematura en esa instancia, y que el procurador general Jorge Crespo ya había tomado recaudos para que los denunciantes no compartieran tareas directas con la investigada.

Los firmantes de la denuncia consideraron esa solución insuficiente. Mientras la fiscal conservara el cargo, argumentaron, podía acceder a información del expediente, influir sobre posibles testigos y ejercer el peso de su jerarquía sobre empleados que aún dependían funcionalmente de ella.

En diciembre, durante la última sesión del año, el Consejo rechazó por segunda vez y por unanimidad un nuevo pedido de suspensión provisoria, esta vez con la denuncia ya ampliada con nuevos hechos. Los denunciantes habían incorporado al expediente constancias de conductas que, según su presentación, se habrían producido con posterioridad al inicio del sumario y que calificaron como amedrentamiento e injerencia funcional. La presidenta del Consejo, la jueza Cecilia Criado, llamó a las partes a respetar los cauces procesales para no generar demoras adicionales. El instructor sumariante, por su parte, no informó públicamente sobre ninguna diligencia concreta realizada en el marco de la investigación.

(Edificio fiscal, Anasagasti 777)

 

La investigación penal que se cerró antes de comenzar

Desde el inicio del caso, el procurador Crespo había decidido separar los aspectos disciplinarios de los penales y derivar estos últimos a Viedma, para evitar que la investigación quedara en manos de funcionarios con vínculos directos con la investigada. El encargo recayó en el fiscal jefe Hernán Trejo, quien debía analizar si las conductas denunciadas configuraban delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias, prevaricato o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Trejo no citó a ningún testigo, no ordenó ninguna pericia y no secuestró ningún dispositivo. Revisó el sistema informático y los expedientes en papel, y concluyó que no había delito, según informó @tribunaldelacalle.

Ante esto, los seis firmantes de la denuncia original decidieron no aceptar el cierre y presentaron el 4 de abril un recurso de revisión ante el fiscal general Fabricio Brogna, para que el superior jerárquico de Trejo controle la legalidad y la solidez de lo resuelto. El planteo central del recurso no es que Trejo haya llegado a una conclusión equivocada: es que llegó a cualquier conclusión sin haber investigado.

En el escrito sostienen que el fiscal de Viedma dictó una desestimación prematura y arbitraria basándose únicamente en la revisión del sistema informático y de expedientes en papel, sin haber ordenado ninguna medida probatoria, sin haber citado a un solo testigo, sin haber requerido ninguna pericia y sin haber secuestrado ningún dispositivo. Para los denunciantes, esa secuencia no es un error de criterio sino una inversión del rol que el propio Código Procesal Penal le asigna al Ministerio Público Fiscal: la ley establece que es el fiscal quien tiene la obligación de promover la averiguación preliminar y cargar con la prueba, no quienes denuncian. Por eso los denunciantes le piden a Brogna que revoque la desestimación, ordene la apertura formal de la investigación preparatoria, disponga la producción inmediata de todas las medidas probatorias omitidas y designe a un nuevo fiscal para continuar la causa, apartando a Trejo del expediente.

A siete meses del estallido, el caso Cendón tiene tres frentes sin resolución: el sumario disciplinario sigue en trámite con plazos que se estiran y sin que se haya conocido el resultado de ninguna diligencia sustancial, la denuncia penal fue archivada pero ya fue apelada y espera una nueva definición, y el Superior Tribunal acaba de incorporar un señalamiento adicional sobre el desempeño de la fiscal en una causa con una víctima menor de edad. Lo que el expediente fue acumulando en este tiempo no es solamente evidencia sobre una funcionaria, es también un retrato del ritmo al que la justicia rionegrina decide investigar a los suyos.