Por: Bache3000

Hay una montaña en Bariloche que no aparece en las postales. No tiene nieve. No tiene vistas al lago. Tiene residuos, lixiviados, humo, ratas y décadas de promesas incumplidas apiladas unas sobre otras hasta formar algo que ya no se puede ignorar aunque durante mucho tiempo se haya intentado. Esa montaña se llama CRUM, Centro de Residuos Urbanos Municipales, y está en Pampa de Huenuleo, rodeada de barrios donde vive gente que respira su humo, toma su agua y espera que alguien, alguna vez, haga algo.

Este lunes 20 de abril, el concejal Leandro Costa Brutten presentó un proyecto que pretende ser ese algo.

El Proyecto de Ordenanza 596/26 propone crear la Comisión Especial denominada Ente Fiscalizador Ciudadano para el Cierre Sanitario, Remediación y Traslado del Vertedero Municipal. No es una comisión de estudio. No es un espacio de diálogo. No es otra instancia consultiva que producirá informes que nadie leerá y recomendaciones que nadie cumplirá. Sus decisiones serán vinculantes para el Departamento Ejecutivo Municipal, que tendrá diez días hábiles para acatarlas. El incumplimiento será falta grave. Eso, en el derecho administrativo, significa algo. O debería.

Conviene entender qué significa que algo sea vinculante en este contexto, porque el contexto importa. La Ordenanza 3349-CM-22 fijó el cierre definitivo del CRUM para el 4 de diciembre de 2023. No cerró. La Ley Provincial 5491 estableció la erradicación de los basurales a cielo abierto como objetivo prioritario, con vencimiento también en diciembre de 2023. Tampoco se cumplió. La Ley Nacional 25.916 prohíbe desde 2004 la ubicación de sitios de disposición final en zonas urbanas o próximas a ellas. Llevan más de veinte años sin acatar esa norma. El verbo acatar, en Bariloche, cuando se trata del basural, ha funcionado históricamente como un adorno jurídico.

Lo que hoy existe en Pampa de Huenuleo es un basural a cielo abierto, sin compactación, sin cobertura diaria, sin control de lixiviados ni de gases. Las obras que mejoraron algo en 2015 se perdieron por completo. Se está peor que hace una década. Eso no es una metáfora ni una hipérbole: es la descripción técnica que el propio proyecto consigna con una franqueza inusual en los textos legislativos municipales.

Alrededor de ese predio viven personas. En Pilar I y II, en 645 Viviendas, en 34 Hectáreas, en Valle Azul, en Nahuel Hue, en El Frutillar, en Villa Lago Gutiérrez, en 29 de Septiembre y en tantos otros barrios que fueron creciendo mientras el Estado miraba para otro lado y a veces, directamente, miraba hacia el lago para la foto.

Esos vecinos denunciaron los incendios recurrentes, el humo tóxico, los olores, las plagas y la sospecha fundada de contaminación de napas freáticas. Lo hicieron una vez y otra vez y otra vez más. Lo hicieron especialmente durante la semana del 13 al 17 de abril, cuando una Comisión Ciudadana sesionó en el ámbito del Concejo Municipal y produjo diagnósticos y esbozó soluciones con una seriedad que contrastó con décadas de inacción institucional. El proyecto reconoce ese trabajo y dispone que todos los que participaron en esas reuniones integren por derecho propio la nueva Comisión Especial. Es un gesto político que vale más que muchos discursos.

La composición del ente es intencionalmente plural, casi quirúrgicamente diseñada para que ningún sector pueda capturarla. Un concejal por cada bloque político, tres representantes del Foro de Juntas Vecinales, dos de asociaciones civiles con trayectoria en defensa ambiental elegidas por sorteo público, un representante de SOYEM, uno por cada universidad local, dos funcionarios designados por el Ejecutivo. Y además un Registro Público de Técnicos y Profesionales Voluntarios, abierto a especialistas en geología, hidrogeología, ingeniería sanitaria, química, biología, medicina del trabajo y derecho ambiental. Sus dictámenes también serán vinculantes. No hay aquí espacio para la opinión decorativa.

Las facultades que el proyecto confiere a esta Comisión son, según el propio texto, las más amplias que el Concejo puede otorgar. Podrá decidir sobre la selección del nuevo sitio de disposición final y los plazos de traslado. Podrá auditar en tiempo real todas las etapas del proceso. Podrá solicitar documentación a cualquier organismo público o privado con plazo de respuesta de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de falta grave. Podrá citar a comparecer bajo juramento a funcionarios y contratistas.

Podrá revisar, opinar y vetar licitaciones vinculadas al proceso de cierre, con un mecanismo que se confirma automáticamente si el Concejo no resuelve en diez días. Podrá ingresar sin autorización previa al predio y a cualquier instalación relacionada. Podrá contratar pericias independientes con cargo al municipio. Podrá convocar audiencias públicas cuyos resultados serán vinculantes para el Ejecutivo. Podrá promover acciones judiciales y penales en representación del interés colectivo, y el Municipio deberá poner a disposición los recursos legales y técnicos para sostenerlas.

Es, en síntesis, un órgano de control que tiene más poder que cualquier comisión creada en los últimos veintiséis años en esta ciudad para tratar este tema. Y ahí está quizás la clave de todo: el proyecto abroga expresamente la Ordenanza 1085-CM-00, aquella comisión creada en el año 2000 que durante más de dos décadas existió sin poder decidir nada. Costa Brutten no lo dice con crueldad pero lo dice con claridad: ese instrumento cumplió su ciclo. Lo que se necesita ahora no es otra comisión que estudie y recomiende. Se necesita un órgano que decida, controle y sancione.

El plan definitivo de cierre, remediación y traslado deberá estar listo en noventa días hábiles desde la aprobación de la ordenanza. El proceso completo tendrá dieciocho meses para concluir, prorrogables por única vez con justificación expresa y dos tercios de la Comisión. Mientras tanto, la Comisión podrá emitir medidas cautelares de cumplimiento inmediato sobre incendios, olores y seguridad perimetral. Sin esperar ratificación. Sin más dilaciones.

Hay también un detalle que el proyecto menciona casi al pasar, como si fuera logística, pero que en realidad es una oportunidad histórica: el corredor ferroviario del Tren Patagónico conecta Bariloche con la Línea Sur y ofrece la posibilidad de transportar a bajo costo materiales reciclables y residuos no tratables hacia el nuevo sitio de disposición final regional. Los estudios de localización realizados entre 2008 y 2012 a lo largo de la Ruta Nacional 23 ya identificaron parcelas posibles, entre ellas tierras fiscales provinciales y predios como Estancia San Ramón o Ex Campo de Marfúl. Desaprovechar esa ventaja logística, dice el proyecto, sería un error histórico. Tiene razón.

La pregunta que queda, la de siempre, es si el Concejo Municipal aprobará esta ordenanza o si encontrará la manera de diluirla, postergarla o convertirla en otra versión elegante de la inacción. La montaña de Pampa de Huenuleo sigue ahí, creciendo, esperando.