Por: Bache3000

El expediente se abrió a partir de la denuncia presentada por el hermano de la mujer, quien actuó en representación propia y de sus padres, adultos mayores. En su presentación describió un patrón de conductas reiteradas por parte del denunciado: rondas alrededor del domicilio familiar, llamados telefónicos insistentes, mensajes hostiles enviados tanto a él como a los progenitores de su hermana, amenazas de muerte y episodios de violencia en la vía pública.

La magistrada dispuso que el hombre deberá abstenerse de todo contacto con ese grupo familiar, ya sea en persona o por medios digitales, y no podrá acercarse a menos de 200 metros del domicilio de los padres ni de los lugares donde desarrollan sus actividades. Las restricciones tienen vigencia hasta marzo de 2027 y su incumplimiento puede derivar en una causa penal por desobediencia.

La resolución destacó de manera especial la condición de adultos mayores de los padres de la víctima, considerados en situación de vulnerabilidad y con derecho a una protección reforzada. En ese marco, la unidad procesal evaluó la gravedad de los hechos relatados y la necesidad de actuar de forma preventiva para evitar nuevos episodios.

La jueza encuadró el caso como violencia vicaria, una modalidad en la que la violencia no se ejerce directamente sobre la expareja sino sobre las personas de su entorno afectivo —en este caso, su familia de origen— como forma de perpetuar el control y el daño más allá del vínculo de pareja.

Junto con las medidas de restricción, la magistrada ordenó la intervención policial, la comunicación a la fiscalía y el traslado de la denuncia al acusado para que ejerza su defensa con asistencia letrada. También estableció que las notificaciones deberán realizarse de manera personal, con habilitación de días y horas inhábiles, y que en caso de no poder ubicarse al denunciado se activarán mecanismos para determinar su paradero.

La causa tramita bajo las reglas del proceso de violencia familiar, que permiten la adopción de medidas cautelares cuando existen elementos suficientes para inferir una situación de riesgo, con el objetivo de garantizar la protección inmediata de las personas involucradas.