Por: Bache3000

Un barilochense que no cumplió con su obligación alimentaria hacia sus hijos se enfrentó esta semana a un conjunto de medidas judiciales que le cierran salidas por tierra, por aire y ahora también por las vías digitales. La Unidad Procesal de Familia de Bariloche dispuso la prohibición de egreso del territorio nacional, la retención de la licencia de conducir y el libramiento de oficios a billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y Naranja X para identificar cuentas, saldos y eventuales fondos embargables. La deuda acumulada supera los siete millones de pesos.

La resolución fue dictada en el marco de una sentencia monitoria que se fue acumulando con el paso del tiempo ante la inacción del progenitor. La mujer a cargo de los hijos sostuvo en el expediente la necesidad de medidas que produjeran resultados concretos, no simples requerimientos sin consecuencias. La Justicia le dio la razón y avanzó sobre todos los frentes disponibles.

El expediente también reveló obstáculos que complicaron la ejecución desde adentro: la empleadora del hombre no respondió a los oficios judiciales que debían informar sobre retenciones salariales ni sobre la existencia de otros embargos anteriores. Esa omisión dejó a la Unidad Procesal sin datos clave para determinar qué descuentos ya se aplicaban y en qué condiciones. La falta de cooperación no quedó sin consecuencias: la jueza interviniente fijó un plazo de cinco días para que la empresa respondiera y estableció una multa diaria acumulable en caso de nuevo incumplimiento.

La Justicia fue más lejos

La resolución no se detuvo en las restricciones personales ni en el requerimiento a la empleadora. La jueza también ordenó un pedido de informes al Registro Público de Juicios Universales para determinar si el hombre tiene o ha tenido participación en procesos sucesorios. Si se detecta alguno, el tribunal podrá avanzar sobre los derechos hereditarios que le correspondan como parte de la ejecución de la deuda alimentaria.

El rastreo de billeteras virtuales marca un punto de inflexión en la forma en que la Justicia de Río Negro aborda estos casos. La economía digital abrió canales por los que históricamente era difícil rastrear fondos, y la decisión de ordenar oficios a las principales plataformas del mercado muestra que los tribunales de familia están actualizando sus herramientas al ritmo de los cambios en el sistema financiero.

Todas estas medidas se encuadran dentro de las facultades que tienen los jueces y juezas de familia para intervenir en ejecuciones de alimentos. Son instrumentos que existen precisamente porque las obligaciones parentales no son negociables y porque una sentencia que no se cumple no es más que papel. En este caso, la decisión judicial dejó en claro que ignorar esa deuda tiene un costo que se expande con el tiempo.