Por: Bache3000

La Comisión Legislativa del Concejo Deliberante de Bariloche se reunió este miércoles para debatir el futuro del vertedero municipal, en una sesión que se extendió por horas y concentró las posiciones de casi todos los bloques políticos del cuerpo. El encuentro llegó inmediatamente después de la semana de audiencias públicas en la que participaron más de sesenta oradores —vecinos, profesionales, representantes de organizaciones— y que dejó expuesta, según coincidieron varios concejales, la ausencia total del Departamento Ejecutivo.

La sesión comenzó con la lectura de dos notas vinculadas al tema. La primera, de la Junta Vecinal 645 Viviendas, solicitó la creación de una comisión interinstitucional para la gestión y control del sistema de disposición final de residuos, con carácter vinculante: obligatoriedad de dictamen previo para toda decisión relevante, nulidad de los actos administrativos que omitiesen su intervención y participación institucionalizada de las juntas vecinales. La segunda, del Foro de Juntas por el Ambiente, planteaba una propuesta similar orientada a que los vecinos dejaran de cumplir un rol meramente consultivo para integrar mecanismos de decisión efectiva.

El presidente de la comisión, Gerardo Del Río, valoró la semana de participación ciudadana y señaló que el material producido sería enviado al Departamento Ejecutivo para su análisis. Indicó que la idea era avanzar hacia una mesa interjurisdiccional que incluya a la provincia, al aeropuerto, a Parques Nacionales y a Villa Mascardi, y que la Comisión Especial continuaría funcionando. "Esto no se termina acá", afirmó, y destacó que el proceso había movilizado a sectores de toda la ciudad, no solo a los vecinos que viven en las inmediaciones del predio. Hizo referencia a la alocución del vecino Julio Crespo como especialmente significativa y admitió que la desidia de todos los sectores políticos que gobernaron la ciudad contribuyó a que el problema no se resolviera. "Quizás hoy sea el momento", dijo, y planteó que con siete bloques políticos el cuerpo podría ser parte del inicio de la solución.

El concejal Facundo Villalba pidió que todos los proyectos vinculados a la temática de residuos recibieran dictamen de preferencia para ser tratados con anterioridad al resto. Planteó también la disyuntiva de si mantener la Comisión Especial para centralizar el debate o derivar el tratamiento a las comisiones habituales del cuerpo. "Me parece que no es desacertado mantener la comisión especial para trabajar estos temas y centralizarlos, pero es una decisión que tenemos que tomar todos", expresó. Señaló que ningún miembro del Ejecutivo se había acercado a las audiencias y celebró que el concejal Ersimonia hubiese presentado un proyecto de compostaje, sumando al bloque gobernante a las iniciativas sobre gestión integral de residuos.

La concejal Roxana Ferreyra fue una de las voces más críticas respecto a la actitud del Departamento Ejecutivo. Recordó que sesenta vecinos se inscribieron como oradores, que muchos quedaron afuera, y que el proceso contó con la presencia de profesionales de distintas disciplinas. "Una pena que no haya participado el Departamento Ejecutivo, que era el que tenía principal interés por escuchar propuestas superadoras", afirmó, y recordó que fue el propio secretario legal y técnico Domínguez quien había convocado públicamente a quienes tuviesen propuestas superadoras. Cuestionó que, pese a todo lo debatido, el intendente Walter Cortés salió públicamente el 18 de abril a defender el pliego del vertedero tal como estaba redactado. "¿Alguien le puede decir que no tiene los votos? ¿Que este cuerpo no está de acuerdo en el proyecto así como está?", preguntó. Propuso que si el Ejecutivo no convocaba a una mesa de trabajo interinstitucional, fuera el propio Concejo quien lo hiciera.

El concejal Leandro Costa Brutten subrayó que el cierre del vertedero no puede tratarse como un elemento aislado sino como una política de gobierno integral, con implicancias en salud, medioambiente y derechos ciudadanos. Insistió en que la recolección, el tratamiento y la disposición final de residuos constituyen un servicio público, y advirtió que votar cualquier cosa que no sea el cierre implicaría incumplir legislación nacional, provincial y una ordenanza local.

"Para votar una cosa que no sea el cierre del vertedero, estamos incumpliendo una ley nacional, provincial y una ordenanza local", afirmó. Denunció que lo que el Ejecutivo pretendía con el pliego no era solo extender el uso del predio sino tercerizar y privatizar su gestión, algo que los vecinos no autorizaron. También cruzó al presidente del cuerpo por el rechazo de la ordenanza fiscal y tarifaria, y afirmó que una contribuyente le reportó un aumento del 533%en sus tasas sin que esa ordenanza estuviera aprobada.

El concejal  Villalba aportó datos del presupuesto ejecutado municipal y señaló que los ingresos proyectados para el año ascienden a 203 mil millones de pesos, cuestionando el argumento de que no hay recursos para afrontar el problema. Sobre el vertedero, planteó la necesidad de una mesa interjurisdiccional y destacó el ejemplo del Alto Valle Oeste, donde el municipio condujo un proceso regional que agrupó a cinco municipios con una población similar a la de la zona andina. Criticó que la gestión actual desarticuló el programa Bariloche Recicla —que contaba con once camiones, puntos verdes y gestores ambientales en sesenta juntas vecinales— sin reemplazarlo por nada. "Si no, cada cambio de gestión va a ser un reseteo", advirtió. Presentó dos proyectos propios orientados a la creación de la mesa interjurisdiccional y cerró con una frase de desafío: "Podemos hacer historia en este Concejo Deliberante."

El concejal Juan Pablo Ferrari protagonizó uno de los momentos más resonantes de la sesión. Primero realizó una autocrítica pública y pidió disculpas al concejal Del Río y a otros legisladores por haber dicho en una sesión anterior que la votación del cierre del vertedero se había hecho "para la tribuna". "Creo que no estuve bien, hubo trabajo atrás de ese proyecto. Uno no estaba de acuerdo, pero si estoy diciendo que tenemos que estar todos en un camino, no puedo expresar que se votó para la tribuna", reconoció. Luego, sin embargo, planteó su propia lectura crítica del pasado: señaló que votar una fecha de cierre sin tener definido el cómo, el dónde y el cuándo también fue un error político.

"Fue jugar para la tribuna, porque se dijo tal día se cierra, sin tener la solución de fondo", sostuvo. Ferrari defendió la Comisión Especial como un avance concreto en la respuesta a los vecinos y afirmó que la escucha de sesenta oradores dejó en claro que no existe una sola mirada sobre el problema. Propuso avanzar en la mesa interjurisdiccional con la participación de Dina Huapi, el aeropuerto, Parques Nacionales, Mascardi y la provincia, y fue categórico: "Si el Ejecutivo no la convoca, la convocaremos desde el Concejo." También advirtió que incluso si mañana apareciera el terreno para un nuevo vertedero, sin las soluciones previas —separación en origen, recolección diferenciada, concientización— en tres años el problema volvería a repetirse en otro lugar.

Costa Brutten retomó la palabra para reclamar que la participación vecinal se transforme en un mecanismo decisorio real. Señaló que los vecinos, los profesionales y las instituciones que expusieron durante la semana demostraron que no existe licencia social para ningún proyecto que implique continuar operando el vertedero tal como está. "No hay licencia social para que hagan ningún proyecto para continuar, ni con una celda, ni con dos, ni con tres", afirmó. Criticó que el intendente no haya asistido ni enviado a ningún funcionario a las audiencias y consideró que esa ausencia fue una apuesta política al fracaso de la participación. "Se encontraron con una participación extraordinaria", dijo. Pidió que el intendente cumpla la palabra empeñada en la campaña electoral, cuando prometió resolver el problema en un día. "Basta. Ya consultamos, interactuamos, vimos a los médicos, vimos a los científicos, ya está", sostuvo, y reclamó pasar a una etapa de resolución con los vecinos adentro.

La concejal Ferreyra volvió a tomar la palabra para reclamar información concreta sobre los cánones que pagan Argentina 2000 y Parques Nacionales por el uso del vertedero, y sobre el destino de la recaudación de la tasa a grandes generadores de residuos. "¿Va a la remediación del vertedero? No. Entonces quiero saber a dónde va esa plata", planteó. Reclamó también que la Comisión Especial tenga respaldo formal del cuerpo, con dictamen y firmas de los concejales, para poder exigir al Ejecutivo la convocatoria a la mesa de trabajo. Al enumerar los profesionales que expusieron durante las audiencias —geólogos, abogados ambientalistas, ingenieros nucleares y ambientales, médicos, biólogos— cuestionó que se pretendiera minimizar el peso de quienes participaron, y lanzó una pregunta que sintetizó su posición: "Con tres millones de dólares por año, ¿sabe todo lo que podemos hacer para solucionar el problema del vertedero?"

Al cierre, el presidente confirmó que la Comisión Especial tiene respaldo formal —fue aprobada por los presidentes de todos los bloques— y que el siguiente paso será enviar toda la documentación al Departamento Ejecutivo. El conjunto del cuerpo mostró coincidencia en la necesidad de conformar una mesa interjurisdiccional, aunque persisten diferencias sobre quién debe convocarla y en qué plazos. Lo que quedó claro es que casi todos los bloques ya tienen proyectos presentados sobre el tema, y que la presión sobre el Ejecutivo para que tome la iniciativa no hará más que crecer.