Por: Bache3000

 

Hay una manera de anunciar obras públicas que se parece mucho a un truco de magia: mostrar el conejo antes de haber comprado la galera. El proyecto de natatorio municipal —una pileta olímpica de 50 por 25 metros, más dos piletas complementarias, tribunas para hasta 1.200 personas, terraza mirador, cafetería y paneles solares, todo en un predio de una a una y media hectáreas que nadie ha identificado todavía con certeza— fue presentado con el entusiasmo propio de las grandes obras. Lo que no fue presentado es lo que la ley exige antes de presentar cualquier cosa.

Bache3000 accedió a documentación institucional y consultó en diversas instancias que deberían haber intervenido en el proceso de aprobación de una obra de estas características. El resultado es uniforme: nadie registra nada.

Para entender la magnitud del problema, conviene detenerse en lo que la normativa vigente exige antes de que una pala toque el suelo en una obra de esta escala. Primero, un profesional habilitado ante el Colegio de Arquitectos debe firmar y encomendar el proyecto, asumiendo responsabilidad técnica y legal sobre él. Segundo, ese proyecto debe tramitar una Licencia para Construir ante la Dirección de Obras Particulares del municipio, con toda la documentación técnica incorporada: planos, memorias descriptivas, cálculo estructural. Tercero, una obra de impacto urbano significativo —y un natatorio de cinco mil metros cuadrados cubiertos lo es— requiere estudios de factibilidad técnica que evalúen infraestructura, servicios y capacidad del terreno. Cuarto, debe acreditarse el dominio del predio: que el terreno donde se construirá pertenece efectivamente a quien dice ser su titular. Quinto, para obras de esta envergadura corresponde una evaluación de impacto ambiental que analice los efectos sobre el entorno urbano y los recursos hídricos. Ninguno de esos pasos fue cumplido, o al menos ninguno consta en los registros de las instituciones que deberían saberlo.

En el Colegio de Arquitectos de Río Negro no existe, no consta, ninguna habilitación profesional vinculada al natatorio. La institución tampoco tiene conocimiento sobre la existencia de estudios de factibilidad técnica, de impacto ambiental, ni sobre la compatibilidad de la localización con el planeamiento urbano vigente. Lo que el colegio sí tiene es un nombre: el del profesional que manifestó haber sido contratado directamente por el intendente para elaborar el anteproyecto, y al que la Comisión Directiva intimó a regularizar su situación ante el colegio.

Pero el problema no se agota en los papeles faltantes. Una pileta olímpica no es solo deporte: es un proyecto estructurante del tejido urbano, y debería pensarse como tal. Un natatorio de esta escala atrae flujos masivos de personas —competencias, entrenamientos, turismo deportivo, uso escolar— que exigen respuestas concretas de la ciudad entera. El transporte público debe poder llegar y evacuar esa demanda. El estacionamiento debe estar planificado para absorberla sin colapsar el entorno inmediato. La accesibilidad para personas con movilidad reducida no es un detalle de diseño sino una obligación legal. La provisión de agua, energía y gestión de residuos debe estar garantizada antes de la primera palada. El sistema de salud y seguridad del área debe estar dimensionado para una instalación que puede concentrar miles de personas en un evento. Y la red de equipamientos urbanos —desde la parada de colectivo hasta el centro de salud más cercano— tiene que ser parte del análisis desde el día cero, no un problema que se resuelve después. En Bariloche, donde el turismo deportivo es además una herramienta de desarrollo económico, un natatorio olímpico puede ser mucho más que una pileta: puede ser un polo que articule deporte, turismo e infraestructura urbana. Pero solo si se lo piensa así desde el principio. Nada indica que eso haya ocurrido.

Una obra de estas dimensiones —entre 4.500 y 5.000 metros cuadrados cubiertos, con tres vasos de natación, instalaciones deportivas, área técnica con sistema de bombas, filtrado y climatización— no es una vereda ni un cordón cuneta. Es el tipo de intervención que requiere, antes de cualquier anuncio, una cadena de validaciones que en este caso brilla por su ausencia.

El colegio profesional siempre exige a toda obra un principio elemental pero que, en este contexto, tiene el peso de un reproche: las obras públicas deben cumplir con los mismos estándares de rigor técnico y legal que se le exigen a cualquier particular que quiera construir en la ciudad.

En Bariloche, eso todavía está por demostrarse.