Por: Bache3000

El Concejo Municipal de Bariloche tiene sobre la mesa un nuevo proyecto de ordenanza que apunta al corazón de uno de los problemas más persistentes de la ciudad: la gestión de residuos sólidos urbanos. La iniciativa, impulsada por Laura Totonelli del bloque Juntos Somos Río Negro, propone crear un marco regulatorio integral para los llamados "grandes generadores" y para los transportistas privados de residuos, dos actores que hoy operan en un vacío normativo que el propio texto del proyecto reconoce como insostenible.

El diagnóstico que fundamenta la propuesta es preciso y sin eufemismos. El crecimiento demográfico y el perfil turístico de Bariloche incrementaron sostenidamente la generación de residuos, pero esa expansión no fue acompañada por transformaciones equivalentes en la gestión. El resultado es un sistema fragmentado, donde conviven circuitos formales e informales de recolección, sin trazabilidad y sin control suficiente por parte del Estado municipal. Esa opacidad, sostiene el proyecto, es la que deriva en prácticas inadecuadas de disposición final.

La ordenanza define como "grandes generadores" a aquellos sujetos que produzcan residuos sólidos urbanos en volúmenes significativos, conforme lo establezca la reglamentación. La categoría incluye tanto a generadores permanentes como a los estacionales y eventuales: centros de esquí, campings, eventos masivos, obras en construcción y actividades turísticas o culturales de alta concentración quedan expresamente comprendidos. Bariloche, con su estacionalidad pronunciada, genera picos de residuos que exceden ampliamente los promedios habituales, y la norma busca responder específicamente a esa realidad.

Uno de los ejes más concretos del proyecto es la obligación de presentar un Plan de Gestión de Residuos aprobado por la Autoridad de Aplicación, que sería la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Ese plan no es un trámite formal sino una condición de habilitación; sin su aprobación, las actividades alcanzadas no podrán funcionar.

(LAURA TOTONELLI, CONCEJAL DE BARILOCHE)

La trazabilidad es otro pilar central. La ordenanza establece que todo transporte de residuos deberá contar con Hoja de Ruta y que toda descarga deberá ir acompañada de un Certificado de Disposición Final. Ambos instrumentos deben conservarse y estar disponibles para la autoridad competente. La Autoridad de Aplicación tendrá un plazo máximo de 90 días para implementar estos mecanismos de manera operativa. El objetivo es saber exactamente qué se tira, quién lo tira y adónde va a parar.

Para los transportistas privados, el proyecto crea un registro obligatorio de inscripción con condiciones específicas de funcionamiento. Hoy, muchos de esos actores operan sin mecanismos de control por parte del municipio, lo que debilita la planificación pública y abre la puerta a prácticas de disposición irregular. La norma también reconoce la diversidad de corrientes de residuos que genera la actividad económica local y manda a la Autoridad de Aplicación a elaborar protocolos diferenciados para residuos forestales, neumáticos fuera de uso, aceites minerales, residuos electrónicos, de imprentas y de obra, entre otros.

El régimen tributario es otro punto que el proyecto deja abierto a la reglamentación pero con una orientación clara. La gestión de los grandes generadores estará sujeta a un esquema tarifario diferenciado, y se podrán establecer incentivos fiscales para quienes reduzcan, reutilicen o reciclen sus residuos. La lógica es que quien más genera, más paga, y quien gestiona mejor, obtiene beneficios.