Por: Bache3000

La Confederación General del Trabajo presentó un informe de situación sobre el sistema de obras sociales sindicales que traza un cuadro alarmante: la crisis económica que atraviesa el modelo de salud laboral argentina tiene, para muchas organizaciones, características casi terminales. Algunas entidades ya fueron dadas de baja, como la obra social de la Industria del Fósforo; otras fueron declaradas en situación de crisis, como las de la Dirección de Industria de la Construcción y la Industria Pesquera de Mar del Plata; y otras directamente intervenidas, como OSPRERA y Ladrilleros.

El nudo del problema es estructural. El sistema financia la atención médica con el 9% del salario de los trabajadores, pero ese salario acumula una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, mientras que el costo de los servicios asistenciales creció muy por encima de la inflación general. El resultado es una brecha que se ensancha mes a mes entre lo que las obras sociales recaudan y lo que necesitan para funcionar.

Los números del informe son contundentes. El promedio de recaudación del sistema es de 67.525 pesos por beneficiario, mientras que el costo del Plan Médico Obligatorio —el menú mínimo de prestaciones que toda obra social está legalmente obligada a brindar— trepó en marzo de 2026 a los 85.000 pesos per cápita, según estimaciones de los técnicos de la propia CGT. Esa diferencia del 25% se traduce en una realidad concreta: más de 11 millones de beneficiarios, el 78,5% del padrón total, no generan los recursos suficientes para financiar la cobertura a la que tienen derecho.

Ante ese déficit estructural, la mayor parte de las obras sociales depende hoy del auxilio financiero de sus sindicatos para no caer en cesación de pagos. La consecuencia directa sobre los afiliados es visible: caída en la calidad de la atención, demoras crecientes en el acceso a prestaciones y dificultades para obtener medicamentos. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, la capacidad de compra de medicamentos de uso ambulatorio se redujo en promedio un 49%, y la situación no se revirtió.

A ese escenario se suman dos sangrados adicionales que el documento de la CGT describe sin eufemismos. Por un lado, la incorporación de monotributistas al sistema, cuyos aportes rondan los 20.000 pesos mensuales —un monto que resulta 290% inferior al costo del PMO— y que encima presentan, en promedio, una carga de enfermedad mayor a la de los trabajadores en relación de dependencia. Por otro lado, los jubilados que permanecen en obras sociales sindicales: el PAMI transfiere apenas 48.269 pesos per cápita, cuando su propia recaudación real asciende a aproximadamente 159.000 pesos, sin prestar ningún servicio a cambio de esa diferencia.

La facturación de los hospitales públicos agrega otro frente de tensión. En distritos como la Ciudad de Buenos Aires, los hospitales estatales cobran a las obras sociales valores que superan los de los prestadores privados, no solicitan autorización previa para prácticas programadas y comunican las internaciones de urgencia de manera tardía e irregular, lo que impide cualquier auditoría en terreno. Las facturas emitidas bajo ese esquema adquieren carácter de cosa juzgada y con frecuencia terminan en la Justicia.

En materia de subsidios, la CGT también cuestiona la lógica distributiva de los fondos que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud. El SUMA —subsidio de mitigación de asimetrías— reparte unos 2.380 pesos por beneficiario de manera igualitaria entre todas las obras sociales, lo que equivale a asignar el mismo monto a entidades de bajos ingresos que a organismos como OSDE o Swiss Medical. El informe lo califica directamente de inequitativo. Y sobre el Fondo Solidario de Redistribución, señala un doble golpe: el creciente volumen de prestaciones por discapacidad ya consume más del 75% de sus recursos, mientras que un reciente decreto del Poder Ejecutivo redujo cinco puntos los aportes sobre los salarios más altos —del 20 al 15%—, igualando hacia abajo y profundizando el desfinanciamiento del fondo.

El informe lleva las firmas de los secretarios generales de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, junto a José Luis Lingeri, Secretario de Acción Social de la central. La advertencia es colectiva y sin matices: sin una intervención urgente del Estado sobre las múltiples variables que erosionan el sistema, las obras sociales sindicales seguirán cayendo una a una.