Por: Bache3000

La Municipalidad de Bariloche reconoció oficialmente que no tiene capacidad para controlar los ruidos molestos que generan las motocicletas con escapes antirreglamentarios durante la noche. Así lo establece un informe fechado el 23 de abril, emitido por la Asesoría Letrada y la Secretaría Legal y Técnica del Ejecutivo municipal, en respuesta a un pedido de informes del concejal Leandro Costa Brutten.

El documento expone una serie de limitaciones concretas. El municipio cuenta con dos decibelímetros, pero ninguno está homologado ni tiene impresora de tickets, por lo que no sirven como prueba legal para aplicar sanciones. Tampoco existe un mapa sonoro de la ciudad ni parámetros actualizados que definan los límites de decibeles permitidos en cada zona.

A eso se suman los problemas de personal y logística. De noche, la ciudad dispone de apenas seis inspectores y un solo vehículo. Después de las 22 horas no hay servicio de grúas. Los operativos dependen de la disponibilidad de la Policía de Río Negro y se realizan de forma aleatoria, sin planificación sistemática.

Costa Brutten fue directo al evaluar el informe. "El propio Ejecutivo municipal reconoció por escrito la existencia de una zona liberada", afirmó el concejal. "Se generó una tierra de nadie donde la desidia estatal permite que grupos se adueñen de la vía pública, provocando ruidos extremos y maniobras peligrosas sin consecuencias."

El edil anticipó que recurrirá a la Justicia con el informe como prueba documental del incumplimiento de deberes por parte de la gestión municipal.

Mientras tanto, desde el Concejo Deliberante se trabaja en una propuesta que apunta a reducir el conflicto sin limitarse a la prohibición. Los legisladores evalúan habilitar un predio específico, como la zona del Camino Viejo al Aeropuerto u otros sectores periféricos, donde los motociclistas puedan realizar sus actividades de noche sin afectar a los vecinos. El objetivo es sacar estas prácticas de las arterias céntricas como San Martín, Moreno, Onelli y la Costanera, donde el impacto sobre el descanso de residentes y turistas es mayor.

Costa Brutten fue claro en ese punto también: mientras se diseñan alternativas, la obligación del Estado sigue siendo garantizar la tranquilidad de los barilochenses y los visitantes.