Por: Bache3000

Cinco legisladores de la bancada PRO-Unión Republicana reingresaron el proyecto de ley que busca declarar a la educación como servicio estratégico esencial en la provincia de Río Negro. La iniciativa lleva la firma de Juan Martín, Ofelia Stupenengo, María Laura Frei, Martina Lacour y Juan Murillo Ongaro, quienes denuncian que el texto acumula meses de parálisis legislativa sin que nadie haya ofrecido una explicación.

El expediente no es nuevo. El proyecto fue debatido y aprobado en primera vuelta durante la sesión ordinaria del 26 de septiembre de 2024. Sin embargo, tras ser sometido a consideración popular, el proceso quedó trabado. Los autores describen ese estancamiento como inexplicable y advierten que no se dio razón alguna para su omisión en el recinto, lo que los llevó a reingresar el texto con renovada presión política.

El núcleo del proyecto es la creación de un Sistema de Guardias Mínimas Educativas Obligatorias que garantice el funcionamiento de las escuelas durante paros y huelgas docentes y no docentes. Bajo este esquema, los establecimientos estarían obligados a mantenerse abiertos en esos días y a sostener el servicio de alimentación escolar, independientemente de las medidas de acción directa que adopten los sindicatos.

El mecanismo establece pisos de presencia escalonados según la duración del conflicto. Ante una huelga de uno o dos días, deberá asistir al menos el 30 por ciento del personal, incluyendo directivos, docentes y auxiliares. Si la medida se extiende a tres días o más, esa cifra trepa al 50 por ciento de la nómina. Los trabajadores convocados a la guardia que no se presenten serán sancionados con una falta injustificada.

Los impulsores sostienen que la sanción definitiva de la norma se volvió más urgente a la luz del nuevo marco jurídico nacional. El Congreso de la Nación sancionó recientemente la Ley 27.802, que regula los conflictos colectivos de trabajo e incorpora expresamente al cuidado de menores y a la educación obligatoria como actividades esenciales sujetas a servicios mínimos. Los legisladores rionegrinos argumentan que la provincia debe armonizar su legislación con esos parámetros federales.

En los fundamentos del proyecto, los autores cargan contra lo que definen como un patrón de incumplimiento institucional. Señalan que la suspensión del inicio normal del ciclo lectivo se ha convertido en un acto repetitivo que el Estado tolera año tras año en contradicción con su rol protector de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Afirman que la presencialidad en las aulas es irremplazable y que la educación constituye el activo más importante para garantizar condiciones de igualdad y frenar el avance de la pobreza.

La iniciativa llega en un contexto de tensión sindical recurrente a nivel provincial y nacional. Sus autores la defienden como un avance inobjetable en materia de derechos de las familias rionegrinas y exigen que la Legislatura fije fecha de tratamiento en segunda vuelta sin más demoras.