Por: Bache3000

Cerca de 500 familias de Bariloche llevan meses, y en algunos casos años, pagando cuotas en pesos para acceder a un lote propio en la zona de Las Morenas Pampa Alta. La promesa era clara: al terminar de pagar, tendrían su terreno. El problema es que ese terreno no puede venderse ni subdividirse legalmente. Un fallo judicial lo bloquea, el loteo nunca fue aprobado por la Municipalidad, todos los plazos que las propias partes habían acordado para resolver la situación ya expiraron, y la persona que conduce la cooperativa que nuclea a esas familias es la misma que negoció la compra del campo en beneficio propio.

La pregunta que se hacen quienes conocen el caso desde adentro es una sola: ¿qué pasó con la plata? Si los lotes no pueden venderse, y ni siquiera existen como unidades jurídicas independientes, la pregunta sobre el destino del dinero que pagaron cientos de familias se vuelve inevitable.

La arquitectura de la operación tiene tres niveles. En la base están las 500 familias, que pagan cuotas a la Cooperativa de Vivienda Ebenezer Limitada creyendo que ese dinero va a financiar la compra de sus futuros lotes. En el medio está Griselda Andrea Garcés, que conduce esa cooperativa como apoderada y al mismo tiempo es administradora titular de G.Garces S.A.S., su empresa personal (que en los documentos figura con la misma dirección comercial que la cooperativa). En la cima está la familia Li, titular registral de un campo de aproximadamente 145 hectáreas con nomenclatura catastral 19-2-N-N10-005 en el sector del vertedero municipal, que es el terreno sobre el que se apoya toda la operación.

Lo que revelan los documentos es que el 2 de diciembre de 2025, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Garcés firmó dos contratos de compra sobre ese mismo campo, el mismo día. En uno actuó como administradora de G.Garces S.A.S. y reservó una fracción de aproximadamente 20 hectáreas por un precio total de dos millones de dólares, entregando 200.000 dólares en efectivo como adelanto. En el otro actuó como apoderada de la Cooperativa Ebenezer y reservó una fracción de aproximadamente 10 hectáreas por un precio total de un millón de dólares, entregando 160.000 dólares en efectivo. Dos contratos, dos roles, una sola persona, el mismo terreno bloqueado, el mismo día. El monto total comprometido entre ambas operaciones asciende a tres millones de dólares.

Los dos roles se oponen en su génesis: en uno, es la presidenta de un loteo social, para acceder a su propia tierra y como vivienda única. En el otro, actúa como empresaria y comercializadora privada de tierras que se venden con boletos de compra venta que advierten que los terrenos tienen problemas judiciales.

Ambos contratos de compra reconocen expresamente la existencia de una prohibición de innovar inscripta en el Registro de la Propiedad el 26 de noviembre de 2024, en el marco de la causa "Ditullio Emprendimientos SAS c/ Li Chiu Siang y otros s/ escrituración s/ medida cautelar s/ prohibición de innovar" (expediente BA-02325-C-2024), tramitada ante la Unidad Jurisdiccional Civil N°3 de Bariloche a cargo del juez Santiago Morán. Esa medida equivale a un candado judicial: mientras esté vigente, el terreno no puede venderse, subdividirse ni transferirse a nadie. El juez ordenó además la suspensión de las actuaciones principales en julio de 2025, lo que complica aún más cualquier salida rápida.

El historial de contratos muestra que la operación viene acumulando plazos vencidos desde hace tiempo. En julio de 2025, el corredor inmobiliario Federico Zerar, de Coldwell Banker Patagonia Lakes, había firmado una reserva ad-referendum con Garcés por USD 45.000 sobre una fracción del mismo campo. Ese documento ya reconocía por escrito las "imposibilidades actuales para escriturar el inmueble" y hacía firmar a la compradora una renuncia expresa a cualquier reclamo contra el corredor por esas imposibilidades. El plazo para levantar la prohibición en ese contrato era el 31 de marzo de 2026. Venció sin novedades. Los contratos de diciembre de 2025 fijaron un nuevo plazo: el 30 de abril de 2026. También venció, sin que haya constancia pública de que la medida haya sido levantada.

A todo eso se suma que el loteo nunca fue aprobado por el concejo municipal. El plano que circula entre las familias muestra una subdivisión en 14 parcelas de alrededor de 10 hectáreas cada una, pero esa subdivisión no tiene aprobación municipal ni ningún tipo de parámetro. Para poder entregarle a cada familia un lote con título propio, la vendedora debería tramitar ante la Municipalidad de Bariloche un Plan de Estructuración conforme al Plan Estratégico e Integral de Desarrollo, un proceso que puede extenderse durante años y que todavía no fue iniciado formalmente. Sin esa aprobación, los lotes por los que las familias están pagando no existen como unidades jurídicas independientes.

 

Lo que hace más urgente la situación es lo ocurrido hace pocos días. Un mensaje difundido entre los integrantes de la cooperativa indica que Garcés intimó a las familias a firmar contratos y pagar los saldos pendientes antes del 6 de mayo. Es decir, se les está pidiendo que entreguen más dinero por terrenos que no pueden ser transferidos legalmente, cuya subdivisión no está aprobada, sobre los cuales el propio corredor reconoció por escrito sus "imposibilidades actuales" hace casi un año, y que son objeto de dos reservas de compra simultáneas firmadas por la misma persona que los conduce.

El 5 de mayo está convocada una reunión donde participarían contadores, abogados y representantes de la inmobiliaria. Esa instancia se convierte en la oportunidad más inmediata para que las familias exijan respuestas concretas: el estado actual de la causa judicial, si la prohibición de innovar fue o no levantada, si existe un expediente del Plan de Estructuración en trámite ante el municipio, y qué ocurrirá con el dinero ya pagado si la operación no puede concretarse. Sin esas certezas verificadas por escrito, firmar o pagar más sería un error de consecuencias muy difíciles de revertir.