Por: Mg. Jorge Luis Vallazza

Los pedidos de informes de la legisladora Magdalena Odarda al Gobierno Provincial son, sin duda, un gesto valioso frente al escándalo del polista Barabucci, quien confesó públicamente haber recibido dos millones de dólares de los Emiratos Árabes para la compra de tierras de frontera. Sin embargo, es difícil imaginar que esas investigaciones prosperen mientras las autoridades superiores del Poder Judicial sean funcionales al poder político, como todo indica que ocurre en Río Negro desde hace varios años.

A esa inversión de capital árabe en nuestra región —casualmente vecina de los campos de Lewis— se suman las revelaciones del medio La Política Online sobre los posibles negocios entre el gobernador Weretilneck y los qataríes. El cuadro que emerge no invita precisamente al optimismo republicano.

El escepticismo sobre la real independencia de los poderes del Estado no es una intuición, sino que se apoya en antecedentes concretos. El caso más resonante fue cuando Weretilneck intentó habilitar su "re-re" —una alternativa que la propia Constitución provincial veda— y el Superior Tribunal de Justicia le dio la razón. Fue la Corte Suprema de la Nación la que debió corregir ese fallo, lo que terminó con Arabela Carreras encabezando la fórmula oficialista.

Otro episodio, menos rimbombante en términos políticos pero no menos grave en términos institucionales, fue cuando el STJ avaló la detención de un menor de edad que volvía de la escuela en un barrio residencial de Viedma, simplemente por su apariencia. El argumento que esgrimió el abogado del gobernador rozaba el absurdo: que no se podía prevenir el delito si no se le permitía a la Policía actuar antes de que ocurriera.

La Defensora de Menores apeló ese fallo retrógrado ante la Corte Suprema de la Nación, que lo dejó dormir varios años en un cajón. Casualidad o no, más de cinco años después, cuando el ya senador Weretilneck tejió una alianza con la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, los jueces del Comodoro Pro desempolvaron el expediente y fallaron en contra de la Justicia Provincial.

La sensación generalizada es que la cúpula judicial rionegrina no es independiente, sino que está subordinada al poder político de turno.

Esa percepción se refuerza al analizar el fallo que absolvió por unanimidad a la ex intendenta María Eugenia Martini en la megacausa Techo Digno. La fundamentación del tribunal pareció, más que una resolución de alto nivel, una clase introductoria sobre qué constituye o no un delito —el tipo de contenido que se dicta en los primeros años de la carrera de abogacía—. Se supone que el Ministerio Público tiene amplio dominio de esas cuestiones. Entonces, en un proceso que duró una década, el desenlace no debería ser tan predecible ni el argumento central de la absolución tan elemental: que nunca hubo delito.

La megacausa Techo Digno imputó a varios ex intendentes opositores a Weretilneck. A medida que se suceden las absoluciones, resulta cada vez más evidente cómo puede utilizarse al Poder Judicial como instrumento para perseguir —o directamente sacar de la cancha— a adversarios políticos. Los comentarios en redes sociales, los trolls y la pauta oficial que mantuvieron el tema en los medios durante años no hicieron más que anticipar una condena social que los tribunales, finalmente, no convalidaron. Como detalle que no puede pasarse por alto: cuando el ex intendente Gustavo Gennuso se enfrentó al gobernador en la interna de Juntos Somos Río Negro, sugestivamente le apareció una causa. También fue absuelto por unanimidad.

Una de las razones que podrían explicar este funcionamiento distorsivo es la necesidad de ciertos funcionarios judiciales de "hacer carrera" congraciándose con los jefes políticos, quienes tienen un peso decisivo en el sistema de designación de cargos jerárquicos. Se genera así un perverso círculo vicioso: autoridades judiciales que otorgan impunidad y protección al oficialismo que, a su vez, es quien las nombra y asciende.

Sean estas u otras las razones, la cuestión es clara: para devolverle credibilidad al sistema democrático se necesitan reformas estructurales en el funcionamiento del Poder Judicial rionegrino. Y también es necesario definir qué responsabilidades y consecuencias les caben a quienes utilizan esta institución clave del sistema republicano en beneficio de sus propias ambiciones.