Por: Bache3000

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) de Bariloche salió con los tapones de punta este martes contra el intendente Walter Cortés, después de que el jefe comunal vetara la ordenanza que establecía el pase a planta permanente de más de 100 trabajadores municipales de las áreas de deporte, cultura, la Escuela La Llave, y de los cupos trans y de discapacidad. La conducción del gremio convocó a una conferencia de prensa para hacer públicos sus cuestionamientos y anticipó que no dará marcha atrás en el reclamo.

La secretaria general del gremio, Brenda Morales, abrió el fuego con una crítica directa al texto del veto. "Estuvimos analizando la resolución que emitió desde el Ejecutivo Municipal y se nota el desconocimiento profundo que tiene sobre la realidad de los trabajadores y trabajadoras municipales", afirmó Morales, quien subrayó que el gremio realizó durante todo el año pasado un trabajo sostenido en el Concejo Deliberante para construir la ordenanza. Según la dirigente, el municipio tiene en la actualidad cerca de 600 trabajadores y trabajadoras precarizados reclamando su pase a planta, un derecho que —señaló— está expresamente contemplado en el Estatuto Municipal.

Morales también recordó que la propia área letrada del Concejo Deliberante reconoció en sus dictámenes que el municipio no estaba cumpliendo las ordenanzas de discapacidad y del cupo trans, vigentes desde 2009 y 2018 respectivamente. Y fue más lejos: advirtió que ya existe un antecedente judicial en el área de la Escuela La Llave, donde los trabajadores que esperaron años el pase a planta terminaron judicializando el proceso y lo ganaron. "Le estamos dando la solución a un incumplimiento que viene realizando el Estado Municipal", enfatizó.

Quien profundizó el ataque político fue el secretario adjunto, Juan Ivanissevich, que centró su intervención en lo que llamó la "doble vara" del gobierno de Cortés. "Lo que decimos nosotros es una indignación selectiva, porque les indigna la estabilidad laboral de los trabajadores, sin embargo no les indigna tener con estabilidad laboral a funcionarios que están procesados o a funcionarios que no van a trabajar y directamente estaban en las casas pero sin embargo cobrando el salario", disparó el dirigente sin rodeos.

Los argumentos del veto, en el banquillo

Ivanissevich desmontó el argumento central del Ejecutivo, que invocó la protección del superávit municipal para justificar el rechazo. "El pase a planta no tiene nada que ver con el superávit porque es costo cero", sostuvo, y explicó que la medida implica únicamente otorgar estabilidad laboral sin agregar un solo peso en cargas sociales ni en el erario municipal, dado que el sueldo del trabajador se mantiene exactamente igual.

Frente a ese argumento, el adjunto del SOYEM apuntó directamente a una decisión que sí impactó en las arcas públicas: a fines del año pasado, los tres poderes del municipio duplicaron los salarios de la planta política, pasando de tres categorías 24 a seis categorías 24. "A fin de diciembre, prácticamente en vísperas de las fiestas, los tres poderes se duplicaron el salario", afirmó Ivanissevich, y agregó que esa información ni siquiera está publicada en el sitio oficial del municipio como exige la propia ordenanza que regula los salarios de los funcionarios.

El dirigente también cuestionó que el veto planteara que el sindicato no debería ser parte del proceso de los pases a planta. "Seguir desconociendo al sindicato es un grave error porque somos los representantes de los trabajadores", respondió Morales más tarde, recordando que históricamente los pases a planta se trabajaron a través de comisiones integradas por el Ejecutivo, el Concejo y el gremio.

Desde Bache3000 se consultó al gremio por una modalidad de contratación que viene generando preocupación: el uso de contratos de locación de servicios para cubrir funciones permanentes dentro del municipio. Lejos de minimizarlo, los dirigentes del SOYEM pusieron el tema en el centro de la escena. Ivanissevich advirtió que trabajadores bajo esa figura cumplen más de siete horas diarias en territorio, que los contratos se renuevan cada tres meses —dejando a los trabajadores sin obra social y sin acceso a créditos— y que esa práctica podría terminar generando una deuda millonaria al municipio en juicios por "contratación de mano encubierta". "Todo lo que toma hoy el municipio es bajo contratos de locación", señaló el dirigente, y añadió que cualquier ingreso debería realizarse por concurso y mediante cobertura de vacantes, algo que el Ejecutivo no hace.

El gremio también informó que tiene en marcha un segundo proyecto de pase a planta que abarca a casi 300 trabajadores más, y que pedirá al Concejo Deliberante que insista con la ordenanza vetada y avance con ese nuevo proyecto. "Este pase a planta no debería tener ningún voto negativo, todo lo contrario, tendría que ser por unanimidad", sostuvo Morales. Ivanissevich coincidió: "Ideológicamente esto es muy grave, de no levantar la mano apoyando lo que son ordenanzas que están vigentes dentro del Concejo".

El SOYEM hizo pública además una carta de repudio en la que, en vísperas del 1° de Mayo, calificó el veto de Cortés como "un mensaje claro de precarización, ajuste y desconocimiento de derechos laborales básicos", y convocó a los trabajadores municipales a mantenerse en estado de alerta y organización. La conducción del gremio fue tajante en el cierre de la conferencia: "El sindicato no va a parar hasta tener respuestas para esos trabajadores y trabajadoras municipales".