Por: Bache3000

La Secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, defendió este lunes ante la comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura provincial el proyecto que modifica la Ley 5255, vigente desde 2016 y que, según la funcionaria, quedó desfasada frente a los cambios que introdujo la pandemia y el crecimiento sostenido de la actividad económica en la región. La iniciativa apunta a dotar al Estado de mejores herramientas para controlar el cumplimiento de la normativa laboral y proteger los derechos de los trabajadores en un contexto que, según Avilez, exige una actualización urgente del andamiaje legal existente.

"No se puede gestionar el trabajo del presente con herramientas del pasado. Esta ley viene a ordenar, modernizar y acompañar el desarrollo que está viviendo Río Negro, garantizando más derechos y mejores condiciones laborales", sostuvo la funcionaria durante su exposición ante los legisladores.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la digitalización total de los trámites del organismo. El proyecto formaliza el uso del sistema de Gestión Documental Electrónica, los expedientes digitales y las notificaciones electrónicas, un cambio que en los hechos ya venía ocurriendo desde la pandemia pero que carecía de respaldo normativo. "La pandemia nos obligó a cambiar el paradigma. Pasamos de expedientes en papel a un sistema completamente digital, lo que permitió agilizar procesos y mejorar la atención", explicó Avilez.

En materia de inspecciones, el proyecto fortalece el rol de los inspectores laborales, que en la práctica no solo fiscalizan sino que también median en conflictos y resuelven situaciones en territorio sin necesidad de escalar a instancias superiores. Según datos aportados por la propia Secretaría, actualmente cerca del 80 por ciento de los conflictos laborales se resuelven en sede administrativa. Para reforzar ese esquema, la iniciativa incorpora la figura de la "audiencia de regulación laboral", una instancia dentro del proceso de fiscalización que permitirá convocar a los empleadores antes de aplicar sanciones, con el objetivo de corregir irregularidades, regularizar trabajadores no registrados y adecuar condiciones de higiene y seguridad.

El proyecto también introduce cambios significativos en el régimen de multas. La normativa vigente establece sanciones atadas al salario mínimo, vital y móvil, un criterio que perdió eficacia por la dinámica de actualización de ese indicador. La reforma propone reemplazarlo por una unidad de medida vinculada a parámetros utilizados por el Poder Judicial, lo que permitiría actualizar los montos automáticamente y dar mayor previsibilidad al sistema. Además, incorpora un criterio que evalúa la conducta del empleador durante todo el procedimiento, de modo que quienes no se presenten a audiencias, incumplan requerimientos o mantengan una actitud reticente puedan enfrentar sanciones más severas. "El objetivo es que no dé lo mismo cumplir o no cumplir. Las multas deben tener un impacto real, sobre todo cuando está en juego la registración laboral y la seguridad de los trabajadores", afirmó Avilez.

Entre las herramientas más firmes que incorpora el proyecto se destacan la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública ante obstrucciones a inspecciones o reiteradas inasistencias, y la intervención judicial para acceder a documentación laboral digital cuando sea necesario. Como contrapartida, la iniciativa incluye una figura novedosa que generó debate: la autoinspección laboral, orientada a promover el cumplimiento voluntario por parte de los empleadores y a reforzar el rol preventivo del Estado.

En cuanto al patrocinio gratuito para trabajadores, el proyecto mantiene la intervención de los abogados de la Secretaría en la etapa administrativa y prevé que puedan acompañar el proceso cuando el conflicto escale a sede judicial, aunque sin asumir el patrocinio directo en esa instancia. Cuando no se logra una resolución administrativa, se emite el certificado que habilita la vía judicial, donde el trabajador cuenta con patrocinio gratuito garantizado por ley.

El sector sindical respaldó la iniciativa. El secretario general de la UOCRA Viedma y titular de la CGT Zona Atlántica, Damián Miler, expresó el acompañamiento del movimiento obrero y subrayó que el proyecto no se reduce a una norma escrita sino que refleja el funcionamiento real de la Secretaría y el trabajo cotidiano de las organizaciones sindicales frente a las irregularidades laborales. "La mayoría de los gremios en Río Negro apostamos al diálogo, al esquema tripartito entre trabajadores, empleadores y el Estado. Esta herramienta puede ser muy importante en un contexto donde se discute la flexibilización laboral", señaló Miler.

Sin embargo, desde la oposición llegaron los primeros reparos. El legislador Daniel Belloso, del bloque PJ – Nuevo Encuentro, acompañó en términos generales la necesidad de fortalecer el poder de policía provincial pero advirtió que los artículos 31 al 35, referidos a la autoinspección, generan dudas sobre una posible delegación de funciones de control en los propios empleadores. "Nos preocupa que, a través de la autoinspección, se termine trasladando parte del poder de policía a los propios empleadores mediante declaraciones juradas. Eso puede debilitar el rol del Estado en lugar de fortalecerlo", planteó el legislador, quien además vinculó el debate con las tendencias nacionales hacia la flexibilización laboral.

Pese a esos cuestionamientos, el proyecto obtuvo dictamen favorable por mayoría en la comisión. Algunos bloques solicitaron un plazo de 48 horas para analizar posibles modificaciones, especialmente en los puntos vinculados a la autoinspección y el régimen sancionatorio.

Avilez cerró su presentación apelando al marco constitucional y pidiendo el respaldo legislativo de manera directa. "La provincia no ha delegado su poder de policía. Tenemos la responsabilidad de garantizar que se cumpla la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los convenios colectivos de trabajo. Por eso les pedimos que nos acompañen en este proyecto, que está pensado en función de las necesidades actuales de los trabajadores y de un mercado laboral cada vez más exigente", concluyó.