Por: Bache3000

Un proyecto de ley que promete modernizar el sistema farmacéutico de Río Negro tensó esta semana la Legislatura provincial y encendió la alarma entre cientos de familias que llevan décadas sosteniendo farmacias en barrios, pueblos y ciudades de la Patagonia. La iniciativa, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck y defendida por el ministro de Salud Demetrio Thalasselis, obtuvo dictamen positivo por mayoría en la Comisión de Asuntos Sociales, pero la oposición se tomó 48 horas antes de fijar posición definitiva, a la espera de cambios en los dos puntos que más preocupan al sector.

El debate no es solo técnico. Detrás de los artículos en disputa hay historias concretas: farmacias de barrio que funcionan como el único punto de salud accesible en una zona, negocios familiares que crecieron bajo reglas que ahora podrían cambiar de un día para el otro, y profesionales que durante años eligieron instalarse en localidades alejadas confiando en un marco regulatorio que les garantizaba viabilidad económica.

El conflicto se concentra en dos modificaciones específicas. La primera es la flexibilización del régimen de distancias mínimas entre farmacias, una regulación que hoy existe para evitar que todos los locales se concentren en los centros comerciales más rentables. La segunda es la apertura a nuevas formas de propiedad, lo que abriría la puerta a que capitales privados de gran escala, como el modelo que representa Farmacity, ingresen al mercado rionegrino.

Desde el sector farmacéutico, que tuvo cerca de 30 representantes en la comisión junto a autoridades de los colegios de la provincia y de Buenos Aires, la advertencia fue directa: si se eliminan las distancias, las farmacias migrarán hacia donde el negocio es más rentable. Los barrios periféricos, los pueblos chicos y las localidades rurales, que hoy tienen cobertura justamente porque existe un marco que la incentiva, quedarían sin servicio. "Si se eliminan las distancias, las farmacias se van a trasladar a los lugares más rentables, dejando sin servicio a barrios y localidades donde hoy son necesarias", sostuvieron durante el debate.

La apertura a grandes capitales genera una preocupación de otro tipo: la pérdida de independencia profesional. El farmacéutico que hoy es dueño de su local, toma decisiones sanitarias sin responder a intereses comerciales externos. Con un modelo corporativo, esa ecuación cambia.

Lo que está en discusión no es solo una regulación abstracta. Son negocios que en muchos casos llevan dos o tres generaciones en la misma familia, construidos bajo la lógica de un sistema que reconocía a la farmacia no como un local comercial cualquiera sino como parte del sistema de salud. Un profesional que hace veinte años eligió abrir su farmacia en un barrio o en una localidad pequeña tomó esa decisión sabiendo que las reglas del juego le garantizaban cierta estabilidad. Cambiar esas reglas ahora, sin compensación ni transición, impacta directamente en el valor de lo que construyeron.

La legisladora Ayelén Spósito, de Vamos con Todos, puso en palabras la duda que muchos en el sector comparten: no está claro que eliminar las distancias vaya a generar nuevas farmacias donde hoy no las hay. Es decir, la desregulación podría no resolver el problema de acceso que el oficialismo dice querer corregir, y al mismo tiempo sí dañar a quienes hoy están cubriendo esos territorios.

El argumento del gobierno

Desde el Ejecutivo, la defensa del proyecto se apoya en dos ejes. El primero es la actualización tecnológica: la ley vigente es de 2009 y no contempla herramientas como la receta electrónica, la telefarmacia ni los sistemas de trazabilidad digital, que en la práctica ya se usan sin respaldo normativo desde la pandemia. En ese punto hay consenso amplio en la comisión y nadie discute que la modernización es necesaria.

El segundo eje es más controversial. El oficialismo sostiene que la regulación de distancias no funcionó como herramienta de distribución territorial. El legislador Facundo López citó el caso de Viedma, donde la mayoría de las farmacias siguen concentradas en el centro a pesar de la regulación vigente. Pero ese argumento no resuelve la pregunta de qué pasaría en las localidades más pequeñas si la protección desaparece por completo.

El propio López reconoció que los dos puntos en conflicto serán revisados antes del tratamiento en el recinto. "Las diferencias reales están en dos temas: la distancia entre farmacias y la composición de las sociedades. Ambos van a ser evaluados para lograr la mejor ley posible", indicó.

La oposición, mientras tanto, cuestiona no solo el contenido sino la forma. El legislador Juan Martín, del PRO, advirtió que avanzar sin diálogo real con el sector puede producir una norma que no funcione en la práctica.

El proyecto tiene dictamen y puede avanzar. Pero el debate está lejos de cerrarse, y lo que se decida en las próximas horas determinará si la nueva ley de farmacia protege el acceso a la salud en toda la provincia o termina beneficiando a quienes tienen más capital para competir en el nuevo esquema.