Por: Bache3000

Hay una manera de entender lo que pasó en Las Morenas, Pampa Alta, y es empezar por el principio. Por la tierra.

El campo tiene 145 hectáreas y, según el Registro de la Propiedad, pertenece a tres personas de la familia Li. Pensemos el dominio como una torta cortada en 15 porciones iguales: Li Chiu Siang tiene 4, Li Kuei Siang tiene otras 4, y Li Sian Zon tenía las 7 restantes. Entre los tres, la torta completa.

El problema es que Li Sian Zon falleció. Sus tres hijos, Emilio Antonio Li, Ana Valentina Li y Carola Li, heredaron su parte: las 7 porciones de 15. Menos de la mitad del campo.

Las otras 8 porciones, la mayoría del campo, siguen siendo de Li Chiu Siang y Li Kuei Siang. Los tíos. Y los tíos no aparecen en ninguno de los contratos de venta. No firmaron. No otorgaron poder notarial identificado que los represente. No hay registro de que hayan dado su aval a ninguna de estas operaciones.

Lo que ocurrió, en términos simples, es que los tres hijos vendieron el cien por ciento de un campo del que solo son dueños de una parte. Vendieron algo que no les pertenece en su totalidad. La otra parte, que es la mayoría, no tiene constancia de haber autorizado nada. En Argentina, nadie puede transferir más derechos de los que tiene: si sos dueño de la mitad, podés vender la mitad. No el todo. Y sobre esa base frágil, sobre una venta que excede lo que los vendedores podían vender, se construyó una operación de tres millones de dólares que involucra el dinero de 500 familias.

Sobre ese campo con títulos incompletos se levantó toda la operación. En julio de 2025, el corredor inmobiliario Federico Zerar, de Coldwell Banker Patagonia Lakes, firmó una reserva ad-referendum con Garcés por USD 45.000. El documento reconocía expresamente las "imposibilidades actuales para escriturar el inmueble" y hacía firmar a la compradora una renuncia a cualquier reclamo contra el corredor.

En diciembre de 2025, el mismo día, Garcés firmó dos contratos distintos sobre el mismo campo bloqueado. En uno actuó como administradora de su empresa G.Garces S.A.S., reservando 20 hectáreas por dos millones de dólares y entregando 200.000 en efectivo. En el otro actuó como apoderada de la Cooperativa de Vivienda Ebenezer Limitada, reservando 10 hectáreas por un millón de dólares y entregando 160.000 en efectivo. Garcés es simultáneamente la presidenta de la cooperativa que nuclea a las 500 familias y la empresaria que negoció el campo para sí misma.

Las familias, mientras tanto, siguen pagando. Un integrante de la cooperativa, que habló con este medio de manera reservada y prefirió preservar su identidad por razones obvias, lo describe con una claridad que ningún documento supera: están en la cuota 18, ya pusieron cerca del 50 por ciento del precio de su lote, y todavía no tienen terreno asignado. Los planos que circulan son posibles, no definitivos. El agrimensor que dividiría las parcelas todavía no fue contratado. El sorteo que determinaría qué familia recibe qué lote todavía no ocurrió. Pagan por algo que no tiene forma, no tiene número, no tiene ubicación precisa.

Ese testimonio no es solo la historia de una persona confundida. Es la punta de un iceberg que plantea preguntas que nadie respondió todavía. ¿A quién le están pagando exactamente las familias, a la cooperativa o a la SAS? ¿Hay un entrecruzamiento entre los cobros de una y otra? ¿Por qué la Cooperativa Ebenezer y G.Garces S.A.S., dos personas jurídicas con naturalezas completamente distintas, funcionan desde el mismo domicilio: Osses 800, Edificio 11, Departamento 172, San Carlos de Bariloche?

La cooperativa es una figura de economía social con obligaciones de transparencia, asambleas y rendición de cuentas ante el INAES y ante sus asociados. La SAS es una sociedad comercial privada, con lógica de lucro y sin ninguna obligación de rendir cuentas a las familias que pagan cuotas. Si el dinero de las familias ingresa por la cooperativa pero fluye hacia la SAS, o viceversa, nadie desde afuera puede saberlo sin una auditoría. Quién recauda, quién cobra realmente y adónde va cada peso son preguntas que las 500 familias tienen derecho a que alguien responda.

Y el campo sobre el que pagan tiene encima una prohibición de innovar que lo paraliza todo. No es un detalle menor ni un trámite pendiente: esa medida impide legalmente cualquier acto de disposición sobre el terreno. Impide venderlo. Impide subdividirlo. Impide transferirlo. Impide escriturarlo. Impide, en definitiva, cada una de las cosas que Garcés prometió a las familias, firmó en los contratos y cobró como si fueran posibles. Todo lo que se hizo con esta tierra desde noviembre de 2024 se hizo sobre un campo que la Justicia había bloqueado expresamente para que no se pudiera hacer nada con él.

Esa medida fue dictada en su momento por la justicia local y luego llegó a revocarla. Pero, esa decisión fue recurrida ante el Superior Tribunal de Justicia mediante. En consecuencia, la prohibición de innovar sigue vigente y no hay posibilidad actual de inscribir su levantamiento en el Registro de la Propiedad. El candado sigue puesto.

Detrás de toda esta arquitectura de personas jurídicas, contratos superpuestos y plazos vencidos, diversas fuentes que conocen la operación mencionan de manera recurrente un nombre: Fernando Boudourian. Las fuentes lo describen como una de las personas que asesora a la familia Li y como alguien que toma decisiones en la operación. Su nombre no figura en ninguno de los contratos que este medio pudo revisar, pero aparece en los relatos de quienes conocen el caso desde adentro con una consistencia que no es casual. 

El 5 de mayo hay una reunión convocada con contadores, abogados y representantes de la inmobiliaria. Las 500 familias tienen una sola pregunta que ningún documento responde todavía: ¿dónde está la plata?