Por: Bache3000

El Concejo Municipal de Bariloche tiene sobre la mesa un proyecto que, de aprobarse, cambiaría de manera significativa el modo en que el municipio aborda la inseguridad en el comercio y los emprendimientos de la ciudad. Impulsado por el concejal Leandro Costa Brutten, el proyecto de Ordenanza Nº 435-25 propone declarar el estado de emergencia en seguridad ciudadana con un alcance de todas las unidades productivas, comerciales y de servicios, sin importar su escala ni su ubicación dentro del ejido municipal.

Los fundamentos del proyecto no esconden el diagnóstico que lo motiva. El texto sostiene que "en los últimos años se ha verificado un incremento sostenido de hechos delictivos —incluyendo robos, rapiñas, agresiones y otras conductas violentas— que afectan de manera directa a los emprendimientos y la actividad comercial", y señala que la situación "se ve agravada por la insuficiente presencia de personal policial en distintos sectores, generando un escenario de inseguridad persistente que impacta negativamente en el normal desarrollo de la actividad económica y en la vida cotidiana de la comunidad".

La declaración de emergencia, según el proyecto, no sería un gesto simbólico sino una herramienta jurídica concreta. Habilitaría al Estado municipal a actuar con mayor velocidad, reasignar recursos y coordinar medidas con fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Protección Ciudadana, a quien se facultaría para adoptar medidas extraordinarias.

Un plan operativo con nueve ejes de acción

El listado de medidas que contempla el proyecto es extenso. Entre las facultades extraordinarias que se le otorgarían al Ejecutivo municipal figuran la identificación de zonas críticas mediante análisis de datos delictivos, el refuerzo del patrullaje preventivo en coordinación con fuerzas provinciales y nacionales, operativos de control y fiscalización en la vía pública, el incremento de agentes municipales en sectores priorizados, la coordinación con el sistema 911 y el comando radioeléctrico, la implementación de dispositivos de prevención situacional, la mejora del alumbrado público y el reordenamiento de recursos humanos y materiales existentes.

Un capítulo específico apunta al sistema de videovigilancia. El proyecto encomienda al Ejecutivo garantizar el funcionamiento integral del sistema establecido por la Ordenanza 2456-CM-13, con diagnóstico técnico, mantenimiento, reposición de equipos, optimización del monitoreo en tiempo real y ampliación de cobertura según criterios de vulnerabilidad. Además, establece que todos los sistemas de videovigilancia existentes en el ámbito municipal deberán integrarse y unificarse operativamente, centralizando el monitoreo en el Centro de Monitoreo Municipal para evitar superposición de funciones.

Otro elemento central de la propuesta es la elaboración de un mapa del delito específico vinculado a la actividad comercial. Ese instrumento, según el articulado, serviría como herramienta de planificación operativa, asignación de recursos y evaluación de resultados. No se trataría de un documento estático sino de una guía dinámica para definir dónde y cómo intervenir.

La propuesta también incorpora un esquema de participación. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la ordenanza, la autoridad de aplicación deberá convocar al Consejo de Seguridad Ciudadana —creado por Ordenanza 1887-CM-08— y conformar mesas de trabajo sectoriales con representantes del comercio, cámaras empresariales y fuerzas de seguridad. El seguimiento estaría a cargo del propio Concejo Municipal, ante quien el Ejecutivo deberá presentar informes bimestrales con acciones implementadas, recursos asignados y resultados obtenidos.

El financiamiento de las medidas se cubriría con partidas presupuestarias vigentes reasignadas, recursos que gestione el Departamento Ejecutivo y eventuales refuerzos presupuestarios autorizados conforme a la normativa. En caso de erogaciones no previstas, deberán incorporarse al Presupuesto Municipal según lo establecido en el artículo 117 de la Carta Orgánica.