Por: Bache3000

Hay documentos que llegan y uno sabe, antes de leerlos, que algo va a cambiar. La Resolución N° 00001469-I-2026, firmada este miércoles 29 de abril por el jefe comunal, convoca a audiencia pública para tratar el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral. Será el próximo jueves 21 de mayo, a las 16 horas, en el Gimnasio Municipal N° 3. Se trata de un lugar que no es el cerro, pero donde se decidirá algo sobre el cerro.

La resolución es precisa en lo que el Plan Director es y en lo que no es. Según el documento, el plan "constituye un instrumento de ordenamiento territorial general, destinado a establecer parámetros urbanísticos para el área de dominio público municipal concesionada, definiendo usos admitidos, indicadores urbanísticos generales y criterios de desarrollo, sin aprobar proyectos, obras ni tipologías constructivas específicas".

Esa aclaración no es casual. El municipio se cuida de subrayar que lo que va a audiencia no es un proyecto concreto de construcción, sino el marco general dentro del cual esos proyectos, más adelante, serán evaluados. Leer esa definición y conformarse con ella, sin embargo, es una forma de no entender lo que está en juego.

El punto de partida normativo es la Ordenanza N° 2929-CM-2018, que prorrogó la concesión de obra pública para la modernización del Centro de Deportes Invernales "Dr. Antonio Lynch" y reconoció los derechos concesionales de CAPSA vinculados a los rubros 5 y 7 de la licitación original de 1992. Una licitación de hace más de treinta años que todavía organiza el presente. El Anexo B de esa norma dispuso que cualquier proyecto urbano en las áreas de ocupación concertada debía seguir el procedimiento del Rango Temático Administrativo I, el más exigente en materia de participación ciudadana y control institucional. El Plan Director que ahora llega a audiencia es la consecuencia directa de esa obligación

El proceso tuvo sus idas y vueltas. La resolución lo reconoce sin eufemismos: el plan fue trabajado inicialmente durante 2023, pero con el cambio de autoridades de diciembre de ese año el trámite fue retrotraído y reingresado con la nueva composición del Consejo de Planificación Municipal. Durante 2024 se emitió el Dictamen de Opinión Técnica N° 01-24; hubo reuniones en octubre, noviembre y otra más en febrero de 2026 que terminó con polémica y con un cierre más que desprolijo. Lo que el documento no dice, pero el recorrido sugiere, es que este expediente acumuló demoras, cambios de mano y revisiones que lo mantuvieron quieto durante más tiempo del que el debate público sobre el cerro podía tolerar.

Las posiciones están tomadas desde hace tiempo. Desde el municipio y CAPSA defienden el proyecto señalando que se trata exclusivamente de un instrumento de ordenamiento general para fijar parámetros urbanísticos, que no otorga derechos a construir ni habilita obras, y que las construcciones concretas requerirán trámites específicos y estudios de impacto ambiental en etapas posteriores. El argumento central del oficialismo, según lo que este medio pudo reconstruir en coberturas anteriores, es que las impugnaciones confunden un plan de parámetros generales con una autorización de obra inmediata. La secretaria de Planeamiento Municipal, Sofía Maggi, lo sintetizó en la reunión del Consejo de Planificación: "Se trata de ordenar 77 hectáreas, los servicios de agua, cloaca, electricidad y empleo".

La oposición no lo ve así, y tiene razones concretas para no verlo así. La concejal Julieta Wallace fue contundente: "El dar parámetros urbanísticos no es que no es nada, porque si no, ¿para qué lo hacen? Una vez que tengan los parámetros urbanísticos, ellos ya van a salir a ofrecer la inversión. Van a contratar a los arquitectos, van a iniciar la licencia para construir en Obras, y después eso ya no pasa por el Concejo Municipal, ya es una cuestión del Ejecutivo". La lectura de Wallace expone el problema de fondo: aprobar los parámetros es abrir una puerta que después el Ejecutivo puede cruzar solo, sin más votaciones legislativas, sin más debates. El presidente del bloque Incluyendo Bariloche, Leandro Costa Brutten, fue más directo: "El Cerro Catedral no es un negocio inmobiliario de CAPSA. Es el patrimonio inalienable de Bariloche".

Una audiencia cuestionada antes de comenzar

Pero la discusión no arranca el 21 de mayo. Arranca ahora. Diversas juntas vecinales que vienen siguiendo el expediente ya objetan la legitimidad de la propia convocatoria, con un argumento procedimental que el municipio deberá responder antes de que cualquier vecino tome la palabra en el gimnasio: el Consejo de Planificación Municipal nunca logró conformarse correctamente. Si esa objeción prospera, la audiencia no sería el cierre de un proceso participativo válido sino la culminación de un trámite viciado desde su origen. El municipio, por ahora, no se ha pronunciado públicamente sobre ese cuestionamiento.

Ese es, exactamente, el núcleo del debate vecinal más amplio. La Carta Orgánica Municipal establece en su artículo 214 que el Cerro Catedral es porción inalienable del patrimonio del pueblo barilochense. Para numerosas organizaciones y juntas vecinales que vienen siguiendo el expediente, las 77 hectáreas que el Plan Director propone ordenar no pueden ser objeto de ningún proceso de urbanización, porque su intangibilidad está garantizada por la norma máxima del municipio.

La discusión, en esos términos, no es técnica sino constitucional: no se trata de si el plan es bueno o malo en sus detalles, sino de si existe la posibilidad jurídica de hacerlo. El Colegio de Arquitectos de Río Negro rechazó la cesión de tierras señalando que el proyecto viola la Carta Orgánica Municipal y que apunta a convertir la montaña en una "ciudad satélite", en lugar de fortalecer su rol como motor económico de Bariloche.

Hay otra objeción que circula entre quienes se oponen y que merece ser dicha con claridad: si lo que el municipio quiere es ordenar los servicios básicos del cerro —agua, cloaca, electricidad— no necesita ningún Plan Director de esta magnitud ni ninguna audiencia pública para hacerlo. Esas son atribuciones que el Ejecutivo tiene y puede ejercer por sus propios medios. La pregunta que esa objeción deja flotando es incómoda: ¿qué hay detrás del "ordenamiento" que justifica todo este procedimiento?

Sobre la audiencia en sí, la resolución establece un punto que merece atención. El resultado de lo que se diga ese día no tendrá carácter vinculante. Pero el documento también establece, citando la Carta Orgánica Municipal, que cualquier rechazo a las observaciones recibidas deberá ser fundado bajo pena de nulidad. Eso no es poco. Es la diferencia entre una audiencia que existe para cumplir un requisito formal y una audiencia que obliga a alguien a responder, por escrito y con argumentos, cada vez que decida ignorar lo que la comunidad dijo.

En el tablero político, la situación es clara: no habrá votos positivos de los concejales Facundo Villalba, Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace, Roxana Ferreyra ni de Tomás Hercingonja. Si el plan supera la audiencia y llega al Concejo, necesitará dos tercios de los votos para ser aprobado, un número que por ahora no estaría garantizado. Que el Ejecutivo haya impulsado igual el trámite hasta aquí, aun conociendo esa aritmética, es también una información.

Quienes quieran participar como oradores tienen tiempo hasta el 18 de mayo a las 13 horas para inscribirse, de manera presencial en la Secretaría de Planeamiento Territorial —Avenida Ángel Gallardo 1351, primer piso— o de forma digital a través del formulario oficial. La documentación completa del Plan Director está disponible en esa dependencia y en el drive público indicado en la resolución. Las presentaciones escritas posteriores a la audiencia se pueden ingresar hasta el 1° de junio a las 13 horas. El dictamen final está previsto para el 10 de junio. Para quienes no puedan estar en el gimnasio, la audiencia será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Municipalidad de Bariloche.

El debate sobre el Cerro Catedral tiene capas que ningún documento oficial puede aplanar del todo. Está la memoria de los arrayanes talados en el predio donde se proyecta un hotel. Están los años de discusión en el Concejo Deliberante sobre los alcances reales de la concesión y los límites del desarrollo privado en un área de altísimo valor ambiental y paisajístico. Está la movilización ciudadana de 2018, cuando más de seis mil vecinos firmaron para pedir un plebiscito sobre el tema, y el rechazo popular que el Concejo desoyó al aprobar la Ordenanza 2929-CM-18.

El 21 de mayo, en un gimnasio municipal, esas capas van a superponerse. Va a ser incómodo. Va a ser necesario. Y lo que pase ese día —lo que los vecinos digan, lo que las organizaciones presenten, lo que los concejales después decidan hacer con todo eso— va a contar una historia sobre Bariloche que todavía no sabemos cómo termina.