Por: Bache3000
Un vecino de Bariloche presentó el 1° de abril una denuncia ante el Tribunal de Contralor de Bariloche contra la concejal Julieta Wallace, con el patrocinio letrado de Alejo Ramos Mejía, que es el referente del massismo en Río Negro. El presentante, Juan Manuel Alejandro Fernández, solicitó que el organismo investigue posibles irregularidades administrativas e infracciones a la normativa de ética pública vinculadas con un inmueble ubicado en la zona conocida como Villa Lago Gutiérrez.
El inmueble en cuestión, posee una superficie aproximada de 800 metros cuadrados, y figura con Wallace como responsable de pago frente al Municipio. Según la denuncia, la concejal estaría reclamando la usucapión del predio, aunque la cadena de cesiones de derechos que sustentaría ese reclamo presentaría irregularidades de origen.
En concreto, la presentación pide al Tribunal que investigue la supuesta irregularidad en esa cadena de transmisión de derechos; que determine si las sucesivas cesiones carecen de un título válido; que analice si los hechos configuran infracciones a la normativa de ética pública municipal; y que adopte las medidas pertinentes para establecer si existe infracción administrativa o cualquier otra norma aplicable.
La denuncia no ocurre en el vacío. Entre Ramos Mejía y Wallace existe una historia de diferencias que se extiende al menos por varios años y que combina lo político con lo estrictamente ideológico.
Ambos transitaron en su momento el mismo espacio: el Frente para la Victoria en Bariloche, donde las tensiones internas eran moneda corriente. Con el tiempo, los caminos se separaron. Hoy Ramos Mejía es uno de los referentes provinciales del massismo en Río Negro, mientras que Wallace integra el bloque Incluyendo Bariloche en el Concejo Municipal.
Una de las fricciones más notorias entre ambos giró en torno al conflicto del Cerro Catedral. En ese contexto, a Ramos Mejía se le endilgó haber modificado su postura respecto de la concesionaria del Cerro Catedral y los intereses en disputa en el cerro, algo que sus críticos —entre los que se cuenta Wallace— no dejaron pasar sin señalamientos públicos.
La denuncia ante el Tribunal de Contralor, firmada el 1° de abril, se hizo pública este martes, y suma entonces un nuevo frente a esa disputa de larga data, esta vez en el terreno administrativo y con nombre y apellido.
Este medio ofreció a la edil dar su versión de los hechos, pero señaló que por el momento no hará ningún tipo de comentario público al respecto.