Por: Bache3000

Hay cosas que parecen inmutables y después resulta que no lo son. La farmacia de barrio, ese lugar donde alguien con guardapolvo blanco te mira a los ojos antes de darte lo que el médico recetó, va a seguir existiendo —dicen— pero con reglas nuevas. La Legislatura de Río Negro votó este jueves una reforma a la ley de farmacias que cambia, en varios puntos sustanciales, la manera en que funciona el sector desde hace casi dos décadas.

Los cambios son concretos y afectan tanto a quienes tienen una farmacia como a quienes van a comprar un remedio. El primero y quizás más inmediato para los pacientes: la receta electrónica pasa a ser obligatoria en todo el territorio provincial. Ya no será opcional ni una práctica que algunos médicos adoptan y otros evitan. Además, para quienes tienen tratamientos prolongados —hipertensos, diabéticos, pacientes con enfermedades crónicas de toda clase— se incorpora la llamada "prescripción diferida": una receta mensual que puede extenderse hasta seis meses. Menos trámites, menos consultas solo para renovar una receta que ya se conoce de memoria.

La ley también legaliza la telefarmacia, es decir la atención a distancia sin que el paciente tenga que presentarse físicamente. Y habilita la entrega de medicamentos a domicilio, aunque con una restricción que no es menor: no se podrá usar cadeterías o servicios externos. La distribución tiene que ser del propio dueño de la farmacia, bajo la responsabilidad directa del director técnico. La trazabilidad del medicamento, esa cadena que permite saber por dónde pasó cada remedio antes de llegar a quien lo necesita, es el argumento detrás de esa limitación.

En cuanto a dónde pueden instalarse las farmacias, la ley reemplaza criterios vagos por números. En localidades de menos de quince mil habitantes, la distancia mínima entre farmacias será de doscientos metros. En las más pobladas, de cuatrocientos. Si una farmacia quiere trasladarse, el nuevo local no puede quedar a más de doscientos metros del anterior. Son reglas donde antes había interpretaciones y, con frecuencia, conflictos. Y ese era el punto álgido del debate: los que tienen farmacia no quieren que les pongan farmacias alrededor porque dispersa la oferta.

El debate más áspero giró en torno a quién puede ser dueño de una farmacia. La ley vigente exigía que el propietario fuera un farmacéutico. La reforma abre esa posibilidad a personas jurídicas —sociedades de responsabilidad limitada, comanditas simples, obras sociales, mutuales, cooperativas, organizaciones gremiales— pero deja expresamente afuera a las sociedades anónimas. Ese fue el punto de mayor tensión en el recinto, y la exclusión de las S.A. fue uno de los ajustes que se introdujeron durante el propio debate.

Andrea Escudero, del bloque oficialista JSRN e impulsora del proyecto, planteó la reforma como una necesidad que la realidad imponía. "No sólo cambió la tecnología, sino también la demografía y el sistema de salud", argumentó, al tiempo que definió a la farmacia como "un establecimiento sanitario esencial" y al medicamento como "un bien social" cuya accesibilidad debe ser garantizada por el Estado. Su argumento central fue directo: "Más farmacias no destruyen la profesión, la potencian. Generan más trabajo y garantizan mayor accesibilidad." La ley prevé, en esa dirección, incentivos para que farmacias se instalen en localidades donde hoy no existen, y excepciones para que farmacéuticos del sistema público puedan ejercer también en el ámbito privado en esas zonas.

Magdalena Odarda, de Vamos con Todos, valoró que el Colegio de Farmacéuticos haya participado del proceso legislativo —"han trabajado codo a codo con legisladores y legisladoras, en lo que entendemos como un ejercicio de democracia participativa"— pero marcó el límite desde el que observa la reforma: "Adherimos al modelo sanitario y descartamos el modelo mercantil." El medicamento, sostuvo, no es un bien de consumo, y advirtió sobre los riesgos de que la farmacia sea concebida como "un mero comercio regido por las leyes del mercado".

Porque el debate fue, también, sobre cómo se hizo la ley. José Luis Berros, también de Vamos con Todos, lo dijo sin rodeos: los artículos se modificaban mientras se discutían, y el proceso no había sido lo suficientemente participativo. "¿Es necesario estar a último momento cambiando puntos y comas? ¿No podríamos haberlo trabajado mejor en comisión, con el Colegio y con todos los legisladores?", preguntó. Propuso devolver el proyecto a comisión para trabajarlo con más tiempo y cerró con una advertencia que sonó a crítica política directa: "No hagamos papelones ni leyes para hacer videítos de 'más libertad'." No prosperó.

Leandro García, del PJ-Nuevo Encuentro, corrió el foco del debate societario hacia algo que consideró más sustancial. Para él, la controversia no debía centrarse en si se excluía o no a las sociedades anónimas, sino en un problema de fondo: "La preocupación central radica en la posible ruptura del vínculo entre el director técnico farmacéutico y la propiedad de la farmacia." Esa separación, advirtió, puede afectar la trazabilidad, el asesoramiento profesional y la calidad del servicio. Y dejó abierta la pregunta que nadie terminó de responder: "¿En base a qué experiencia o modelo se considera que romper esa relación va a mejorar el acceso, los precios o la presencia territorial de las farmacias? Eso no está claro."

Luciano Delgado Sempé, también de Vamos con Todos, fue el más enfático en la defensa del perfil sanitario del sector. Rechazó de plano la posibilidad de que esquemas societarios desvinculen al farmacéutico de la propiedad y fue directo: "Estamos hablando de medicamentos, de drogas que van a nuestra población. Tiene que haber un responsable técnico, pero ese responsable también debe ser dueño." Recordó que el farmacéutico no es solo quien dispensa medicamentos: "vacuna, aconseja y es muchas veces el primer contacto en los barrios cuando una persona está enferma." Y propuso que cualquier esquema societario contemple obligatoriamente la participación de un farmacéutico como parte integrante, para evitar la mercantilización del sistema.

Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, acompañó en términos generales la reforma aunque volvió a plantear reparos sobre la titularidad. Valoró especialmente que el criterio de territorialidad haya quedado anclado en datos objetivos. "La referencia anterior a zonas 'densamente pobladas' resultaba demasiado amplia", señaló, y consideró positivo que se haya reemplazado por parámetros claros vinculados a los datos censales.

Juan Martín, del PRO-Unión Republicana, buscó un punto intermedio. Acompañó el proyecto pero cuestionó que el consenso no se hubiera construido desde el inicio. "La fortaleza de una norma nace del consenso", afirmó, y reconoció que el trabajo previo había sido de reuniones esporádicas, no sostenido. Desde una mirada que él mismo definió como liberal, planteó que la desregulación no puede ser sinónimo de ausencia de reglas: "El Estado debe garantizar equilibrio entre intereses." También advirtió sobre el artículo vinculado al esquema de compras del sector público: "Puede derivar en menor competencia y precios más altos. Los monopolios no son buenos." Y propuso que la receta en papel no quede del todo descartada ante eventuales contingencias tecnológicas: "No se debería limitar el uso de recetas en papel sólo hasta la implementación definitiva del sistema digital, porque pueden existir situaciones como cortes de luz."

Facundo López, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, cerró el debate dando lectura a la redacción final de los artículos más discutidos. Defendió el proceso de modificaciones introducidas sobre la marcha y marcó su posición con pragmatismo: "No tengo problema en dialogar ni en ajustar la redacción."

Lo que queda claro es que el sistema va a cambiar. Todos los establecimientos existentes —incluidos los dependientes de obras sociales o mutuales— deberán adecuarse a la nueva normativa en los plazos que fije la reglamentación. La Productora Farmacéutica Rionegrina, Pro.Fa.R.Se., queda además habilitada para proveer medicamentos directamente a farmacias o incluso a la población en general. Lo que todavía no está del todo claro —y varios legisladores lo dijeron con distintas palabras— es si los cambios van a mejorar el acceso a los medicamentos o si van a abrir la puerta a una lógica de mercado en un sector donde, hasta ahora, la ley exigía que hubiera siempre un profesional con nombre y apellido dispuesto a responder.