Por: Bache3000

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta un proyecto de ley que autoriza y regula el uso de armas menos letales por parte de la Policía provincial. La iniciativa, impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), obtuvo 29 votos a favor y 8 en contra, y fue presentada como una actualización necesaria frente a las limitaciones del esquema actual, donde el único recurso reglamentario del personal en la vía pública es una pistola calibre 9 mm.

El proyecto define a las armas menos letales como aquellos dispositivos diseñados para incapacitar, disuadir o controlar a una persona reduciendo significativamente la probabilidad de producir lesiones graves o la muerte. Entre los dispositivos habilitados figuran las pistolas tipo Taser o Axon, aerosoles irritantes conocidos como gas pimienta, proyectiles de impacto controlado como balas de goma o polímeros especiales, granadas aturdidoras acústicas o luminosas y lanzadores de agentes irritantes para control de multitudes. Según los fundamentos de la ley, estas tecnologías ya se utilizan en más de 100 países y en distintas jurisdicciones de Argentina.

La normativa establece que solo podrán usar estos dispositivos los efectivos que hayan completado una capacitación específica y aprobado los protocolos técnicos y operativos correspondientes. La Policía deberá llevar un registro del personal habilitado, los instructores y las fechas de certificación. Además, toda intervención donde se empleen estas armas deberá quedar registrada obligatoriamente en audio y video, a fin de garantizar transparencia y permitir revisiones administrativas o judiciales posteriores.

Mansilla explicó que se trata de una iniciativa reiteratoria de un proyecto presentado en 2024, y remarcó la necesidad de adecuar la normativa provincial a estándares internacionales. Recordó que tras la reforma constitucional de 1994 la Argentina adhirió a convenios de Naciones Unidas que recomiendan priorizar medios no violentos antes de recurrir a armas de fuego, y advirtió que en Río Negro esa premisa nunca quedó reflejada en la ley. "Hay situaciones donde el uso de un arma de fuego es desproporcionado, como en casos de personas con crisis de salud mental, intentos de autolesión o intervenciones con terceros en riesgo", sostuvo.

El legislador Santiago Ibarrolaza respaldó el proyecto y aclaró que su implementación no implica un uso generalizado: "No es que vamos a ver a todos los policías con una Taser en la cintura", señaló, precisando que el dispositivo está pensado para situaciones excepcionales. En la misma línea, el legislador Juan Martín (PRO-Unión Republicana) valoró la iniciativa como una forma de "cuidar a los que nos cuidan" y coincidió con la necesidad de adoptar la denominación "menos letales" en reemplazo de "no letales", en línea con los estándares internacionales. Esa misma modificación terminológica fue propuesta durante el debate por Fernando Frugoni (ARI-Cambiemos), quien argumentó que todos los dispositivos contemplados pueden provocar la muerte en determinadas circunstancias. El bloque de ARI-Cambiemos también recordó, a través del legislador Javier Acevedo, que ya había presentado en 2024 un proyecto en la misma dirección bajo el expediente 427/24.

Las voces críticas más contundentes llegaron desde Vamos con Todos. La legisladora Ayelén Spósito anticipó que no acompañaría la iniciativa y advirtió sobre riesgos sanitarios concretos: traumatismos por caídas tras descargas eléctricas, quemaduras, problemas respiratorios, pérdida ocular y traumatismos craneales en el caso de balas de goma. Citó además recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que considera inadmisible el uso de este tipo de armas en contextos de detención por su potencial como instrumentos de tortura, y cuestionó políticamente el proyecto al sostener que podría habilitar "una represión avalada por una ley". Su compañero de bloque José Luis Berros planteó una postura intermedia: propuso modificaciones concretas, entre ellas la prohibición expresa del uso de estas armas en manifestaciones públicas y respecto de menores de 16 años y personas con discapacidad. "Nosotros no estamos a favor de los delincuentes, pero tampoco queremos que esta sea la única herramienta del Estado", afirmó.