Por: Bache3000

La sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es un caso ajeno a Bariloche: el propio fallo cita al municipio de San Carlos de Bariloche entre las jurisdicciones argentinas que ya debieron enfrentar el conflicto entre el transporte tradicional y las plataformas digitales, mencionando la Resolución 2610-I-2025 del Ejecutivo local como parte de ese mapa. Eso convierte al pronunciamiento porteño en algo más que una referencia lejana: es jurisprudencia que habla, en parte, de lo que ocurre aquí.

El núcleo del fallo es claro y tiene implicancias directas para cualquier municipio en la misma situación. Los jueces establecieron que las aplicaciones como Uber no son una plataforma tecnológica de intermediación, sino prestadoras de un servicio de transporte de pasajeros, y que por tanto quedan bajo la órbita de las competencias locales en materia de tránsito, habilitaciones y seguridad vial. En términos concretos, eso significa que un municipio como Bariloche tiene no solo la facultad sino la obligación de regularlas, fiscalizarlas y exigirles las mismas condiciones que hoy se le imponen a taxis y remises: licencia de conductor profesional, seguro del rodado, seguro de pasajeros y seguro de responsabilidad civil, entre otros requisitos.

Lo que cambiaría si ese criterio se aplica en Bariloche es sustancial. Hoy los vehículos de las aplicaciones operan en la ciudad sin habilitación municipal, sin que sus conductores acrediten licencia profesional y sin los seguros obligatorios que sí se exigen al sector del taxi y el remís (más allá que la que brinda la app). Esa asimetría es exactamente la misma que el tribunal porteño declaró ilegítima: una situación en la que el Estado local le cobra aranceles, exige habilitaciones y aplica controles a un sector, mientras permite que otro preste el mismo servicio sin ninguna de esas cargas.

Si hay un fallo similar en Bariloche, los conductores de plataformas deberían obtener habilitación municipal para operar, acreditar licencia de conductor profesional, contratar los seguros exigidos al transporte de pasajeros y quedar sujetos a los mismos controles de fiscalización que hoy pesan sobre taxis y remises. Al mismo tiempo, el municipio estaría obligado a ejercer ese control de manera efectiva y no meramente formal, que es justamente lo que el tribunal porteño le reprochó al Gobierno de la Ciudad durante diez años de inacción.

El fallo también advierte sobre otro flanco: la publicidad. En Buenos Aires, el tribunal condenó al Gobierno por permitir que las plataformas se anunciaran en espacios públicos municipales generando una apariencia de regularidad que sus propias autoridades desmentían en sede judicial. En Bariloche, donde las aplicaciones también se publicitan activamente, esa lógica podría replicarse si el municipio no toma una posición clara.

Los taxistas locales que difundieron el fallo entienden que el tiempo de la indefinición tiene un costo concreto para su sector y que la Justicia, al menos en Buenos Aires, ya dejó en claro de qué lado cae ese costo cuando el Estado decide no actuar.