Por: Bache3000

El concejal Leandro Costa Brutten fue el primero en alertar públicamente sobre el alcance de la Resolución Nº 00001481-I-2026, firmada por el intendente Walter Cortés. En declaraciones a Bache3000, el edil expresó su "sorpresa y profunda preocupación" ante una decisión que calificó de inconsulta y sin sustento técnico, tomada a días del inicio de la temporada invernal.

"En los hechos, se deja prácticamente sin supervisión inmediata a una de las zonas de mayor relevancia económica de Bariloche", advirtió Costa Brutten, y precisó el alcance del vaciamiento: "Se pierde la gestión descentralizada en un contexto de alta actividad económica, circulación turística y fuerte demanda de servicios públicos".

El concejal también cuestionó la decisión de centralizar funciones en áreas alejadas del territorio. Según indicó, eso "fragmenta responsabilidades y elimina la capacidad de respuesta inmediata en una zona que requiere presencia constante, especialmente durante la temporada invernal". Para Costa Brutten, el resultado es concreto e inmediato: "Se elimina la capacidad operativa del municipio en el principal polo turístico de la ciudad".

El edil vinculó además esta medida con un proceso más amplio. "Se intenta avanzar en un proceso de vaciamiento y separación del Cerro Catedral respecto de la ciudad. Primero fue el intento de traslado de la Delegación, resistido por los vecinos, y ahora se le quita su capacidad operativa de manera irresponsable", sostuvo. Y fue directo al momento de identificar a los beneficiarios: "Los principales beneficiarios de este esquema serán los sectores que buscan reducir la presencia del Estado en el Cerro Catedral".

"Lejos de mejorar la gestión, esta decisión desarma los controles en el principal centro turístico de Bariloche, poniendo en riesgo la fiscalización tributaria, la prestación de servicios y la capacidad operativa del municipio", afirmó, y remató: "La resolución configura una verdadera zona liberada, debilitando el rol de control del Estado municipal en un área estratégica".

Qué dice la resolución del Ejecutivo

El documento oficial conocido en las últimas horas establece que la inspección general, la fiscalización tributaria y turística, el control vehicular y la suscripción de habilitaciones comerciales y turísticas pasarán a ser ejercidas por las áreas centrales del Departamento Ejecutivo Municipal "en forma coordinada" con la Delegación.

Esta última mantiene formalmente su carácter de organismo descentralizado para atención al público y primera instancia de control, pero sin las atribuciones específicas que durante dos décadas le dieron su peso institucional en el área. La resolución instruye a las secretarías de Hacienda, Turismo, Protección Ciudadana y Obras y Servicios Públicos a dictar los protocolos de coordinación en un plazo de treinta días.