Por: Bache3000

La Comisión de Economía del Concejo Municipal de Bariloche se reunió este lunes para analizar el proyecto de ordenanza 476/25, que busca establecer por norma municipal la tarifa residente del Transporte Urbano de Pasajeros, actualmente vigente apenas por una resolución del intendente Walter Cortés que puede ser revocada en cualquier momento. La presidenta de la comisión, Mari Coronado, condujo el encuentro al que asistieron los concejales Roxana Ferreyra, Lucas Pérez, Julieta Wallace, Tomás Hercingonja, Facundo Villalba, Juan Pablo Ferrari y Samanta Echenique.

El proyecto apunta a consagrar en ordenanza el descuento del 25% sobre la tarifa plana de las tres primeras secciones del servicio para los residentes permanentes de Bariloche, que hoy pagan un boleto base de 2.045 pesos. Pero la propuesta va más allá: también reclama que ese beneficio se extienda a la línea 55, que une la ciudad con el Cerro Catedral, y a la línea 72, que conecta con el aeropuerto, dos ramales que actualmente no contemplan tarifa diferencial para vecinos y donde el pasaje a Catedral supera los 7.000 pesos.

La discusión no se limitó a los artículos del proyecto. Ferreyra aprovechó el debate para trazar un diagnóstico durísimo sobre la relación entre el gobierno municipal y la empresa concesionaria Amancay (Mi Bus), y apuntó directamente contra la gestión de Cortés. "Desde que tengo uso de razón, nunca hubo tanto conflicto con una empresa de transporte como con la Amancay", afirmó la concejal, y enumeró una serie de irregularidades acumuladas: colectivos que se prenden fuego en circulación, frecuencias incumplidas, pasajeros agredidos a bordo y una opacidad total sobre el destino de los subsidios municipales que recibe la firma.

El 25% que depende de la voluntad del intendente

Uno de los ejes centrales del proyecto es precisamente ese: sacarle al Ejecutivo la potestad discrecional sobre el beneficio. "El boleto residente no es algo que estamos discutiendo a partir de hoy, se viene discutiendo hace muchos años, y hoy depende de que el intendente quiera mantenerlo", advirtió Ferreyra. La concejal también denunció que el sistema presenta fallas concretas en su aplicación: los vecinos que pagan el boleto con tarjeta de débito no acceden al descuento residente y terminan abonando la tarifa plena, un problema que, señaló, nadie en el Ejecutivo parece dispuesto a resolver.

La opositora también cuestionó la falta de transparencia en el manejo de los subsidios que el municipio transfiere a Amancay. Según explicó, la estructura de costos presentada por la empresa no detalla a qué rubros se destinan esos fondos, y el Concejo no tiene forma de verificarlo. "Ni hoy, ni el año pasado, ni hace nueve años sabemos adónde van los subsidios", afirmó, y recordó que en el pasado el municipio entregaba combustible como subsidio en especie, mientras que ahora lo hace en efectivo sin ningún tipo de rendición de cuentas.

El debate también sacó a la luz una disputa de fondo sobre el rol del Estado frente a la empresa concesionaria. Ferreyra recordó que el propio Concejo sancionó una ordenanza para incorporar a vecinos en la Comisión de Seguimiento de Transporte, pero que el Ejecutivo municipal la vetó. "No piensan en los vecinos, piensan en la empresa", disparó la concejal, y cerró su intervención con una pregunta que funcionó como síntesis de toda la discusión: "¿Estamos con los vecinos o estamos con la empresa?"

Al cierre del debate, el proyecto quedó en análisis y continuará siendo discutido en la próxima reunión de la comisión. Ferreyra no dejó lugar a dudas sobre su posición: "Yo estoy acá para defender el 25% que quede por ordenanza, no a criterio del intendente. Esa es la discusión."