Por: Bache3000

El rector Anselmo Torres elevó una solicitud de intervención urgente al sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dirigida a la Dra. Farida Shaheed, planteando que la Argentina atraviesa un proceso de regresividad en derechos económicos, sociales y culturales incompatible con las obligaciones asumidas bajo el Pacto Internacional en la materia.

Los números que sustentan la denuncia son contundentes: las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, y el financiamiento público al sistema representa hoy apenas el 0,431% del PBI, cuando en 2023 era el 0,718%. Los salarios docentes y no docentes perdieron el 32% de su poder adquisitivo frente a la inflación, ubicándose en el nivel real más bajo de los últimos 23 años, y recuperarlos requeriría una recomposición superior al 47%.

El golpe más duro cayó sobre los sectores con menos margen de aguante: las Becas Progresar sufrieron un recorte nominal del 82% entre 2025 y 2026, lo que en términos reales equivale a una caída de más del 95% respecto a 2023. La inversión en ciencia y técnica universitaria bajó a menos del 40% de lo ejecutado hace dos años, y las partidas de infraestructura y extensión registraron una ejecución equivalente al 0% en términos reales. Torres señala que esto impacta de forma desproporcionada sobre estudiantes pobres, mujeres con responsabilidades de cuidado y habitantes de regiones periféricas como la Patagonia, donde la universidad pública es con frecuencia el único acceso posible a la educación superior.

La presentación ante la ONU también describe un conflicto institucional sin resolución visible. El Congreso sancionó una ley de financiamiento universitario y el gobierno de Javier Milei la vetó, pero el Poder Legislativo la ratificó igualmente mediante mayoría agravada bajo el número 27.795. El Ejecutivo respondió con el Decreto 759/2025, suspendiendo su aplicación y forzando a las universidades a recurrir a la Justicia Federal, que en primera y segunda instancia ordenó al Estado aplicar de inmediato las actualizaciones. El gobierno llevó el caso a la Corte Suprema para evitar cumplirla.

Torres solicita a la Relatoría que tome conocimiento formal de los hechos, requiera información urgente al Estado argentino y recomiende medidas para garantizar el cumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso. En la presentación se consigna también que el Estado dispone de fuentes de financiamiento alternativas, como la revisión de gastos tributarios o impuestos coparticipables, que permitirían sostener la inversión educativa sin afectar el equilibrio fiscal. La denuncia cierra con una advertencia directa: no se trata de una disputa contable, sino de la supervivencia de instituciones que sostienen la ciencia, la tecnología y la democracia del país.