Por: Bache3000

Hay días en que una ciudad decide salir a la calle y no volver hasta que alguien escuche. Este martes fue uno de esos días. En Bariloche, la columna de la marcha federal universitaria ocupó al menos ocho cuadras —estudiantes, docentes, no docentes, vecinos— bajo un cielo de otoño patagónico que hacía juego con la temperatura del reclamo: fría, firme, sostenida. Lo mismo pasó en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, en La Plata, en Buenos Aires. El país universitario fue a la calle por cuarta vez consecutiva a pedirle al gobierno nacional una sola cosa: que cumpla la ley.

No es un pedido extravagante. Es, por definición, lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno. Pero en la Argentina de 2026, cumplir la ley de financiamiento universitario parece haber devenido en acto subversivo.

Diego Aguiar, vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro, lo dijo con la precisión de quien lleva la cuenta desde adentro: el gobierno ha ignorado tres marchas anteriores, cinco tratamientos del proyecto en el Congreso y dos fallos judiciales que le ordenan aplicar la norma. "Los salarios han caído un 40%", señaló Aguiar antes de que la columna barilochense comenzara a moverse. "Las becas estudiantiles están recortadas, los fondos de investigación, los insumos de laboratorio. Todo lo que hace a la vida universitaria."

La ley existe. La justicia ordenó cumplirla. El gobierno no la cumple.

Daniela, del sindicato docente de la Universidad de Río Negro, lleva dos años en esta lucha y no habla de desgaste sino de constancia. "Otra vez estamos en la calle", dijo. "Y la seguiremos hasta que logremos nuestro objetivo, que es que la universidad pública esté financiada como corresponde. Cuando una ley se promulga, hay que cumplirla. No hay otra posibilidad."

La consigna es elemental. El problema es que del otro lado nadie parece escucharla.

Alfredo, de ADURN, fue el más descarnado en su diagnóstico. Cuando se le preguntó qué esperaba de esta marcha, respondió sin rodeos: "La verdad que no espero conseguir nada en lo inmediato, porque es un gobierno que no está dispuesto a apostar por algo fundamental como la formación de su población." Y añadió lo que todos en la columna piensan pero no siempre dicen tan alto: "Un gobierno que profundiza el ajuste en este contexto deja más en claro que su política es precisamente terminar con la universidad pública y gratuita."

Los números que respaldan ese diagnóstico no son opinión: son datos. El rector de la UNRN, Anselmo Torres, los llevó ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, en una denuncia formal que describe lo que está pasando con una frialdad que aterra. Las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. El financiamiento universitario representa hoy el 0,431% del PBI, cuando tres años atrás era el 0,718%. Los salarios docentes y no docentes perdieron el 32% de su poder adquisitivo y se ubican en el nivel real más bajo de los últimos 23 años: para recuperarlos haría falta una recomposición superior al 47%.

Pero el golpe más obsceno lo absorbieron quienes menos podían. Las Becas Progresar —el instrumento que le permite a una chica de Viedma o de Pilcaniyeu pagarse el colectivo para llegar a la facultad— sufrieron un recorte nominal del 82% entre 2025 y 2026. En términos reales respecto a 2023, la caída supera el 95%. La inversión en ciencia y técnica universitaria bajó a menos del 40% de lo ejecutado hace dos años. Las partidas de infraestructura y extensión registraron una ejecución equivalente al 0% en términos reales. Cero.

Hay una paradoja que el gobierno no parece advertir —o que advierte y prefiere ignorar. La Argentina aspira a parecerse a Estados Unidos, a Irlanda, a Alemania. Pero desfinancia exactamente aquello que convirtió a esos países en lo que son: un sistema educativo público sólido, masivo, capaz de producir los profesionales, los investigadores y los técnicos sobre los que se construyó cualquier desarrollo real. No hay economía del conocimiento sin universidades. No hay Irlanda sin sus ingenieros. No hay Alemania sin sus científicos. El atajo no existe. Nunca existió. Y, la sombre de Adorni deambula en silencio por esa conversación.

Torres señala en su denuncia ante la ONU que el ajuste golpea de forma desproporcionada a los estudiantes pobres, a las mujeres con responsabilidades de cuidado y a quienes viven en regiones periféricas como la Patagonia, donde la universidad pública es con frecuencia el único acceso posible a la educación superior. No es retórica: es geografía. No hay otra opción.

Daniela Carrasco, de ADUNC, bajó ese martes desde el CRUB con sus colegas y sus estudiantes, después de una mañana entera de debate, de carteles armados con las manos, de reflexión colectiva sobre lo que está en juego. Cuando habló, ensanchó el marco del reclamo: "Hoy estamos en la calle no solamente por las universidades, sino por todos los derechos que estamos viendo vulnerados: los derechos de las personas con discapacidad, el sector de ciencia, la salud, la educación a nivel provincial. Hoy las universidades estamos en defensa de todo."

Marcelo Alonso, decano del CRUB —el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue— lo resumió con la claridad de quien no necesita adornos: "Estamos pidiendo sencillamente que se cumpla una ley. Esto es lo que pedimos."

La diputada nacional Adriana Sarquis habló de hartazgo —"la sociedad frente a un gobierno nacional que no está escuchando"— y de cansancio, pero también de algo que el número de marchas todavía no logró doblar: la energía de salir. "El acompañamiento me da energía", dijo.

La columna recorrió las calles del centro hasta desembocar en el Centro Cívico, donde la plaza quedó colmada de gente. Ocho cuadras de marcha y una plaza llena: Bariloche midió así su respuesta a un ajuste que no da señales de detenerse.

Cuatro marchas. Dos fallos judiciales. Una denuncia ante la ONU. Una plaza llena un martes de otoño.

El gobierno sigue sin escuchar. La universidad sigue en la calle.