Por: Bache3000

La Comisión Legislativa del Concejo Deliberante de Bariloche vivió este martes una de sus sesiones más tensas en torno al Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral. La discusión, que comenzó con el tratamiento de una nota presentada por integrantes de juntas vecinales y del Consejo de Planeamiento Municipal (CPM), derivó en un debate de más de dos horas con acusaciones cruzadas, referencias a nulidades procesales, una acción judicial en curso y posiciones encontradas sobre si el Concejo debe intervenir antes de la audiencia pública convocada para el 21 de mayo.

La abogada Josefina González Elizondo, patrocinante del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, de la Junta Vecinal Villa Lagunillas, de la Junta Vecinal Los Coihués y de la Junta Vecinal Cerro Catedral, explicó ante la comisión que la presentación judicial busca retomar el proceso desde donde quedó inconcluso el 9 de febrero, cuando la reunión del CPM fue levantada sin completar todos los puntos del orden del día.

"Lo que se fue a solicitar es justamente requerir que se vuelva al CPM presencial, que estaba abordando los puntos que le habían dado el orden del día, y fundamentalmente la convocatoria al Consejo de Planeamiento Estratégico, que había sido convocado para ser integrado pero no estaba conformado", explicó González Elizondo, quien aclaró que la acción no busca impugnar el proyecto de fondo sino garantizar que los pasos previos obligatorios se cumplan. "No hemos tenido otra posibilidad de hacerlo por la inminencia de la audiencia pública. Pero aun así, en la medida cautelar está dispuesto que nuestra idea es dialogar. El Poder Judicial, en principio, no debería estar tratando esta cuestión", afirmó.

El concejal Leandro Costa Brutten fue quien más extensamente argumentó en respaldo de la presentación vecinal. Enumeró lo que consideró una serie de nulidades acumuladas: la ausencia de informes técnicos de catastro, obras particulares, planeamiento, medioambiente y obras públicas; el cierre abrupto del CPM por parte de la coordinadora cuando el proceso estaba en marcha; la realización de una votación interna en la unidad coordinadora que estaría expresamente prohibida por ordenanza; y la falta de convocatoria al Consejo de Planeamiento Estratégico, organismo especializado cuya citación es obligatoria.

Sobre este último punto, Costa Brutten fue categórico: "Hay una obligación y es citar y convocar a un consejo especial que es quien fiscaliza. El Ejecutivo ha omitido realizar esa convocatoria, lo cual determina otra nulidad." También advirtió sobre las consecuencias de avanzar sin subsanar esos pasos: "Están con un mecanismo nulo pretendiendo dejar al municipio en situación de indefensión. La situación de indefensión favorece o favorecería a la empresa concesionaria CAPSA", señaló, y leyó el artículo 18 de la Carta Orgánica municipal, que establece el carácter inalienable de las tierras del Cerro Catedral: "Hasta que no logren modificarlo con la mayoría que el pueblo tiene que dar de convencionales, esto es vigente y es ley."

La concejal que ofició como segunda voz crítica, Roxana Ferreyra, pidió que la comisión priorizara escuchar a los vecinos presentes en la sala antes de cerrar el temario, subrayando que la nota pedía precisamente dar marcha atrás con la audiencia pública por las irregularidades detectadas. "Simplemente estamos pidiendo que los vecinos que presentaron una nota representando a las juntas vecinales puedan tomar la palabra. Nadie nos pidió que opinemos ni que nos peleemos", planteó, y agregó: "Me parece que estamos haciendo un revoltijo de cosas que no van al caso."

El concejal Juan Pablo Ferrari, en cambio, trazó una posición más cautelosa. Cuestionó si la nota era suficientemente precisa sobre qué norma específica se estaría incumpliendo y cuál sería el perjuicio concreto, y sostuvo que la audiencia pública no es el final del proceso sino un paso más dentro de él. "La audiencia pública no le da cierre al proceso. Es escuchar y desde ahí también se pueden tomar o canalizar las observaciones de esa participación ciudadana para una decisión final", argumentó.

Sobre la judicialización, fue igualmente claro: "Si se decidió recorrer el camino de iniciar una acción judicial, como hicimos con otras situaciones que lo ameritaron, esperemos la resolución de la justicia." Ferrari también aclaró que el rango uno elegido para el proceso no aprueba obras ni proyectos ejecutivos: "Tenemos un pedazo de ciudad que es Cerro Catedral que no tiene parámetros por municipalidad. La discusión que tenemos que dar es si a esa tierra le queremos dar o no parámetros. Qué obra, qué esto, qué lo otro, no pasa en este proyecto."

El concejal Facundo Villalba intervino para rebatir el argumento de que el Concejo deba guardar silencio ante la judicialización: "No es verdad que este consejo tome el criterio de correrse cuando hay una cuestión judicial. Vienen vecinos que tienen acciones judiciales contra otros vecinos por cuestiones de construcciones ilegales y los recibimos y los escuchamos. Nadie obliga a un concejal a emitir opinión, puede emitirla o no", dijo. Villalba también defendió la necesidad de transmitir la sesión: "Ahora logramos que se transmita todo, que la gente pueda verlo, lo cual es transparente, es honesto y es relindo."

La concejal Samanta Echenique marcó su posición en sentido contrario y anunció que se llamaría al silencio mientras la causa esté en manos de la justicia: "Si hay acciones judiciales y están interviniendo en la justicia, yo me voy a llamar al silencio. No tengo por qué opinar. Si la justicia considera que mi función es necesaria, iré cuando me llamen." También cuestionó lo que describió como acusaciones de intencionalidad hacia los miembros de la unidad coordinadora: "En vez de plantear opiniones encontradas a través de las vías institucionales, utilizan palabras como maniobras, intereses y negociados. Yo la voy a cuidar porque es una persona proba y técnicamente muy buena, y la verdad no la voy a exponer a esto."

Nicolás Carini, presidente de la Junta Vecinal de Villa Laura Gutiérrez y miembro activo del CPM, dio el testimonio más concreto de la jornada. Relató que su junta participó de las tres primeras reuniones del CPM pero no fue convocada para la cuarta, la del 9 de febrero, a pesar de que otras juntas sí recibieron la invitación. "Remitimos una comunicación a la Secretaría de Planeamiento para decirle: no estamos convocados, nuestra intención es participar. No nos respondieron. Por ende, no asistimos al CPM del 9 de febrero", explicó. Carini señaló que la secretaria de Planeamiento reconoció más tarde el error, aunque alegó que había quedado subsanado porque la junta habría participado igual: "No participamos. ¿Y cómo saben si no había ningún control? Tampoco está en acta." El representante vecinal cerró su intervención con una reflexión sobre la calidad del proceso participativo: "No perdamos de vista la calidad de la participación ciudadana. En el CPM debe estar garantizada esa calidad."

El arquitecto Christian Almeyda, asesor del bloque Juntos Somos Río Negro y miembro de la unidad coordinadora, aportó una lectura diferente desde adentro del proceso. Señaló que en cuatro reuniones del CPM ningún miembro activo ni consultivo presentó dictamen técnico, lo que a su entender tiene una lectura política: "El no elaborar ningún dictamen por parte de los miembros activos o consultivos es una posición política clara. Es una decisión que toman los colegios profesionales o incluso los concejales." También puso en duda la impugnación al señalar que en procesos anteriores de rango uno ningún procedimiento había sido cuestionado de esa manera. González Elizondo respondió que no era comparable: en este caso la falta de informes técnicos propios del Estado municipal es el nudo del conflicto, y en esas instancias previas tampoco se habían planteado esas deficiencias.

La abogada fue precisa en el cierre de su exposición: "No estamos pidiendo dictámenes que no son obligatorios. Estamos pidiendo informes técnicos del Estado, etapa uno de la ordenanza 418, que no es lo mismo."

La audiencia pública sobre el Plan Director está convocada para el 21 de mayo. Al cierre de la comisión, no había ninguna decisión tomada sobre si el Concejo solicitará su suspensión ni sobre los pasos a seguir una vez conocida la resolución judicial sobre la medida cautelar presentada.