Por: Bache3000

La defensora del Pueblo de Bariloche, Mariana Minuth, se presentó este miércoles ante el Concejo Deliberante para exponer el informe anual de gestión correspondiente al año 2025. El balance mostró una institución marcada por una crisis institucional profunda durante la primera mitad del año, y un proceso acelerado de reconstrucción a partir de septiembre, cuando Minuth asumió la conducción del organismo.

Antes de repasar los números, la defensora ubicó el informe en un contexto más amplio: señaló que la Defensoría del Pueblo de la Nación lleva aproximadamente dieciséis o diecisiete años en acefalía, y que ese vacío "se siente y se siente mucho" a nivel federal. "Las defensorías somos organismos esenciales para la promoción y protección de derechos, la defensa de garantías e intereses individuales y colectivos y el cuidado del ambiente", sostuvo.

El 2025 fue, según describió Minuth, "un año atípico". Entre junio y agosto la Defensoría de Bariloche atravesó su propia acefalía, lo que generó limitaciones operativas, dificultades administrativas e imposibilidad de ejecutar el presupuesto con normalidad. Durante esos meses, fue el personal de planta permanente quien sostuvo el funcionamiento básico del organismo. "Es una labor que reconocemos profundamente", destacó la defensora.

Uno de los problemas detectados al inicio de la nueva gestión fue la pérdida de información: datos eliminados o sin cargar del período anterior dejaron sin registro parte de la actividad institucional. Frente a ese diagnóstico, la nueva conducción impulsó la digitalización de procesos, eliminó los registros en papel, centralizó la carga en el sistema Condo y habilitó WhatsApp como canal oficial de consultas.

Los números de la recuperación

Entre junio y diciembre, el área de mesa de entrada recibió un total de 515 consultas. Los temas más frecuentes fueron vivienda y alquileres (30,8%), usuarios y consumidores (23,6%), salud (17,3%) y servicios públicos (6,6%). Desde septiembre hasta fin de año, el área de asesoría letrada — que había estado sin actividad registrada durante toda la primera etapa del año — brindó 46 orientaciones legales gratuitas en menos de cuatro meses. "Esto evidencia una recuperación del área y una demanda latente que tenía la comunidad", afirmó Minuth.

En mediación comunitaria, el organismo realizó 85 mediaciones a lo largo del año: 35 en la primera etapa, 14 durante el período de acefalía y 36 en el último tramo del año. Entre los casos del último período, siete terminaron con acuerdo escrito y seis con acuerdo verbal. Los conflictos más frecuentes fueron vecinales, problemas de alquileres, ruidos molestos, filtraciones y arbolado urbano.

La Defensoría también abrió once actuaciones formales durante la nueva gestión, que abarcaron problemáticas como el vertedero municipal, el transporte público, la seguridad vial y el funcionamiento del mercado comunitario. Se emitieron nueve resoluciones de avocamiento, 35 resoluciones generales, cuatro recomendaciones formales y 49 resoluciones administrativas contables.

El vertedero, el ambiente y nuevas áreas

Entre los ejes prioritarios de la nueva gestión, Minuth destacó el área de Ambiente, que tomó como caso central la problemática del vertedero municipal. Desde esa área se impulsaron mesas de trabajo con actores estatales, organizaciones sociales, vecinos y especialistas, y se elaboró un informe que, según la defensora, "tomó muchísima trascendencia". También se abordaron conflictos vinculados al ordenamiento territorial, el acceso al agua y al saneamiento, y se tomó posición ante la caza de pumas en la Patagonia.

La nueva gestión también creó dos áreas que no existían: la Consultoría de Gestión Institucional y la de Promoción de Derechos Humanos. La primera funciona como núcleo operativo y estratégico del organismo; la segunda apunta a la formación ciudadana, con especial énfasis en infancias y juventudes, con talleres en escuelas, simulacros de voto joven y actividades contra el bullying.

El presupuesto asignado para 2025 fue de $45.800.000, de los cuales se ejecutaron $43.818.178,23. El pico de gasto se dio entre noviembre y diciembre, cuando se ejecutaron más de $13 millones destinados principalmente a la compra de equipamiento informático, que la institución tenía prácticamente obsoleto. "Obstruía el normal funcionamiento del equipo", explicó Minuth, quien anunció que el proceso de actualización continuará de forma gradual durante 2026.

Al cierre de su exposición, la defensora trazó un balance que combinó autocrítica con optimismo. "Donde antes no había actividad registrada, hoy aparecen muchísimas intervenciones. Donde había una desconexión con la ciudadanía, hoy emerge una defensoría presente. Donde había una desorganización, comienza a consolidarse una estructura más eficiente y profesional", sintetizó.

Minuth planteó como desafíos para 2026 profundizar la presencia territorial, mejorar los sistemas de información y consolidar el rol de la institución como garante de derechos. "Una defensoría que funciona no es solamente una institución que cumple con su normativa. Es una herramienta concreta de justicia cotidiana para cada vecino y vecina de Bariloche", cerró.