Por: Bache3000

El Concejo Deliberante de Bariloche aprobó este jueves por mayoría la ordenanza que crea el Parque Público Municipal Ribera del Ñireco, autoriza una permuta de terrenos con la desarrolladora privada Laura Fenoglio y habilita un planteo urbanístico privado sobre unas cuatro hectáreas en la zona del río Ñireco. La sesión estuvo marcada por un extenso debate en el que la mayoría de los bloques coincidió en el valor estratégico del proyecto para la ciudad, pero varios concejales cuestionaron con dureza la calidad de la negociación que el municipio hizo con la privada y la falta de estudios técnicos previos.

El proyecto llevaba meses recorriendo comisiones.

En la sesión, quien tomó la palabra para presentar las modificaciones incorporadas fue uno de los autores del proyecto reformulado. En el artículo octavo, precisó, se incorporó la posibilidad de que la desarrolladora ceda un lote para la construcción de una residencia pública de adultos mayores, con una corrección en el texto: donde decía "una superficie", debe leerse "un lote destinado a la construcción de una residencia pública de adultos mayores".

El mismo concejal argumentó los beneficios del proyecto: "Este proyecto lo que viene y nos permite sumar una de las pocas superficies con acceso de costa de río. También nos permite ampliar los espacios verdes de la ciudad, nos permite ampliar espacios libres, en particular en el casco urbano, que presenta un déficit histórico. También alivia la presión sobre la barra del Ñireco, problemática ambiental y social que requiere trabajo de gestión permanente. Y claramente esto nos va a permitir, a un futuro no muy largo, hacer la otra vía de conexión que sería desde 25 de Mayo hacia el parque".

El concejal Villalba fue el más crítico. Cuestionó el carácter excepcional del procedimiento y lo comparó desfavorablemente con la emergencia habitacional, que sí cumplía los pasos técnicos aunque carecía de audiencia pública. "Si bien el nombre es muy bonito, que es 'Crea Parque Público Municipal Rivera del Ñireco', ¿quién podría estar en contra de un parque público municipal? Pero todo eso en este caso se exceptúa. Y es el carácter excepcional de esto que llama muchísimo la atención. De hecho, es hasta incluso más excepcional que en la emergencia habitacional", afirmó. Y fue más lejos: "No tenemos ninguna certeza porque no hubo planificación, porque se saltearon todos los pasos. Estamos sentando un precedente de que ahora cualquier privado podría solicitar al Concejo Deliberante hacer todo de esta manera". Sobre la bajada de la calle Brown, dijo que nunca se presentó un estudio de suelos que certifique que la obra está bien ejecutada: "La calle la empezó a abrir el intendente, el intendente en persona. La empezaron a abrir cuando no tenían el título de propiedad. Se metieron en terreno privado".

La concejal Julieta Wallace también reservó su voto y expuso una serie de cálculos económicos para argumentar que el Estado negoció en desventaja. Tomando el valor abonado por la desarrolladora por las once hectáreas —815.000 dólares, dato que la propia desarrolladora confirmó en comisión— y las tasaciones del inmueble de cuatro hectáreas destinado al planteo privado, Wallace concluyó que la permuta implica que el municipio pone 70.000 dólares más que lo que recibe.

A eso sumó que, aplicando la plusvalía del 12 % sobre el suelo comercializable —unas dos hectáreas y media, descontadas las cesiones obligatorias—, el Estado resignaría otros 131.000 dólares. "A mí me queda que esa compensación para el Estado estoy abajo en doscientos mil dólares. Y esos doscientos mil dólares, ¿cómo se compensan? Con la reserva fiscal. Y la verdad es que no con un lote de trescientos quince metros", sostuvo. Remató con una cuenta: a 42 dólares el metro cuadrado —valor del loteo social—, esos 200.000 dólares equivalen a unos 4.760 metros cuadrados, lo que daría para quince lotes sociales. "Lo mismo pasó, a mi modo de ver, con el proyecto ciento uno. Creo que el Estado se para mal frente al privado a la hora de negociar", concluyó.

El concejal Juan Pablo Ferrari, integrante de la Comisión de Obras y Planeamiento, defendió el proyecto desde otra perspectiva. "Muchas veces puede pasar que el Estado se encuentre en situaciones donde, a mi humilde entender, no está para ganar plata económicamente hablando. Creo que está para hacer este tipo de proyectos cuando son estratégicos para una ciudad. Creer que la conectividad que entrega esta cesión de lotes... y desde ese lado lo fui diciendo en cada una de las comisiones, lo veía como algo totalmente positivo", señaló. Ferrari también salió al cruce de las críticas sobre la calle: "No va a ser ni la primer ni única calle que esté dada para tránsito liviano o pesado. Que una calle, cuando tiene una caída libre como tiene esta o una bajada tan pronunciada, se cierren en invierno también es algo muy normal en ciudades como esta".

El concejal Leandro Costa Brutten adelantó su voto positivo y puso el acento en la posibilidad de conseguir el lote para la residencia de adultos mayores, una ordenanza que fue vetada por el Ejecutivo. "Yo respeto en este caso cada una de las consideraciones, pero uno sabe que todo lo que hace para que quienes nos están reclamando estén mejor, no solo está justificado, sino que tiene que ver con nuestra intervención como representantes del Estado", afirmó. Y sobre la naturaleza del mecanismo, fue explícito: "Los procedimientos de excepción se tratan como excepciones. Algunos me dicen: 'Estás cambiando las consideraciones de cómo vamos a tratar todo'. No. Lo que estamos tratando es esto como un procedimiento de excepción". Costa Brutten cerró su intervención comprometiéndose personalmente: "Me comprometo a que se cumplimente lo que votamos o, por supuesto, hacerme responsable en caso de que esto no sea así y nos vaya mal".

Otro concejal que votó a favor —identificado en el audio como Tomás Hercingonja— valoró el contexto de la operación: "Fue honesta la desarrolladora en decir que pagó ochocientos veinte mil dólares, pero fue un negocio de oportunidad. No cualquiera pone ochocientos veinte mil dólares de contado, porque seguramente eso valía mucho más. Según mi cálculo, arriba de un millón y medio". Y añadió: "No es el Estado que siempre tiene que ganar, sino que ganan los vecinos. En este caso ganan los vecinos, no el Estado".

Wallace volvió a tomar la palabra para rebatir ese argumento. "¿Cómo no va a poder ganar el Estado? Ese es el Estado bobo el que no gana. Claro, después no tiene los recursos para ir a comprar una tierra de ochocientos cincuenta mil dólares, más vale que no lo va a tener, si a la hora de negociar negociamos como negociamos", disparó. Y citó las palabras de los especialistas que participaron de los debates sobre la Carta Orgánica: "Dijeron específicamente eso: hay que animarse a que el Estado no vaya siempre atrás del sector privado. El Estado también tiene que sentarse y generar rentabilidad, porque esa rentabilidad es para generar políticas públicas que puedan cambiarle la vida a la gente".

La concejal Laura Totonelli cerró el debate con una lectura conceptual del proyecto. Sostuvo que el valor de la conectividad no puede medirse solo en términos de tierra: "La pregunta en estos casos deja de ser cuánto vale el terreno y pasa a ser cuánto valor económico y social permite producir. El parque que se va a poder generar tiene valor estratégico, valor sistémico, valor económico indirecto y valor de cohesión urbana". La concejal Samanta Echenique adhirió a esa postura: "La cuestión valor es lo que tenemos que llenar de contenido".

La votación final arrojó la aprobación por mayoría, con el único voto negativo de Villalba y la ausencia de la concejal Julieta Wallace.