Por: Bache3000

El Concejo Municipal de Bariloche aprobó por unanimidad una comunicación dirigida al Ministerio de Educación y al Ministerio de Seguridad de la provincia de Río Negro en respuesta a las amenazas de violencia registradas en escuelas secundarias de la ciudad. La iniciativa fue impulsada por la concejala Julieta Wallace del bloque Incluyendo Bariloche, con la única ausencia de los concejales Juan Pablo Ferrari y Facundo Villalba.

Wallace repasó los episodios concretos ocurridos en Bariloche: un mensaje intimidatorio encontrado pintado en los baños del colegio Don Bosco el 16 de abril, un mensaje similar hallado por el personal de maestranza en el Colegio Secundario Nº2, y estudiantes del Centro Educativo 36 que recibieron capturas de WhatsApp con amenazas explícitas acompañadas de una fotografía de una pistola. La concejala enmarcó estos hechos en una problemática de alcance nacional que ya obligó a varias ciudades a suspender clases, y mencionó casos graves ocurridos en 2025: en Ingeniero Maschwitz, cuatro estudiantes de entre 14 y 16 años integraban un grupo de WhatsApp para planear un ataque armado; en Florencio Varela, una alumna llevó una pistola y 150 municiones al colegio; y en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, un alumno de 15 años ingresó con una escopeta y comenzó a disparar, aunque por fortuna no hubo heridos.

Wallace señaló también el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 445, que eliminó la autonomía de la Agencia Nacional de Materiales Controlados —el organismo encargado de fiscalizar el acceso a armas de fuego— y la posterior reducción de la edad mínima para obtener permiso de portación de armas, que bajó de los 21 a los 18 años. "Políticas de esta naturaleza no hacen sino profundizar esta problemática, facilitando el acceso a las armas en un contexto que parece propicio para la propagación de hechos de violencia", sostuvo. Aunque en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de resolución para rechazar el decreto, hasta el momento no fue aprobado.

La comunicación aprobada insta al Ministerio de Educación y al Ministerio de Seguridad provincial a diseñar protocolos de intervención ante amenazas masivas por vías virtuales o físicas, a garantizar la continuidad educativa y a fortalecer los equipos de apoyo psicopedagógico para la contención de la salud mental de los estudiantes. También solicita al Ministerio de Seguridad de la Nación que diseñe una política de prevención e intervención efectiva ante este tipo de fenómenos.

"La iniciativa la trajeron los jóvenes", subrayó Wallace al cerrar su presentación. "Hay muchísimos jóvenes muy preocupados por esta situación, jóvenes que están transitando el secundario. Es el Estado, a través de sus organismos, el que tiene que trabajar en la prevención."