Por: Bache3000 // producción Martín Pargade

Costa Brutten recibió a Bache3000 en su despacho días antes de la audiencia pública sobre el Plan Director para Cerro Catedral y fue categórico: el documento presentado por el Ejecutivo municipal no es un plan urbanístico sino una pieza de marketing vacía de sustento técnico, sin estudio de impacto ambiental, sin factibilidad de servicios y en contradicción directa con la carta orgánica de Bariloche, que establece que las tierras del Cerro son municipales e inalienables.

"Esto no existe en ningún lugar del mundo. Nadie entrega sus bienes para que un intermediario se quede con el 92 por ciento de lo que generen", sostuvo el concejal, y fue más lejos: calificó la operación como un "negociado ruinoso" en el que el intendente no actúa como controlador de la concesionaria sino como su socio. En ese marco, Costa Brutten denunció que Cortés habría condonado una deuda que CAPSA tenía con el municipio y que actualmente hace promoción pública de los pases de la empresa.

El bloque opositor identificó tres frentes de lo que describió como una estrategia deliberada para dejar al municipio sin defensa frente a un posible reclamo judicial de CAPSA. El primero es la mala praxis de los abogados del Estado municipal, que habrían perdido juicios tanto en EAMCEC como en la propia Municipalidad. El segundo es el intento de reclasificar las tierras del Catedral como urbanizables, quitándole al municipio su principal argumento legal ante cualquier demanda. El tercero es la aspiración del intendente de convertirse en convencional constituyente para reformar la carta orgánica, reducir el número de concejales —que hoy le niegan los votos necesarios— y eliminar la cláusula de inalienabilidad de esas tierras.

Costa Brutten también vinculó el Plan Director con dos decisiones administrativas que, según su lectura, apuntan en la misma dirección: el retiro de maquinaria de la delegación del Cerro Catedral —que debió revertirse ante la presión vecinal— y el vaciamiento de las facultades de esa delegación mediante una resolución que trasladó las funciones de control e inspección al puerto de Bariloche. "Generó una zona liberada", afirmó el concejal, y señaló que los principales beneficiados de esa desprotección son los propios empresarios que el municipio debería estar fiscalizando.

El edil también describió lo que denominó un vaciamiento paralelo impulsado por CAPSA: la expulsión progresiva de estudiantes, jubilados, fotógrafos y esquiadores con discapacidad, la eliminación de excursiones turísticas y el aumento desproporcionado en el precio de los pases. El resultado, según datos de la temporada anterior, fue la pérdida de diez mil esquiadores y veinte mil peatones. "¿Qué centro de esquí que pierde esquiadores y peatones puede ser felicitado? Ninguno, salvo que estén intentando vaciarlo", planteó.

Sobre el proyecto inmobiliario que la empresa pretende desarrollar, Costa Brutten fue enfático en su rechazo a la lógica de barrio cerrado que, a su entender, desnaturalizaría el cerro: quienes compraran un lote accederían a los medios de elevación como si fueran una amenidad privada, convirtiendo el principal activo turístico de Bariloche en un club exclusivo. "Nosotros tenemos el lago, la ciudad, el cerro, el aeropuerto, la gente capacitada en gastronomía. Todo eso es una herramienta para competir con otros destinos. No nos interesa desnaturalizar el centro de esquí para un negocio inmobiliario", sostuvo.

Además, advirtió que el proyecto pretende impactar a más de 23.000 personas en una zona sin factibilidad ambiental ni de servicios, y utilizó el término "ecocidio" para describir el daño que eso generaría sobre el ecosistema del Cerro Catedral.

La audiencia pública se realizará en los próximos días. El bloque de Costa Brutten ya impugnó la resolución que vació de funciones a la delegación local y anticipó que acompañará la instancia con argumentos técnicos, jurídicos y el respaldo de los vecinos que, según afirmó, ya demostraron su capacidad de frenar las decisiones más cuestionadas de esta gestión.