Por: Bache3000

Hay una elegancia particular en la forma en que los grandes proyectos energéticos no ocurren. No es que fracase algo concreto. Es que todo sigue existiendo —los comunicados, las firmas, las fotos en Puerto Madero con trajes oscuros y banderas de países que quedan lejos—, pero la inversión efectiva se desplaza hacia adelante como un horizonte que retrocede exactamente a la velocidad a la que uno avanza. El Proyecto Argentina LNG lleva casi cuatro años en ese estado: siempre próximo, nunca presente.

La historia empieza en septiembre de 2022, cuando YPF y Petronas, la gigante petrolera malaya controlada por el Estado de Malasia, firman en Buenos Aires los documentos fundacionales de lo que se presenta como el proyecto de infraestructura energética más ambicioso de la historia argentina. Gasoducto dedicado, planta de licuefacción, puerto exportador, logística internacional. Cincuenta mil millones de dólares. La Argentina transformada en potencia gasífera global. La firma se produce, conviene recordarlo, en pleno cepo cambiario, con controles de capitales en todo su esplendor y una volatilidad impositiva que los manuales de inversión extranjera suelen listar entre los factores disuasorios. Petronas firma igual. En febrero de 2023, reserva tierras en el Puerto White de Bahía Blanca. En marzo, ratifica cronogramas en Houston. La empresa malaya pone el cuerpo, como se dice, en condiciones que supuestamente hacen imposible poner el cuerpo.

Entonces llega el RIGI.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, incluido en la Ley Bases del gobierno de Javier Milei, se presenta en 2024 como la solución al problema que impedía que proyectos como el GNL pasaran del papel a la realidad. La fórmula que circula es taxativa: sin RIGI no hay GNL. La Provincia de Río Negro, gobernada por Alberto Weretilneck, se apura a ser la primera jurisdicción del país en adherir, en julio de 2024. Es un gesto de confianza, o de ansiedad, o de las dos cosas a la vez. La provincia entrega su primacía regulatoria, resigna márgenes de negociación, acepta las condiciones del régimen. Cumple.

Lo que ocurre a continuación merece leerse despacio. En julio de 2024, con el RIGI vigente y Río Negro ya adherida, YPF descarta Bahía Blanca y elige Punta Colorada, en el departamento de San Antonio, como nueva sede de la planta. Petronas respalda la decisión en un comunicado oficial desde Kuala Lumpur. Sin embargo, ese mismo mes, según reconstruye el documento al que accedió este medio, la empresa malaya ha resuelto internamente no aportar capital propio y limitar su participación al traslado de conocimiento técnico. El corrimiento no se anuncia. Se filtra. En septiembre, fuentes industriales confirman que Petronas tiene, en palabras textuales que circulan entre quienes siguen las negociaciones, un pie afuera. Weretilneck sale a decir que la planta se hará con o sin Petronas. En diciembre de 2024, YPF lo confirma: Petronas se va. El RIGI no la retuvo.

El documento interno —producido en el ámbito de una de las empresas que abandonaron el proyecto y obtenido por este medio— señala la paradoja con una precisión que los comunicados oficiales evitan. La empresa malaya formalizó los tres instrumentos jurídicos y territoriales que ordenan el proyecto —el acuerdo de estudio conjunto, el memorándum de entendimiento y la reserva de tierras en Bahía Blanca— sin RIGI, con cepo, con controles de capitales. Se retiró con el RIGI vigente y con la provincia adherida. Si el régimen de incentivos era la condición excluyente, la cronología no lo confirma.

Shell entró en reemplazo de Petronas en diciembre de 2024. Duró un año. En diciembre de 2025 también se fue, después de que la capacidad de la fase a la que estaba asociada se redujera a la mitad: de doce a seis millones de toneladas anuales. Hoy los socios del proyecto son ENI, la petrolera italiana, y XRG, el brazo inversor internacional de ADNOC, la compañía nacional de Abu Dhabi. Firmaron un acuerdo conjunto en febrero de 2026. La Decisión Final de Inversión —el momento en que alguien pone dinero real sobre la mesa— está proyectada para la segunda mitad de este año. Sin fecha. Sin contrato vinculante. Sin capital comprometido.

El balance que surge del documento es el de un proyecto que ha cambiado todo excepto su nombre. Tres socios anunciados sucesivamente y dos rupturas formalizadas. La sede mudada de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Río Negro. El esquema técnico migrado de planta terrestre a buques flotantes de licuefacción. El presupuesto recortado de treinta mil a veinticuatro mil millones de dólares. La capacidad de la primera fase reducida a la mitad. Y sobre todo, ninguna Decisión Final de Inversión firmada. El proyecto subsiste como proyecto. La inversión efectiva, en cambio, continúa proyectada.

Para Río Negro, la pregunta que el documento deja flotando es incómoda pero legítima: ¿qué obtuvo la provincia por haber adherido primero? La respuesta visible, por ahora, es que tiene en Punta Colorada una sede elegida por YPF, un nombre en los comunicados y la expectativa de convertirse en cabecera energética del Atlántico Sur. Lo que no tiene es una obra en construcción, ni una inversión comprometida, ni una fecha. Weretilneck dijo en 2024 que la planta se haría con o sin la empresa malaya. La fórmula más precisa, a la vista de los hechos, sería otra: con nuevos socios, sin inversión concreta, y con la promesa intacta.