Por: Bache3000

La Comisión de Gobierno y Asuntos Legales del Concejo Municipal dictaminó favorablemente el proyecto de ordenanza que reconoce personería jurídica a la Junta Vecinal del barrio 29 de Septiembre. La iniciativa, impulsada por el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), ahora aguarda tratamiento en el recinto para su aprobación definitiva, en lo que representa un paso clave para que cientos de familias puedan organizarse institucionalmente y exigir servicios, infraestructura y la tan esperada regularización de sus terrenos.

El proyecto —identificado como ordenanza 518-26— fue reformulado durante la sesión del 18 de mayo para subsanar observaciones técnicas, pero mantuvo su objetivo central: otorgar reconocimiento municipal a un barrio históricamente postergado que lleva años reclamando una voz propia frente al Estado.

"Los vecinos ya no quieren más que aparezca un funcionario, un concejal o un intendente prometiendo cosas y después no cumplan. Ellos quieren ser dueños de su propio destino", planteó Costa Brutten en su exposición, donde reconstruyó la historia de organización comunitaria del barrio y denunció la sistemática falta de respuestas del municipio.

El debate en comisión —con participación de los concejales Facundo Villalba (Pimero Río Negro), Roxana Ferreyra (Frente de Todos) y Laura Totonelli (JSRN)— puso sobre la mesa las tensiones entre la urgencia social y los requisitos formales, entre el reconocimiento de derechos y las trabas burocráticas que durante años impidieron consolidar la organización vecinal.

El 29 de Septiembre es uno de los últimos grandes asentamientos urbanos de Bariloche en proceso de consolidación. Ubicado en la Delegación Sur, el barrio está delimitado por las calles Cacique Prafil, Crucero General Belgrano, Ruta 40 y Calle 10, y concentra a familias que llevan años viviendo, trabajando y educando a sus hijos en el lugar. Sin embargo, la falta de personería jurídica les impedía acceder a herramientas de gestión colectiva, participar formalmente en el presupuesto participativo municipal o interpelar al gobierno local como autoridades elegidas democráticamente.

"Hay cansancio acá, porque pasan las gestiones y todos prometen. Todos dicen cosas, pero después las incumplen", subrayó Costa Brutten. El concejal recordó que el municipio viene asignando fondos presupuestarios al Instituto de Tierras y Viviendas para obras en el barrio, pero esos recursos quedan sin ejecutar año tras año. "¿Y quién reclama? Nadie, porque no hay organización vecinal que pueda exigir".

Durante una asamblea vecinal realizada en la cancha de fútbol del barrio —"estaba helando", recordó el edil—, los habitantes expresaron su hartazgo con los referentes autoproclamados y exigieron una estructura elegida democráticamente. "Sin intermediarios, estoicos, planteando que están cansados de que hablen por ellos, de que les incumplan o se atribuyan representaciones", relató Costa Brutten.

El nudo jurídico: personería vecinal vs. titularidad de la tierra

El principal escollo técnico que enfrenta el proyecto tiene que ver con la situación de los títulos de propiedad del barrio. El 29 de Septiembre se asienta sobre tres grandes terrenos que aún no están divididos en lotes individuales: dos lotes privados grandes y uno menor de titularidad provincial donde funciona la escuela.

El concejal Facundo Villalba planteó esta tensión con precisión técnica: "Si se aprueba este proyecto tal como está, el vecino va a ir a la junta vecinal y va a decir: 'Vos sos presidente de este lote grande, tenés una parcela de algo que no está todavía dividido legalmente'. Hay una imposibilidad técnica para que se conforme la junta vecinal tal como queremos".

El argumento de Villalba apunta a que la personería jurídica no puede otorgarse sobre terrenos sin dividir en lotes, donde la titularidad sigue en manos de propietarios privados o del Estado provincial, y no de los vecinos con residencia efectiva en el lugar.

Costa Brutten respondió con una distinción conceptual clave: "La personalidad jurídica municipal no se otorga al propietario de la tierra, se otorga justamente a quienes acreditan residencia y domicilio en el lugar". El concejal argumentó que los vecinos tienen sus vidas consolidadas en el barrio —hijos que nacieron ahí, DNI con domicilio en la zona, actividad escolar y comercial— y que el Estado debe reconocer esa situación real, más allá de que la regularización legal de los terrenos esté pendiente.

Para ilustrar su punto, Costa Brutten recurrió a la Ley Pierri, un mecanismo por el cual el Estado otorga un certificado de tenencia a quien vive en un lugar, que se transforma en escritura tras diez años. "El Estado reconoce a alguien que vive en ese lugar, le da un documento, y a los diez años ese documento se transforma en escritura. ¿Qué hace el Estado? Te dice: usted vive en ese lugar, tiene su familia, su vida, y yo se lo reconozco".

Villalba, que participa del Consejo Social de Tierras, detalló el estado actual de la regularización de los terrenos del barrio. Según explicó, la Ordenanza 3171/21 ya aprobó un acuerdo para intercambiar uno de los lotes privados (la parcela 02C-0) por terrenos fiscales en el barrio Quimey Ruca II. "El trámite está hoy en Catastro Provincial, esperando la escrituración. Eso puede llevar no menos de siete meses, pero en cuanto se concrete, se podrá avanzar en el intercambio", señaló.

El otro lote grande enfrenta complicaciones adicionales: uno de los propietarios falleció, y ahora se negocia con sus herederos para aceptar el acuerdo que incluye un intercambio por exenciones de impuestos y otras concesiones municipales.

"Ya está hecho el diseño urbanístico, está hecho el relevamiento de quién vive en cada casa —el último tiene menos de tres meses—, se hicieron tres relevamientos. ¿Cuál es la parte que falta? Los títulos de propiedad de estos dos lotes grandes", resumió Villalba, quien además destacó que el barrio no presenta mayores desafíos de terreno o de servicios en comparación con otros asentamientos de la ciudad.

Desde el municipio, la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) está evaluando formas de instalar postes de luz dentro del barrio, tomando como referencia experiencias de otras ciudades rionegrinas. "Es algo novedoso, porque la CEB trabaja sobre las calles públicas del municipio, pero se están buscando alternativas", explicó Villalba.

El concejal también aclaró una diferencia clave con otros casos: "Cuando en un loteo nuevo se permite conformar la junta vecinal es porque ese fraccionamiento ya está habilitado. Acá, en cambio, la calle no está delimitada oficialmente, no hay subdivisión aprobada todavía, hasta que no se apruebe la ordenanza de regularización".

Uno de los momentos más intensos del debate llegó cuando Costa Brutten denunció la desigualdad en el acceso a herramientas de participación ciudadana. "¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro barrio? Algunos pueden pagar un abogado, algunos pueden pagar un escribano, otros tienen algún tipo de influencia sobre el poder, porque tienen capacidad de lobby. ¿Saben cuál es la capacidad de lobby del barrio 29 de Septiembre? Sus vecinos que se juntan en una cancha de fútbol al aire libre, helando, casi nevando, y le exigen a sus representantes que regularicemos su barrio".

El concejal recordó que el Club Náutico obtuvo su título por usucapión —un procedimiento judicial que reconoce la ocupación prolongada de un inmueble—, y cuestionó por qué se niegan mecanismos similares a barrios populares. "¿Cómo el Club Náutico puede regularizar con un procedimiento de usucapión y a 29 de Septiembre o a distintos barrios de nuestra ciudad les niegan la Ley Pierri, les niegan usucapión? Sí les corresponde".

Costa Brutten también mencionó que otros barrios con problemas de títulos de propiedad —como Vivero, Alhun Ruca y Matadero entre otros, y los propios loteos del IPPV (Instituto Provincial de la Vivienda)— están en situaciones comparables, pero algunos cuentan con reconocimiento formal y otros no. "La junta vecinal es una construcción puramente de nuestra estructura municipal. Se la dimos nosotros como municipio. La restringimos a algunos, se las negamos a otros, le ponemos condiciones que no pueden cumplir. Pero son ellos los que nos piden ser parte".

Ante las observaciones técnicas, Costa Brutten anunció una nueva versión del proyecto que incluirá un plazo para que los vecinos cumplan con el acta fundacional, el estatuto de la junta y la designación de autoridades provisorias —requisitos señalados por la concejal Laura Totonelli y por el dictamen de Asesoría Letrada—.

El edil confirmó que los vecinos ya realizaron una asamblea el fin de semana previo a la sesión de comisión, con presencia de funcionarios municipales, donde eligieron autoridades de hecho. "Tenemos un antecedente ahí que vamos a hacer valer sobre la voluntad de reconocer que tiene el municipio. Cuando se organizan los vecinos, cuando llevan adelante sus objetivos en unión, la verdad que es muy complejo para cualquiera oponerse o decirle que no".

Roxana Ferreyra respaldó el proyecto y destacó la necesidad de garantizar herramientas institucionales para todos los barrios de la ciudad. "Hay que buscar la manera de que puedan obtener esta herramienta que es la junta vecinal, porque así está en nuestra carta orgánica y en nuestras normas. Me parece que pasa por ahí, en garantizarles una mejor calidad de vida".

Ferreyra también recordó que el vicegobernador había prometido recursos para la expropiación de los terrenos, pero que esos fondos no aparecen en el presupuesto provincial 2026. "Eso también hay que decirlo", subrayó la concejal.

Laura Totonelli, por su parte, señaló que varios de los requisitos faltantes están al alcance de los vecinos y pueden cumplimentarse con asesoramiento municipal: la asamblea constitutiva, el empadronamiento de vecinos (que ya cuenta con un informe preliminar), la nota formal de solicitud de reconocimiento, el estatuto y la designación de autoridades provisorias. "Están en la mano de los vecinos, no necesitan abogados, se los puede asesorar para llevar adelante estas cuestiones convenientemente", afirmó Totonelli.

El proyecto, que modifica la Ordenanza 2546-CM-14 de consolidación y reconocimiento de juntas vecinales, deberá pasar ahora por el plenario del Concejo para su aprobación definitiva. Si prospera, será un hito en la historia del barrio y un mensaje claro sobre el derecho a la participación ciudadana, más allá de las condiciones de titularidad de los terrenos.