Por: Bache3000

La polémica por la audiencia pública del Plan Director del Cerro Catedral escaló este martes cuando los concejales Facundo Villalba (Primero Río Negro) y Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) cuestionaron públicamente al juez que rechazó suspender el acto convocado para mañana miércoles 21 de mayo. Ambos ediles señalaron que el magistrado Roberto Iván Sosa Lukman debería haberse excusado de intervenir en la causa porque su esposa, María Eugenia Opolski, trabajó hasta el año pasado en la Secretaría de Planeamiento Territorial, el área municipal que impulsa el proyecto cuestionado.

Según pudo confirmar Bache3000, Opolski fue designada en julio de 2024 como "colaboradora directa" en la Secretaría de Planeamiento Territorial mediante la Resolución 1243-I-2024. La funcionaria estuvo en el área —precisamente la que coordina el proceso del Plan Director del Cerro Catedral— durante los meses más álgidos del conflicto en torno al Consejo de Planificación Municipal.

Una resolución posterior, la 560-I-2024 de marzo de 2024, la designó además como miembro suplente del Tribunal de Calificación y Disciplina municipal. Según las fuentes consultadas, Opolski habría dejado su cargo en Planeamiento hacia fines de 2024, aunque no está claro si tuvo un pase a provincia como se especula en el ámbito político local.

El antecedente previo, data de 2023, cuando Opolski (que es abogada) fue hasta candidata a concejal de Juntos Somos Río Negro en la elección que llevó a Arabela Carreras para intendente. Es decir, la cercanía política, es clara.

El magistrado rechazó este lunes la medida cautelar solicitada por miembros del CPM —entre ellos ambos concejales— para suspender la audiencia pública. Sin embargo, la causa principal por nulidad de las resoluciones municipales continúa y será el mismo juez quien deba resolver sobre el fondo de la cuestión: si el proceso administrativo que llevó a la convocatoria fue legítimo o no.

Villalba reconoció que en principio entendían el rechazo de la cautelar: "Obviamente entendíamos que esto correspondía a esta doctrina restrictiva con respecto a las cautelares que tiene la Justicia de Río Negro. Nos había pasado algo parecido con el Superior Tribunal cuando fue el tema del referéndum, donde primero se rechaza la medida cautelar, pero luego sí nos dan la razón en el fallo".

Sin embargo, el concejal señaló que la situación cambió cuando se enteraron del vínculo de Opolski con Planeamiento: "Lo que sí, con respecto a esto que nos enteramos hace poco, de que había trabajado con la actual secretaria de Planeamiento, la mujer, están las resoluciones. Yo entiendo, sin querer levantar sospechas, pero entiendo que es algo que por lo menos se debería haber notificado y deberíamos haber estado al tanto".

"El juez debería por lo menos haber notificado que estaba en esta situación, hasta quizás excusarse", agregó Villalba, quien adelantó: "Analizaremos cómo sigue y qué medidas hay que tomar al respecto".

Para Villalba, la pregunta clave es si el juez "tendrá una visión equilibrada del tema", considerando que será el mismo magistrado quien deba resolver la cuestión de fondo.

En las declaraciones difundidas este martes, el edil fue lapidario con el gobierno municipal: "Claramente es un tema que no pueden explicar. Nadie del Ejecutivo quiso explicarlo, qué es lo que quieren hacer con el Catedral. Yo creo que en algún punto no saben ni ellos, porque es un negocio para cobrar en caja, clin caja, y el resto —los que vengan después— que se arreglen".

El concejal también criticó duramente el operativo de seguridad previsto para la audiencia: "Más allá de eso, no quita que lo que están generando para la audiencia pública del jueves es un ambiente sumamente hostil para la participación vecinal. No quieren que entren con pancartas, le quieren poner una pulsera a cada uno, quieren dividir en zonas el gimnasio, quieren que los concejales estén de un lado. Yo voy a estar con la gente, ya te lo aviso, como siempre".

Y apuntó directamente contra el intendente con una ironía política: "Estamos hablando de que si hay alguien que se especializó en hacer quilombo, es Walter Cortés, que toda su vida cortó ruta, tocó bombo, prendió fuego gomas, es el principal piquetero. Yo me acuerdo la cantidad de veces que no podía ir a laburar al cerro porque el tipo cortaba la ruta. Y ahora cuando alguien le dice algo que no le gusta, se hace el represor veloz".

El concejal expresó además su preocupación por la posibilidad de que se repitan episodios violentos como los ocurridos durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante: "Lo que sí espero de corazón es que no volvamos a ver ningún hecho de violencia por parte de la patota del intendente hacia ningún vecino. Les pido por favor que no vuelvan a repetir la situación de la apertura de sesiones".

Consultado sobre la estrategia judicial tras el rechazo de la cautelar, Villalba explicó: "Nosotros pedimos que revise la cuestión de fondo —los cuestionamientos al proceso— pero ante la repentina convocatoria a audiencia también pedimos una cautelar, que obviamente fue rechazada". El concejal anticipó que continuarán con el juicio principal donde se discutirá la nulidad de todo el procedimiento administrativo.

Por su parte, Costa Brutten fue aún más duro en sus declaraciones. El edil denunció que la resolución judicial forma parte de "un mecanismo para dejar indefenso al municipio frente a un posible reclamo judicial de la empresa CAPSA", y cuestionó que el juez "ni siquiera evaluó la excusación, a pesar de que su esposa ocupó durante cinco meses el área que lleva adelante el Rango 1 para transformar en urbanizables tierras que a la fecha son no urbanizables y facilitar un negociado de entrega de tierras".

Costa Brutten trazó un mapa de vínculos familiares en el Poder Judicial que, según su visión, benefician al intendente Cortés: "Debe sentirse muy bien el intendente Cortés, porque mientras el hermano —que es fiscal— cajonea la denuncia por abuso de autoridad del intendente Cortés cuando liberó un auto en un control al momento del secuestro, el otro familiar, Sosa Lukman, le habilita los procedimientos administrativos sin controlar la legalidad".

"Este mecanismo de zona liberada judicial se suma a los pseudoempresarios y al Intendente para avanzar en un negociado ruinoso para los barilochenses, que tiene por única finalidad la entrega de las tierras públicas a precio ruin para quedarse con el 92 por ciento de lo que vendan, perjudicando al municipio que solo recibiría el insólito 8 por ciento del neto", afirmó el concejal de Incluyendo Bariloche.

Costa Brutten ratificó su posición institucional: "Sin importar la medida cautelar rechazada injustamente, ratifico como concejal mi voto negativo a este saqueo y mi oposición al negociado de las tierras públicas y la transformación del Cerro Catedral en barrios cerrados para unos pocos".

La audiencia pública se realizará mañana miércoles 21 de mayo según lo previsto, pero en un clima de máxima tensión política y social. El operativo de seguridad anunciado por el Municipio —que incluye identificación con pulseras, sectorización del espacio y separación entre concejales y público— ha generado rechazo entre los sectores críticos, que lo consideran un intento de limitar la participación ciudadana.

El caso, que comenzó como un debate técnico sobre planificación urbana, se ha convertido en uno de los conflictos políticos más intensos de la gestión de Cortés, con acusaciones cruzadas de autoritarismo, irregularidades administrativas y ahora un cuestionamiento directo a la imparcialidad del Poder Judicial que involucra vínculos familiares y laborales entre funcionarios municipales y magistrados.