Por: Bache3000

La sala de audiencias del juzgado tiene esa luz de neón que aplasta todo, que vuelve grises las caras y los trajes y las banderas que cuelgan del fondo como adornos de otra época, y ahí se juntaron este miércoles para decir en voz alta y con formalidades lo que ya todos sabían: que Juan Bonnefoi y Francisco Alí González están acusados de haber matado a Elías Miguel el domingo por la noche, mientras le robaban, o después de robarle, o en esa zona imprecisa donde robar y matar se vuelven la misma cosa.

El juez Juan Pablo Laurence preside desde el estrado de madera con símbolos de la justicia tallados, flanqueado por la bandera argentina y la de Río Negro, y enfrente los fiscales Martín Lozada y Facundo D'Apice presentan la acusación, y a los costados los defensores: Marcos Miguel para Bonnefoi, Ezequiel Palavecino para González. La familia de Elías Miguel no está. Tampoco están los querellantes Martín Govetto y Tomás Soto, que llegaron pero no se ven, o están donde no se ven, en esa geografía extraña de los tribunales donde uno nunca sabe bien quién está y quién falta.

Palavecino se para y habla y lo que dice no tiene que ver con la culpa o la inocencia sino con otra cosa: con que no lo dejaron trabajar. Que fue al hospital zonal a ver a su defendido —González, que quedó internado después de lo que pasó— y que ahí lo trataron como si fuera un intruso, como si defender a un acusado fuera algo sospechoso. Que no lo dejaban quedarse a solas con él, que le pusieron trabas para acceder al legajo, que le dieron morfina a González y le sacaron fotos mientras estaba ahí tirado en la cama del hospital. "He visto publicaciones de políticos del mayor rango opinando sobre la causa", dice Palavecino, y pide que suspendan la audiencia, que le den cuarenta y ocho horas para hacer bien su trabajo, para entrevistar adecuadamente a su asistido que está en ese limbo entre enfermo y detenido.

Lozada responde con ese tono de fiscal que ya vio todo y que no se deja impresionar: que González estaba a punto de ser dado de alta, que Palavecino sí pudo entrevistarse con él, que las fotos y los videos que circularon no salieron del Ministerio Público. Y después Lozada dice algo que suena a ironía cruel o a pregunta retórica o a las dos cosas: "¿González venía de hacer las compras o de asesinar?". Y otra más: "¿Pretende que no les pidan documentación a quienes van a ver a un detenido?". Hubo cruces fuertes, de esos que dejan el aire pesado en la sala.

Bonnefoi es otro tema: él sí tiene su audiencia completa porque él sí está en condiciones, aunque lo que más llama la atención —lo que todos mencionan de reojo— es que tenía una tobillera electrónica puesta cuando pasó lo que pasó. Esa tobillera que se supone que sirve para controlar, para saber dónde está alguien que la justicia considera peligroso, y que en este caso no sirvió para nada o sirvió para demostrar que no sirve para nada.

Al final el juez Laurence decide: ratifica la prórroga de detención para ambos, ordena la intervención de médicos forenses, y suspende la audiencia de González hasta el sábado, cuando se supone que ya va a estar en condiciones de escuchar lo que lo acusan de haber hecho. Cuarenta y ocho horas para que un defensor pueda hacer su trabajo, cuarenta y ocho horas para que la justicia pueda seguir su curso, cuarenta y ocho horas que no le van a devolver la vida a Elías Miguel ni le van a explicar a nadie por qué las cosas pasan como pasan en esta ciudad que cada tanto se despierta con una noticia así y después sigue como si nada.

La audiencia termina y todos salen de la sala con esa cara de haber cumplido un trámite necesario, de haber dicho lo que había que decir, y afuera sigue el día gris de Bariloche, con su frío de otoño y sus nubes bajas y su pregunta sin respuesta sobre qué hacemos con todo esto.